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El municipio señala a concesionarios, pero el transporte en Guanajuato está secuestrado desde el gobierno

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El gobierno municipal ha intentado instalar, a través de sus propios medios, la narrativa de que los concesionarios son los responsables del deterioro del transporte público en Guanajuato capital. Sin embargo, esa versión ignora deliberadamente una realidad incómoda: el verdadero control —y el verdadero estancamiento— no está en manos de quienes operan las unidades, sino del propio Ayuntamiento. El discurso oficial busca un culpable fácil, mientras evade su responsabilidad directa en la crisis que viven a diario miles de usuarios.


Para el proceso de concesiones 2025-2026 se establecieron requisitos que, en el papel, parecían razonables: solvencia económica, renovación vehicular y modernización del servicio. Muchos concesionarios presentaron cartas de intención y apostaron por cumplir. Pero el municipio aplicó la ley de manera selectiva: a unos les exigió todo; a otros, nada. Mientras concesionarios formales eran frenados o empujados a procesos legales, unidades “pirata”, prestanombres y rutas irregulares siguieron operando con total impunidad, protegidas por la omisión gubernamental.
La contra narrativa es clara: los concesionarios no secuestraron el transporte, el municipio lo hizo. Regidores y actores ligados al gobierno local tienen intereses directos en el sistema de transporte, y aun así nunca fueron sometidos a los mismos filtros ni exigencias. ¿Por qué a ellos no se les aplicaron los requisitos que sí se usaron para excluir a otros? ¿Por qué algunas unidades circulan sin cumplir normas básicas mientras otras fueron bloqueadas? La respuesta no está en la capacidad de los concesionarios, sino en el uso político del control administrativo.
Hoy, el mensaje implícito es peligroso: quien paga piso o tiene respaldo político trabaja sin problemas; quien intenta competir o mejorar sin alinearse, es marginado. El municipio prefiere culpar a los concesionarios antes que reconocer que administra el caos que él mismo creó. Y mientras el gobierno siga siendo juez, operador y beneficiario, el transporte público seguirá deteriorándose, no por falta de inversión privada, sino por un poder público que decidió controlar el sistema en lugar de mejorarlo.

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Ciudad

Jueza “deja salir” de prisión a presunto líder huachicolero; podrá permanecer en casa y salir hasta 6 horas al día dn Monterrey.

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La decisión de una jueza federal ha generado polémica a nivel nacional. José Antonio Cortés Huerta, alias “Titán”, identificado por autoridades federales como presunto líder de una red dedicada al robo y tráfico de combustible, obtuvo un cambio en sus medidas cautelares que le permitirá abandonar la prisión y permanecer bajo resguardo domiciliario.

De acuerdo con la resolución judicial, el imputado podrá permanecer en una vivienda de Monterrey mientras continúa su proceso legal. Además, fuentes citadas en el caso señalaron que tendría autorización para salir hasta seis horas al día y realizar desplazamientos adicionales en caso de emergencias médicas.

El beneficio fue concedido después de que una jueza federal otorgara una suspensión provisional y ordenara revisar la prisión preventiva que pesaba sobre el presunto huachicolero. Entre las restricciones impuestas se encuentra la prohibición de abandonar el país mientras se define su situación jurídica.

La captura de “Titán” fue anunciada por el Gobierno federal como parte de una investigación relacionada con uno de los mayores aseguramientos de combustible presuntamente ingresado de forma ilegal a México. La decisión judicial ha reavivado el debate sobre las medidas cautelares otorgadas a personas señaladas por delitos de alto impacto y el alcance de las resoluciones emitidas por jueces federales.

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Ciudad

¿Centro Comunitario conectado “de milagro”? Denuncian presunto robo de energía eléctrica en Villas Guanajuato.

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Vecinos de Villas Guanajuato lanzaron una denuncia que podría encender la polémica en la capital. De acuerdo con el reporte ciudadano, el Centro Comunitario de la zona presuntamente estaría obteniendo energía eléctrica de manera irregular, luego de que se observaran trabajos para conectar cables desde las instalaciones hasta un registro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Según la denuncia, hace apenas unos días el inmueble permanecía sin servicio eléctrico; sin embargo, ahora cuenta nuevamente con luz pese a que, aseguran los reportantes, no tendría medidor instalado. Los ciudadanos señalan que incluso se habría realizado una “ranita” o conexión improvisada hacia un registro de la CFE, lo que ha despertado sospechas entre habitantes de la zona.

Ante estas acusaciones, los vecinos hicieron un llamado tanto a la CFE como a las autoridades correspondientes para que realicen una inspección y aclaren si la conexión es legal o si existe alguna irregularidad. Hasta el momento no hay una postura oficial sobre el caso, pero la denuncia ya genera cuestionamientos sobre quién autorizó la conexión y bajo qué condiciones opera actualmente el centro comunitario.

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Estados

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La casa de Texas, los millones y Seguritech! nueva investigación vuelve a poner en la mira a Diego Sinhue y Daniel Esquenaz

Una nueva investigación periodística realizada por POPLab y CONNECTAS volvió a encender la polémica en Guanajuato al revelar documentos que apuntan a que Daniel Esquenazi Beraha, empresario vinculado a la casa que habitó el exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en Texas, habría recibido más de 680 millones de pesos en comisiones y pagos relacionados con empresas del grupo Seguritech entre 2021 y 2025.

El hallazgo cobra relevancia porque meses atrás la Secretaría de la Honestidad determinó archivar una investigación al señalar que no encontró pruebas que acreditaran una relación formal entre Esquenazi y Seguritech. Sin embargo, la nueva investigación asegura haber localizado documentos fiscales y registros financieros que muestran pagos, recibos de nómina y transferencias que vincularían al empresario con compañías del conglomerado dedicado a la tecnología de seguridad.

Seguritech no es cualquier empresa. Desde 2012 se ha convertido en uno de los mayores proveedores de tecnología de vigilancia para gobiernos estatales y municipales en México. Tan solo en Guanajuato, los contratos acumulados relacionados con sistemas de videovigilancia, arcos carreteros y plataformas de seguridad superan los miles de millones de pesos, convirtiendo al estado en uno de sus principales clientes durante las administraciones de Miguel Márquez Márquez, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el actual gobierno encabezado por Libia Dennise García Muñoz Ledo.

La investigación también cuestiona el destino de cientos de millones de pesos pagados en conceptos como “comisión por éxito”, “gestión”, “consultoría” e “intermediación”, montos que especialistas consideran inusualmente elevados para este tipo de operaciones. De acuerdo con el reportaje, parte de esos recursos fueron transferidos entre diversas empresas relacionadas, dificultando el rastreo de los beneficiarios finales.

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El caso vuelve a poner bajo los reflectores la residencia de lujo ubicada en The Woodlands, Texas, donde vivió Diego Sinhue tras concluir su mandato. Dicha propiedad pertenece a una empresa administrada por Daniel Esquenazi, situación que generó cuestionamientos públicos sobre posibles conflictos de interés debido a los contratos millonarios otorgados a Seguritech durante el sexenio anterior.

Mientras tanto, el Gobierno de Guanajuato sostiene que los procesos de contratación fueron revisados por las autoridades competentes y que no existen determinaciones oficiales que acrediten irregularidades. Sin embargo, la publicación de estos nuevos documentos reabre el debate sobre la transparencia, el manejo de recursos públicos y la efectividad de una estrategia de seguridad que, pese a inversiones multimillonarias, ha sido objeto de cuestionamientos por sus resultados en el combate a la violencia.

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Seguridad

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