El ferrocarril llegó a la ciudad a finales del siglo XIX como parte de un proyecto nacional de modernización impulsado por el porfiriato

La Estación del Ferrocarril Central Mexicano en Guanajuato tuvo su inauguración formal en la comunidad conocida actualmente como Cuevas en 1903. Esta estación era terminal, es decir, que no era paso obligatorio para otros trenes, sino como una línea secundaria que salía de la línea principal de Silao a León. Se construyó principalmente para transportar mineral, conectar a la capital con el sistema ferroviario nacional y fomentar la actividad comercial y turística.

En la zona centro también se encontraban líneas que atravesaban rutas importantes como la calle Juárez, San Roque y la zona de la Alhóndiga, pero debido a su topografía montañosa, dichas vías fueron muy difíciles de construir. Lo principal que se trasportaba los trenes era mineral y productos agrícolas, pero también había exclusivos para pasajeros.

Cuando el auge del ferrocarril pasó debido a los automóviles y la actividad minero disminuyó, las vías dejaron de tener sentido como medio de transporte principal.

Entre las décadas de 1940 y 1950 la infraestructura ferroviaria se fue desmantelando gradualmente; las vías fueron levantadas y la estación de Cuevas abandonada, pues la capital en sí no era un punto estratégico para el transporte ferroviario comercial.

Como vestigio de esta época en el centro histórico, aún permanece una antigua estación del ferrocarril: se encuentran alejada de las rutas principales, a un costado de la calle de Tepetapa.

La estación de Cuevas es un sitio que actualmente es muy poco conocido no solo por turistas, sino también por los residentes, pues se encuentra alejada de las rutas principales de la localidad. No obstante, hay quedan cimientos de esta edificación histórica que se asocian al viejo mundo ferroviario en Guanajuato.

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¿A ti te tocó ver esta época? ¿Te hubiera gustado ver a Guanajuato aún con sus líneas para que el ferrocarril pudiera pasar?

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Guanajuato, Gto. – En medio del aumento sostenido de la violencia en México, autoridades y expertos han alertado sobre la posible participación de exmilitares colombianos en la capacitación de integrantes de cárteles mexicanos. Un fenómeno que podría estar sofisticando las tácticas del crimen organizado en varias regiones del país.

Diversos informes de seguridad y medios especializados, como el Instituto para la Economía y la Paz y análisis periodísticos de Reforma y El Universal, señalan que grupos criminales han buscado reforzar sus capacidades mediante la contratación de personas con experiencia militar en otros países, entre ellos Colombia. Un país conocido por su historia de conflictos armados y grupos paramilitares.

Se han reportado casos en estados con alta incidencia delictiva, como Michoacán, Jalisco, Sinaloa y Guanajuato, donde se sospecha que estas personas pueden estar brindando entrenamiento en tácticas avanzadas, uso de explosivos y tecnología para vigilancia y combate.

El ataque con mina antipersona registrado en Michoacán en 2022 causó la muerte de ocho soldados, y con ello ha incrementado la preocupación de las autoridades sobre la sofisticación de los métodos empleados por grupos delictivos, aunque no existen confirmaciones oficiales sobre la participación directa de extranjeros en este incidente.

En Guanajuato, donde la violencia ha escalado significativamente, se han registrado enfrentamientos con grupos armados con supuesta preparación militar. Sin embargo, las autoridades mantienen reserva sobre la identidad y nacionalidad de los presuntos involucrados y hasta ahora no se han divulgado detalles oficiales que confirmen la presencia masiva de exmilitares extranjeros.

El gobierno colombiano, a través de la Presidencia y del Ministerio de Defensa, ha expresado su rechazo a la participación de exmilitares en actividades ilícitas fuera del país. El presidente Gustavo Petro ha promovido la cooperación bilateral con México para combatir la criminalidad transnacional y frenar posibles reclutamientos que alimenten la violencia en la región.

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Por su parte, las autoridades mexicanas han incrementado la colaboración con Colombia para fortalecer los mecanismos de inteligencia y seguridad, buscando desarticular las redes que facilitan la movilidad y el entrenamiento de grupos armados, aunque reconocen que se trata de un fenómeno complejo que involucra múltiples actores y factores.

Ciudadanos acusan a la dependencia de incumplir su propio reglamento y aplicar cobros indebidos

Guanajuato, Gto. – Los ciudadanos de la capital han comenzado a alzar la voz ante presuntas anomalías en el actuar del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (SIMAPAG), señalando prácticas abusivas y contrarias al reglamento que la propia dependencia establece.

De acuerdo con un reporte ciudadano dirigido al sistema de noticias de TVGuanajuato, SIMAPAG estaría realizando cortes de agua por adeudos antes del plazo permitido por su propio Reglamento del Servicio, como bien lo señala el artículo 106. Este indica que el servicio solo puede ser suspendido tras tres meses consecutivos de falta de pago. Sin embargo, la persona denunciante afirma que el corte fue ejecutado al segundo mes de adeudo.

Además, el mismo artículo 106 estipula que, en el caso de uso doméstico, no debe suspenderse completamente el servicio, sino únicamente reducir el suministro para permitir el acceso a agua para necesidades básicas del hogar. Pese a esto, SIMAPAG habría procedido con suspensiones totales del servicio, dejando a las familias sin acceso al vital líquido y exigiendo un pago adicional por reconexión.

La persona relata que, tras acudir a pagar en junio y realizar un convenio de pago, quedó un saldo pendiente de solo 15 pesos correspondiente al mes de abril. Sin embargo, dicho saldo fue suficiente para que SIMAPAG lo contabilizara como un mes completo sin pagar, lo cual generó un supuesto adeudo de tres meses y permitió la suspensión del servicio.

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“El trato en atención al público es deficiente. Las trabajadoras no conocen el reglamento, no dan soluciones y solo repiten que ‘no pueden hacer nada’” expone la persona afectada. Asegura también haber recibido un trato grosero por parte del encargado de campo, quien afirmó que podía ordenar el corte del suministro “cuando quisiera”, ignorando completamente lo establecido en el reglamento interno de la dependencia.

Finalmente, cuando la usuaria advirtió que quitaría el sello de clausura, entonces sí se le notificó que incurriría en una falta sancionable, lo cual evidencia, según su testimonio, un doble discurso por parte de los servidores públicos que aplican la normativa solo cuando conviene a la institución.

Este caso ha encendido las alertas entre la ciudadanía, pues esta exige una revisión de las prácticas administrativas de SIMAPAG, también una mayor capacitación al personal de atención y el cumplimiento estricto del reglamento que protege los derechos de los usuarios.

En términos más sencillos, el artículo 106 indica que si SIMAPAG necesita utilizar medidas coercitivas para cobrar el agua, primero debe cumplir con los requisitos legales establecidos en la ley estatal. Esto significa que antes de suspender el servicio o tomar otras medidas, SIMAPAG debe notificar al usuario sobre su adeudo y darle un plazo razonable para pagarlo