Guanajuato, Gto. – Convocada por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, se llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar la iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda estatal, presentada por la gobernadora de Guanajuato con el propósito de fortalecer la confianza ciudadana en la gestión pública.

La propuesta establece que los recursos derivados de la recaudación del impuesto sobre nóminas se distribuyan de la siguiente manera:

• 0.2% para proyectos de inversión con fines de desarrollo social y humano.
• 0.1% para proyectos de inversión en fortalecimiento de la seguridad pública.

Vicente Vázquez Bustos, de la Consejería Jurídica, explicó que la iniciativa es viable, pues no crea ni incrementa impuestos y mantiene el espíritu original de corresponsabilidad social. Subrayó que los recursos se destinarán a la prevención de la violencia y al fortalecimiento comunitario.

El sector empresarial, representado por los consejos coordinadores de León, Salamanca y Celaya, respaldó la reforma al considerarla un modelo innovador y solidario que canaliza el 0.3% de la tasa del impuesto a beneficio directo de la sociedad.

Asimismo, Ana Belén Mercado Calderón, presidenta de la Coordinadora Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC), informó que más de 100 asociaciones revisaron la propuesta. Señalaron la necesidad de precisar la redacción de los artículos, garantizar transparencia y asegurar que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan.

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Guanajuato, Gto. – La Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables autorizó la difusión del dictamen que integra dos iniciativas de reforma a la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato. Dicho dictamen tiene como propósito reconocer y garantizar el derecho de las personas con discapacidad permanente a recibir un apoyo económico.

Durante la sesión se señaló que el dictamen fue aprobado en sentido positivo y que su difusión, a través del micrositio de consulta, permitirá que las personas con discapacidad conozcan el resultado del proceso legislativo, así como las consideraciones hechas a sus comentarios y propuestas.

El Observatorio Ciudadano de Guanajuato ha emprendido una denuncia pública contra el municipio al señalar que, a casi un año del compromiso de construir un nuevo sitio de disposición final para los residuos, no se ha cumplido con la normativa ni con los plazos prometidos. Para esta agrupación, esto evidencia que el primer informe de gobierno de Samantha Smith, que se presenta hoy, no corresponderá con los resultados reales que la administración ha anunciado, particularmente en materia ambiental y de gestión de residuos.

Según los críticos, el municipio asumió un plazo de 12 meses para dejar de utilizar el tiradero actual y establecer un sitio adecuado conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM‑083‑SEMARNAT‑2003, que regula el diseño, operación y clausura de sitios de disposición final de residuos. Sin embargo, hasta ahora no hay obras sustanciales ni avances verificables que indiquen que se ha iniciado el cumplimiento de ese compromiso, lo que pone en duda la veracidad de los logros que se plasmarán en el informe.

El Observatorio advierte que en el informe oficial podría incluirse una exposición de metas cumplidas en infraestructura, medio ambiente o urbanismo, pero esas cifras estarían infladas o desconectadas de la realidad del basurero municipal. A su juicio, presentar esos datos como “éxitos” sin que existan acciones concretas —como clausura parcial del viejo tiradero, construcción de nuevas celdas o control de lixiviados— convierte al informe en un ejercicio propagandístico más que en una rendición de cuentas legítima.

Mientras tanto, el basurero municipal sigue siendo objeto de denuncias vecinales por malos olores, riesgos sanitarios y acumulación de residuos en condiciones al aire libre, lo cual refuerza la crítica de que el gobierno no ha atendido el problema de fondo. En ese contexto, la presentación hoy del informe marca un momento decisivo: ¿será un documento respaldado por hechos o simplemente una maqueta mediática para cubrir promesas incumplidas?

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