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Protestan integrantes del Instituto Federal de la Defensoría Pública en Guanajuato por recortes presupuestales.

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Este miércoles, miembros del Instituto Federal de la Defensoría Pública se manifestaron en contra de los recortes presupuestales que dijeron, afectan directamente tanto a sus derechos laborales como a la calidad del servicio que brindan.

Asesores, defensores, jefes de departamento y personal administrativo se unieron en un pronunciamiento realizado en el patio de la institución sede, en el que denunciaron que los recientes ajustes en el presupuesto del Poder Judicial Federal han comprometido seriamente las condiciones laborales dentro de la institución.

Mariana Patiño, Oficial Administrativa Federal, expresó su frustración por lo que consideró una violación directa a los derechos laborales de los empleados, al señalar que el Consejo de la Judicatura Federal ha implementado recortes en las remuneraciones de hasta más de 100 trabajadores sin consideración alguna.

Por su parte, José Luis Fuentes Valdivia, representante de defensores públicos federales, apuntó que la falta de atención a las necesidades del personal dentro del Instituto está afectando gravemente la equidad y la justicia que debería garantizarse a los ciudadanos.

Finalmente, José Luis Rangel Jantes, quien es el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en la entidad, lanzó un ultimátum, y apunto a que esto apenas comienza, pues no se permitirá la desaparición del Poder Judicial de la Federación en el estado de Guanajuato.

El malestar dentro del Instituto de la Defensoría Pública pone en evidencia la tensión entre las políticas de austeridad y la necesidad de un sistema de justicia que funcione de manera eficiente y equitativa.

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Finalmente, argumentaron que la falta de recursos y la precariedad en las condiciones laborales afectan directamente la calidad del servicio que ofrecen a quienes más lo necesitan: los ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

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Cuestiona Movimiento Ciudadano inversión millonaria en semáforos en detrimento de servicios esenciales

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Guanajuato, Gto–La diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco y el diputado Rodrigo González Zaragoza, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, exhortaron al Ayuntamiento de Guanajuato Capital a reconsiderar la manera en que ejecuta su política de obra pública, tras la reciente aprobación de una inversión de 58 millones de pesos destinada a la colocación de semáforos en la capital.

El exhorto se basa en la preocupación de que esta inversión compromete el equilibrio operativo y presupuestal de otras dependencias municipales que prestan servicios prioritarios para la ciudadanía. De acuerdo con la bancada naranja, el gasto fue aprobado mediante una ampliación líquida de recursos municipales solicitada por la Tesorería, y validada por la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, así como por la Comisión de Obra Pública del Ayuntamiento capitalino.

El proyecto, identificado como acción 2025/043, contempla la atención a puntos conflictivos viales en el municipio, aunque, sin especificar de manera detallada los alcances técnicos de la intervención. La regidora de Movimiento Ciudadano, Liliana Preciado Zárate, votó en contra durante al advertir que los recursos provienen de recortes a rubros altamente sensibles como seguridad pública, alumbrado y servicios básicos.

Uno de los recortes más significativos se registró en la Comisaría de la Policía Preventiva, con una disminución de casi 10 millones de pesos, situación que resulta preocupante en un contexto donde, según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), el 71.2% de la población en Guanajuato capital percibe inseguridad en su entorno.

El legislador González Zaragoza sostuvo que esta decisión administrativa no sólo afecta la capacidad operativa del municipio, sino que también profundiza desigualdades territoriales y pone en riesgo la garantía de derechos fundamentales como el acceso al agua, la educación y la movilidad segura.

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En su propuesta, solicitan al Ayuntamiento evaluar mecanismos alternativos para realizar proyectos de infraestructura, sin comprometer otras áreas esenciales del gobierno local. Citando al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), adviertieron que los recortes al gasto público en sectores clave afectan la competitividad de las ciudades y deterioran la calidad de vida.

El exhorto fue presentado con la petición expresa de que el Ayuntamiento reconsidere su decisión y reoriente el presupuesto municipal bajo un esquema más equilibrado, justo y estratégico para el bienestar colectivo.

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MORENA exige auditoría al IACIP por presunto derroche y opacidad institucional

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Guanajuato, Gto., 19 de junio de 2025 — En el Congreso del Estado de Guanajuato. El Grupo Parlamentario de MORENA exigió a la Auditoría Superior del Estado (ASEG) investigar al Instituto de Acceso a la Información Pública (IACIP), pues acusan e dicho instituto de operar con opacidad, desvío de funciones y un uso excesivo e injustificado del presupuesto público.

