Las estatuas de los mineros ubicadas al inicio de la ciudad de Guanajuato capital rinden homenaje al trabajo que dio origen y grandeza a esta histórica ciudad. Desde el siglo XVI, el descubrimiento de vetas de plata convirtió a Guanajuato en uno de los centros mineros más importantes de la Nueva España y del mundo. La vida de la ciudad se forjó bajo tierra, en las minas, donde miles de hombres dedicaron su fuerza y su vida a extraer los minerales que impulsaron la economía, la arquitectura y el desarrollo social de la región.

Las esculturas representan dos momentos clave del trabajo minero: el esfuerzo físico y la precisión del oficio. Una figura aparece de pie, levantando el marro, símbolo del golpe constante contra la roca, mientras la otra se muestra agachada, concentrada en la labor, reflejando la paciencia y el desgaste diario del minero. Estas posturas no son casuales; buscan transmitir la dureza, la disciplina y el sacrificio que implicaba trabajar en condiciones extremas, muchas veces sin garantías de seguridad, pero con la esperanza de sostener a sus familias y a la ciudad entera.

Colocadas estratégicamente en uno de los accesos principales a Guanajuato capital, estas estatuas funcionan como un recordatorio permanente del origen minero de la ciudad. Son una bienvenida simbólica que invita a reflexionar sobre el pasado y a reconocer a quienes, desde el subsuelo, construyeron el legado que hoy distingue a Guanajuato como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Más que monumentos, son emblemas de identidad, memoria y respeto hacia las generaciones de mineros que dieron forma a la historia de la capital.

Pese a los señalamientos oficiales, la realidad es que sí hubo empresas transportistas que cumplieron con los requisitos establecidos por el propio Municipio. De acuerdo con información confirmada, tres concesionarios acreditaron el proceso, entre ellos la empresa TEB, propiedad de Toño Mata, de la cual existe plena certeza de su participación. Lo que hasta hoy no ha sido aclarado por la autoridad municipal es cuántas concesiones se pretendían asignar ni quiénes fueron las otras dos empresas que también cumplieron.

Mientras el discurso oficial insiste en deslindarse de responsabilidades, el Municipio ha sido incapaz de transparentar el proceso, dejando más dudas que certezas. No se explicó por qué, si hubo empresas que sí cumplieron, no se avanzó en la asignación, ni por qué se mantuvo un trato distante con los concesionarios que durante más de un año buscaron diálogo sin ser escuchados. Ese cerco institucional fue lo que los obligó a acudir a los tribunales como último recurso, no por capricho, sino por falta de respuesta.

Hoy, el gobierno encabezado por Samantha Smith pretende cargar la culpa a los transportistas, cuando los hechos apuntan a una mala gestión, falta de comunicación y opacidad municipal. Defender a quienes sí cumplieron no es un favor, es una obligación. Si hubo empresas responsables y procesos completos, el Municipio debe rendir cuentas, explicar qué pasó con las concesiones y dejar de criminalizar a quienes únicamente exigieron certeza jurídica y reglas claras.

El gobierno municipal ha intentado instalar, a través de sus propios medios, la narrativa de que los concesionarios son los responsables del deterioro del transporte público en Guanajuato capital. Sin embargo, esa versión ignora deliberadamente una realidad incómoda: el verdadero control —y el verdadero estancamiento— no está en manos de quienes operan las unidades, sino del propio Ayuntamiento. El discurso oficial busca un culpable fácil, mientras evade su responsabilidad directa en la crisis que viven a diario miles de usuarios.

Para el proceso de concesiones 2025-2026 se establecieron requisitos que, en el papel, parecían razonables: solvencia económica, renovación vehicular y modernización del servicio. Muchos concesionarios presentaron cartas de intención y apostaron por cumplir. Pero el municipio aplicó la ley de manera selectiva: a unos les exigió todo; a otros, nada. Mientras concesionarios formales eran frenados o empujados a procesos legales, unidades “pirata”, prestanombres y rutas irregulares siguieron operando con total impunidad, protegidas por la omisión gubernamental.
La contra narrativa es clara: los concesionarios no secuestraron el transporte, el municipio lo hizo. Regidores y actores ligados al gobierno local tienen intereses directos en el sistema de transporte, y aun así nunca fueron sometidos a los mismos filtros ni exigencias. ¿Por qué a ellos no se les aplicaron los requisitos que sí se usaron para excluir a otros? ¿Por qué algunas unidades circulan sin cumplir normas básicas mientras otras fueron bloqueadas? La respuesta no está en la capacidad de los concesionarios, sino en el uso político del control administrativo.
Hoy, el mensaje implícito es peligroso: quien paga piso o tiene respaldo político trabaja sin problemas; quien intenta competir o mejorar sin alinearse, es marginado. El municipio prefiere culpar a los concesionarios antes que reconocer que administra el caos que él mismo creó. Y mientras el gobierno siga siendo juez, operador y beneficiario, el transporte público seguirá deteriorándose, no por falta de inversión privada, sino por un poder público que decidió controlar el sistema en lugar de mejorarlo.