El gobierno de Estados Unidos ha incrementado la presión diplomática sobre México para que autorice una mayor participación de fuerzas estadounidenses en el combate a los cárteles del narcotráfico, particularmente contra la producción y tráfico de fentanilo. Fuentes cercanas a las negociaciones bilaterales señalan que la propuesta contempla operaciones conjuntas y apoyo directo en territorio mexicano, bajo el argumento de contener el flujo de drogas sintéticas hacia el norte.
El planteamiento ha encendido alertas por sus implicaciones en materia de soberanía y seguridad nacional. Autoridades mexicanas han reiterado que no se permitirá la presencia de fuerzas armadas extranjeras operando en el país, insistiendo en que cualquier cooperación debe respetar el control territorial del Estado mexicano, mientras la tensión entre ambos gobiernos crece ante la exigencia de resultados inmediatos

Importadores en Estados Unidos se preparan para una posible disputa legal de hasta 150 mil millones de dólares si la Corte Suprema determina que los aranceles impuestos por Donald Trump fueron ilegales. El fallo podría abrir la puerta a reembolsos masivos por tarifas cobradas bajo una ley de emergencia económica, aunque expertos advierten que el proceso sería largo, complejo y no automático.

Empresas grandes y pequeñas ya han comenzado a blindarse legalmente, algunas incluso vendiendo sus derechos de reembolso para obtener liquidez inmediata, mientras el gobierno podría retrasar o frenar los pagos. El caso amenaza con convertirse en uno de los conflictos comerciales y fiscales más costosos en la historia reciente de Estados Unidos.

El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sostuvo este lunes 5 de enero de 2026 una reunión de emergencia luego del ataque aéreo de Estados Unidos en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, por fuerzas especiales estadounidenses.

La operación, realizada el pasado sábado, provocó apagones en varias zonas de Caracas y daños a instalaciones militares, mientras que Maduro fue trasladado a Nueva York, donde espera comparecer ante un tribunal por cargos relacionados con narcotráfico.

Durante la sesión, la secretaria general adjunta de Asuntos Políticos, Rosemary A. DiCarlo, dio lectura a un mensaje del secretario general de la ONU, António Guterres, quien expresó su profunda preocupación por el impacto de la acción militar y el futuro inmediato del país sudamericano.

Señaló que el número de víctimas aún es incierto y advirtió sobre una posible intensificación de la inestabilidad interna, así como consecuencias para la región y un precedente peligroso en las relaciones entre Estados. Guterres recordó que la crisis venezolana se ha agravado desde las elecciones presidenciales de julio de 2024, marcadas por señalamientos de falta de transparencia y graves violaciones a los derechos humanos.

El secretario general también cuestionó la legalidad de la operación estadounidense, subrayando que el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas deben ser respetados sin excepción. Ante un país golpeado por décadas de crisis política, social y económica, que ha obligado a millones de venezolanos a abandonar su territorio, Guterres hizo un llamado a un diálogo inclusivo y democrático entre los actores venezolanos, así como a la solidaridad de la comunidad internacional para evitar una escalada mayor del conflicto y abrir una ruta pacífica para el futuro de Venezuela.

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