La Casa Blanca intensificó su disputa económica con Ottawa al prohibir la importación de ciertos bienes canadienses y aplicar aranceles de hasta el 50% a una nueva lista de productos.

Entre los bienes que ahora enfrentan aranceles drásticos o restricciones a la importación se encuentran sectores clave para la economía canadiense. La medida gubernamental incluye restricciones a:
-Bebidas alcohólicas
-Productos lácteos, como el queso
-Aluminio y muebles
-Motocicletas de gran cilindrada y otros bienes industriales

Ante este escenario, el gobierno canadiense defendió su postura y destinó un fondo de emergencia de 7,500 millones de dólares canadienses para proteger a las empresas y trabajadores más afectados. Pese al choque arancelario, ambos países mantienen canales de diálogo abiertos mientras miden el impacto que estas fricciones tendrán en los consumidores de Norteamérica.

El incremento histórico de detenciones de migrantes ejecutado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el estado de Míchigan encendió las alarmas operativas al alcanzar su cifra más alta dentro del actual mandato presidencial. Las agencias federales intensificaron las acciones de patrullaje e inspección en múltiples condados de la entidad para dar cumplimiento a las directrices emitidas por el gobierno central de los Estados Unidos. La movilización de los agentes gubernamentales derivó en el procesamiento masivo de personas en los municipios de la demarcación territorial.

Los reportes oficiales emitidos por el Departamento de Seguridad Nacional confirman que la mayoría de las aprehensiones ocurrieron durante intervenciones directas en espacios comunitarios y centros de trabajo de la región. El personal de migración focalizó sus tareas en la localización de individuos con procesos pendientes o resoluciones definitivas de deportación según lo establecido en el marco legal vigente. Varias agrupaciones ciudadanas mantienen un seguimiento constante de los operativos para supervisar el desarrollo de cada uno de los procedimientos administrativos ejecutados.
Los elementos de seguridad trasladaron de inmediato a las personas bajo custodia hacia diversas instalaciones de internamiento regional con el objetivo de presentar las acusaciones ante los tribunales correspondientes.

La autoridad migratoria continuará los esquemas de vigilancia y revisión en los condados del estado como parte de la estrategia general de control fronterizo. Las instancias del gobierno federal publicarán el desglose final de los expedientes a medida que los jueces resuelvan la situación jurídica de los implicados.

Mexicali amaneció bajo una vigilancia reforzada luego de que Estados Unidos emitiera una alerta de seguridad por una posible amenaza en la ciudad. Washington suspendió durante el 25 de agosto las actividades de su personal y los viajes oficiales hacia la capital de Baja California, además de pedir a sus ciudadanos evitar edificios gubernamentales.

La situación escaló cuando Canadá se sumó a la advertencia y recomendó a sus ciudadanos que se encontraran en Mexicali mantenerse alejados de instalaciones gubernamentales y buscar refugio en caso de algún incidente. Sin embargo, ninguno de los dos gobiernos ha revelado públicamente cuál sería la amenaza específica.

Ante la alerta, autoridades federales, estatales y municipales reforzaron los patrullajes y la vigilancia en puntos estratégicos, principalmente alrededor de edificios públicos y de seguridad. Incluso, el Poder Judicial de la Federación declaró inhábil el 25 de agosto en Mexicali como medida preventiva.

Pero mientras crece la preocupación, el Gobierno de México asegura que no existen elementos que confirmen un riesgo específico o inminente para la población y mantiene comunicación con autoridades estadounidenses para esclarecer la información. Por ahora, Mexicali permanece bajo vigilancia y las autoridades llaman a evitar rumores y consultar únicamente fuentes oficiales.