Guanajuato, Gto. – En el Congreso del Estado de Guanajuato se presentó una iniciativa para prohibir la corrección de la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), conocidas como “terapias de conversión”.

La propuesta busca establecer severas penas de prisión, que podrían alcanzar hasta los seis años y multas significativas, superando los $200,000 pesos para quienes realicen, impartan, obliguen o financien estas prácticas.

La iniciativa, impulsada por la diputada Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, busca armonizar el Código Penal y la Ley de Salud del Estado de Guanajuato con la legislación federal, reconociendo que la dignidad humana es un derecho fundamental que otorga a cada individuo la libertad y autonomía para elegir su proyecto de vida.

La diputada Reyes Carmona enfatizó que la comunidad LGBTI+ es uno de los grupos sociales más vulnerables a la discriminación, que se manifiesta en malos tratos, exclusión, agresiones físicas y sexuales, y violaciones, atentando contra la dignidad y los derechos humanos.

A pesar de que la Organización Mundial de la Salud declaró en 1990 que la homosexualidad no es una enfermedad, muchas personas LGBTI+ son obligadas a someterse a “sermones, terapias o tratamientos” con el fin de “reorientar” su preferencia sexual, prácticas que carecen de sustento médico o científico. La falta de denuncia por parte de las víctimas, debido al temor al rechazo social o la vergüenza, ha llevado a la impunidad de estas acciones.

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La reforma propuesta al Código Penal del Estado de Guanajuato busca adicionar el Capítulo VIII, denominado “Delitos contra la Orientación Sexual o la Identidad de Género de las Personas”.

El nuevo Artículo establece una pena de dos a seis años de prisión y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), Lo que representa multas que oscilan entre $108,570.00 y $217,140.00.

Esta sanción se aplicará a quien “realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona”.

Las penas se agravarán al doble en los siguientes supuestos:

En los casos de subordinación o uso de función pública, además de las sanciones mencionadas, se impondrá la destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo o comisión pública o similar, hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.

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En el caso de que el padre, madre o tutor de la víctima incurran en estas conductas, se les aplicarán sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez. La iniciativa señala que bastará la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos.

Adicionalmente, los profesionales, técnicos o auxiliares de la salud que realicen, impartan, apliquen, obliguen o financien tratamientos o prácticas para anular la orientación sexual, identidad o expresión de género, serán sancionados, además,, serán suspendidos en el ejercicio profesional de uno a tres años.

La diputada Miriam Reyes Carmona sostuvo que estas prácticas vulneran derechos fundamentales como la igualdad y no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la identidad, el derecho a la salud, la protección de la familia y la vida privada, el derecho a no ser detenido arbitrariamente y el derecho a no ser sometido a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Don Felipe Arreguín Galván tiene 91 años. Ha visto cambiar el mundo desde la misma puerta de su casa, esa que ha resguardado su familia por más de un siglo. Esa misma casa donde su hijo Alberto —hoy de 70 años— dio sus primeros pasos, donde compartieron comidas, silencios, dolores y risas. Esa casa, su casa, estuvo a punto de serles arrebatada esta mañana.

No es la primera vez. Todo comenzó con lo que parecía un gesto sencillo entre vecinos: uno de ellos pidió a Alberto permiso para atravesar una tubería de drenaje por su propiedad. A cambio —dijo— les construiría un baño. Son gente de palabra, don Felipe y su hijo. Confiaron. Firmaron un documento que supuestamente registraba ese acuerdo.

Lo que no sabían es que, detrás de esa hoja, se escondía una trampa legal: su firma fue utilizada para otro propósito. Con engaños y aprovechando su confianza y condición vulnerable, los hicieron parecer como si hubieran cedido su terreno. El papel no era lo que parecía. Y con él, comenzaron los intentos por despojarlos de su casa.

Este 7 de mayo se había girado una nueva orden de desalojo. Se esperaba que la diligencia ocurriera a las 10 de la mañana. Pero algo no sucedió como planeaban quienes quieren despojarlos: la actuaria nunca recibió el expediente, debido a un recurso de revocación que permanece vigente en el juzgado. La ley, aunque lenta, esta vez les dio respiro.

Una noche más en casa. Y eso es mucho. En el lugar, no estaban solos. Vecinas y vecinos que han acompañado su lucha se hicieron presentes. Peritos también estuvieron ahí. Uno de ellos aportó un dato clave: parte del predio que ahora se disputa no pertenece siquiera al supuesto denunciante, sino a la señora San Juana, vecina del lugar, quien siempre dio su consentimiento para que don Felipe y su hijo lo habitaran.

Esto significa que no puede haber desalojo sin una pericial completa, que determine la extensión real del terreno. Y mientras eso no ocurra, los Arreguín pueden seguir llamando “hogar” al lugar donde han vivido toda su vida.

La herida, sin embargo, no cierra. El abogado que debió protegerlos entregó el terreno sin pelear. Un acto que muchos llaman traición. Y aunque la historia está lejos de resolverse, al menos esta vez la dignidad resistió. Y venció.

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Don Alberto, con voz quebrada y mirada firme, agradeció a quienes se han solidarizado con su causa, por no dejarlos solos…

Esta historia es de ellos, pero también es nuestra. Porque en un país donde los papeles a veces valen más que la memoria, y donde la ley puede ser una espada o un escudo, la historia de los Arreguín es un recordatorio de que la justicia también vive en la calle, en la solidaridad y en la resistencia de los justos. Mañana será otro día. Pero esta noche, dormirán en casa. Y eso, ya es una victoria.

En un aula cualquiera de Guanajuato, un niño desliza su dedo sobre la pantalla mientras la maestra explica las fracciones. Una adolescente chatea bajo el pupitre mientras sus compañeros intentan resolver un ejercicio en clase. Las escenas son reales, comunes y, de acuerdo con legisladores del Congreso local, preocupantes.

Con este contexto, en el Congreso del Estado se presentó una propuesta que podría marcar un antes y un después en las escuelas de la entidad. Diputadas y diputados del PAN y PRD presentaron una iniciativa de reforma que busca regular el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos en los planteles escolares para que su empleo se limite a fines pedagógicos, dejando de lado el uso recreativo o sin supervisión.

La propuesta, impulsada por el diputado Víctor Zanella Huerta, pretende reformar tanto la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato como la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, estableciendo de manera explícita que los celulares solo podrán usarse bajo protocolos claros y exclusivamente para actividades educativas.

La parte más trascendente y posiblemente polémica de la propuesta es, justamente, la prohibición implícita del uso libre de celulares en las aulas, al exigir que su presencia esté sujeta únicamente a objetivos pedagógicos. Es decir: adiós al celular como distracción en clases; sí al celular como herramienta bajo supervisión docente.

El legislador explicó que la reforma se apoya en cuatro ejes fundamentales: Protocolos claros para el uso seguro de dispositivos en el aula. Capacitación docente para detectar y prevenir riesgos digitales. Corresponsabilidad entre autoridades, madres y padres. Fomento del uso ético, seguro y pedagógico de la tecnología en el entorno escolar.

Zanella advirtió que los tiempos han cambiado y que niñas, niños y adolescentes están más expuestos que nunca a riesgos en el ciberespacio. La iniciativa fue turnada para su análisis a dos comisiones: la de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura, y la de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

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Así, mientras en muchos salones los celulares siguen siendo ventanas abiertas al entretenimiento, a la distracción o incluso al peligro, esta iniciativa busca cerrar esa puerta y abrir otra: la de un uso regulado, con propósito, ético y bajo vigilancia educativa.