La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que su gobierno insistirá en reducir los privilegios y el gasto de los partidos políticos, luego de que su reforma electoral no lograra la mayoría necesaria en la Cámara de Diputados.

Ante ese escenario, el oficialismo impulsa ahora un “Plan B” legislativo con modificaciones a leyes secundarias que buscan disminuir los costos de la política y reorientar recursos públicos hacia obras y servicios en estados y municipios.

La mandataria sostuvo que el objetivo es terminar con excesos en la estructura política, particularmente en congresos estatales y ayuntamientos, donde —según señaló— existen sueldos, bonos y apoyos que elevan considerablemente el gasto público.

En este contexto, legisladores de Morena en Guanajuato se alinearon con la postura presidencial y respaldaron la iniciativa, defendiendo que la reducción de privilegios permitiría destinar más recursos a necesidades sociales y obras locales.

Sin embargo, la propuesta también ha generado críticas de la oposición, que advierte posibles conflictos con la autonomía de los estados y cuestiona si el recorte a los congresos locales realmente resolverá problemas de fondo como la inseguridad o la falta de servicios.

Mientras tanto, el debate continúa en el Congreso, donde Morena y sus aliados buscan construir acuerdos para sacar adelante el nuevo paquete de cambios electorales

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La guerra en Medio Oriente comienza a tener repercusiones en la economía local, especialmente en la industria proveedora del sector automotriz y manufacturero. Empresarios advierten sobre posibles retrasos en la llegada de insumos, aumento de costos y riesgo de escasez, derivados del aumento en los precios del petróleo y de la inestabilidad en rutas marítimas estratégicas.

Entre los materiales más afectados se encuentran aluminio, acero, plásticos, petroquímicos y componentes electrónicos, esenciales para la fabricación de autopartes y otros productos industriales. Además, las complicaciones logísticas han generado incrementos en los costos de fletes, retrasos de hasta varias semanas y mayor presión sobre los inventarios de las empresas. Algunos sectores han reportado aumentos de hasta 25% en los costos de transporte marítimo.

Analistas señalan que, aunque por ahora el efecto más visible es la incertidumbre y la presión sobre los costos, si el conflicto se prolonga podría derivar en escasez de insumos clave, afectando la producción, los tiempos de entrega y la competitividad de la industria guanajuatense en el mercado internacional.

El Senado de la República aprobó una reforma constitucional que pone fin a las llamadas “pensiones doradas” de exfuncionarios públicos, estableciendo que ninguna jubilación financiada con recursos públicos podrá superar los 70 mil pesos mensuales.

La iniciativa, impulsada por el gobierno federal, fue avalada por unanimidad con más de 100 votos a favor, y modifica el artículo 127 de la Constitución para fijar un límite equivalente al 50% del salario de la persona titular de la Presidencia de la República.

Con esta medida se busca terminar con los privilegios de algunos exdirectivos y funcionarios de organismos públicos que actualmente reciben pensiones que van desde más de 100 mil hasta cerca de un millón de pesos mensuales, muy por encima de la pensión promedio en el país.

De acuerdo con estimaciones del Senado, la reforma podría generar ahorros cercanos a los 5 mil millones de pesos al año, recursos que el gobierno pretende destinar a programas sociales y apoyo a sectores vulnerables.

El dictamen también establece algunas excepciones, como las pensiones de integrantes de las Fuerzas Armadas, sistemas de ahorro sindical y otras prestaciones específicas, que no estarán sujetas al nuevo tope.

Tras su aprobación en el Senado, la reforma fue enviada a la Cámara de Diputados, donde deberá continuar el proceso legislativo antes de su eventual entrada en vigor.

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