La iniciativa fue promovida por la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, quien busca abrir las puertas a una auditoría financiera y de desempeño integral sobre los ejercicios fiscales de 2023, 2024 y lo que va de 2025. La legisladora denunció que el IACIP abandono su función constitucional de garantizar el acceso a la información, convirtiéndose en un ente que obstaculiza y distorsiona el derecho de los ciudadanos a saber.

Uno de los principales señalamientos se centra en el tipo de respuestas que el Instituto ha brindado a solicitudes de información: documentos incompletos, enlaces rotos, tecnicismos sin sentido, información vencida o simple negativa de entrega.

El grupo parlamentario también señala un patrón de uso político del Instituto para colocar perfiles afines al PAN, mencionando casos como el de Juan Sámano Gómez y el proceso que favoreció a Francisco Rocha Pedraza. También se establece una relación directa entre la presidenta del IACIP, Mariela Huerta Guerrero, y figuras de alto perfil en el Tribunal de Justicia Administrativa, como Juana de la Cruz y la magistrada Raquel Barajas.

El costo de operación del IACIP es otro foco de crítica. Desde 2020 hasta la fecha, ha recibido más de 329 millones de pesos en presupuesto estatal. MORENA reprocha que se minimice este gasto bajo el argumento de representar apenas el 0.05% del presupuesto general, calificando esta postura como parte de una visión panista que tradicionalmente ha desestimado la austeridad y la rendición de cuentas.

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El escándalo creció cuando se reveló que, en abril de 2024, el Pleno del IACIP aprobó una retabulación salarial para los tres comisionados, con efectos retroactivos a enero del mismo año. Esta modificación fue realizada sin dictamen técnico, sin análisis jurídico y sin el aval del Comité de Estructuración Salarial. Se trató de un incremento del 15.38% para cada uno, elevando sus sueldos mensuales de 119 mil 720 pesos a más de 138 mil pesos.

Frente a este cúmulo de anomalías, MORENA exhorto al Congreso local para que se realice una auditoría completa al IACIP, enfocándose en el uso de recursos, la legalidad de sus procedimientos administrativos, los aumentos salariales irregulares y el cumplimiento normativo de sus resoluciones.

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Morena denuncia ante Fiscalía aumento salarial irregular de comisionados del IACIP en Guanajuato

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Guanajuato, Gto.- El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, a través de la diputada Hades Aguilar Castillo y el diputado David Martínez Méndizabal, presentó denuncias en contra de tres comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IACIP) de Guanajuato, señalándolos por presuntos actos de corrupción relacionados con un aumento salarial considerado arbitrario y fuera del marco de la ley.

De acuerdo con la legisladora, las investigaciones realizadas por su bancada confirmaron que los comisionados del IACIP incrementaron sus percepciones de forma unilateral, sin contar con el aval del comité empresarial interno, como lo establece el marco normativo. El ajuste salarial habría sido de casi 18 mil 500 pesos por persona, lo que implicó un cambio de sueldo anual de 119 mil 720 pesos a 138 mil 139 pesos.

Por su parte, el diputado David Martínez Mendizabal, sostuvo que la acción constituye un abuso de funciones y una violación a las leyes de responsabilidad sobre el manejo de recursos públicos. Por ello, es que interpusieron una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado, así como una denuncia administrativa ante la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Ambas acciones buscan que se investigue a fondo lo que consideran un acto grave de desvío de recursos que afecta directamente al erario.

Además, Morena anunció que solicitará una revisión integral de la cuenta pública del IACIP en la próxima sesión del Congreso, con el objetivo de detectar otras posibles irregularidades en el manejo del presupuesto por parte de los comisionados.

Asimismo, se cuestionó la utilidad del organismo garante de la transparencia en la entidad, al señalar que no han logrado obtener información básica solicitada al IACIP, a pesar de contar con atribuciones parlamentarias. Incluso han tenido que recurrir al amparo en dos ocasiones para acceder a datos necesarios para investigaciones legislativas.

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Para Morena, el IACIP representa una carga económica para el estado sin cumplir con sus funciones esenciales, por lo que reiteraron su respaldo a su desaparición como parte de la reforma constitucional que impulsa esta transformación institucional.

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