El incremento histórico de detenciones de migrantes ejecutado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el estado de Míchigan encendió las alarmas operativas al alcanzar su cifra más alta dentro del actual mandato presidencial. Las agencias federales intensificaron las acciones de patrullaje e inspección en múltiples condados de la entidad para dar cumplimiento a las directrices emitidas por el gobierno central de los Estados Unidos. La movilización de los agentes gubernamentales derivó en el procesamiento masivo de personas en los municipios de la demarcación territorial.

Los reportes oficiales emitidos por el Departamento de Seguridad Nacional confirman que la mayoría de las aprehensiones ocurrieron durante intervenciones directas en espacios comunitarios y centros de trabajo de la región. El personal de migración focalizó sus tareas en la localización de individuos con procesos pendientes o resoluciones definitivas de deportación según lo establecido en el marco legal vigente. Varias agrupaciones ciudadanas mantienen un seguimiento constante de los operativos para supervisar el desarrollo de cada uno de los procedimientos administrativos ejecutados.
Los elementos de seguridad trasladaron de inmediato a las personas bajo custodia hacia diversas instalaciones de internamiento regional con el objetivo de presentar las acusaciones ante los tribunales correspondientes.

La autoridad migratoria continuará los esquemas de vigilancia y revisión en los condados del estado como parte de la estrategia general de control fronterizo. Las instancias del gobierno federal publicarán el desglose final de los expedientes a medida que los jueces resuelvan la situación jurídica de los implicados.

Mexicali amaneció bajo una vigilancia reforzada luego de que Estados Unidos emitiera una alerta de seguridad por una posible amenaza en la ciudad. Washington suspendió durante el 25 de agosto las actividades de su personal y los viajes oficiales hacia la capital de Baja California, además de pedir a sus ciudadanos evitar edificios gubernamentales.

La situación escaló cuando Canadá se sumó a la advertencia y recomendó a sus ciudadanos que se encontraran en Mexicali mantenerse alejados de instalaciones gubernamentales y buscar refugio en caso de algún incidente. Sin embargo, ninguno de los dos gobiernos ha revelado públicamente cuál sería la amenaza específica.

Ante la alerta, autoridades federales, estatales y municipales reforzaron los patrullajes y la vigilancia en puntos estratégicos, principalmente alrededor de edificios públicos y de seguridad. Incluso, el Poder Judicial de la Federación declaró inhábil el 25 de agosto en Mexicali como medida preventiva.

Pero mientras crece la preocupación, el Gobierno de México asegura que no existen elementos que confirmen un riesgo específico o inminente para la población y mantiene comunicación con autoridades estadounidenses para esclarecer la información. Por ahora, Mexicali permanece bajo vigilancia y las autoridades llaman a evitar rumores y consultar únicamente fuentes oficiales.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, prohibió que sus empleados y agentes utilicen estos dispositivos durante sus actividades laborales.

¿La razón? Las gafas cuentan con cámaras y micrófonos capaces de grabar imágenes y audio, por lo que la agencia teme que puedan registrar o transmitir información confidencial sin autorización.

La orden fue firmada por el director interino de ICE, David Venturella, quien considera estos dispositivos como una especie de cámara corporal de uso personal.

Por eso, la prohibición alcanza tanto al personal administrativo como a los agentes que realizan labores de campo.

La preocupación no es únicamente de ICE.

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En Nueva York, por ejemplo, estas gafas ya tienen restringido su acceso a las salas de los tribunales, debido al riesgo de que alguien pueda realizar grabaciones sin que las personas involucradas lo sepan.

Además, algunos restaurantes, tiendas y otros establecimientos también han comenzado a limitar su uso después de recibir quejas de clientes que son grabados sin autorización.

Estas gafas, desarrolladas por Meta junto con marcas como Ray-Ban y Oakley, permiten tomar fotografías, grabar video, escuchar audio y utilizar funciones de inteligencia artificial mediante comandos de voz.

Y hay otro punto que ha generado preocupación.

Se ha reportado que Meta estaría explorando la posibilidad de incorporar reconocimiento facial en futuras actualizaciones, aunque esta función todavía no ha sido confirmada.

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La organización de derechos civiles ACLU ya pidió a la empresa evitar herramientas de identificación biométrica por el posible impacto en la privacidad.

Así que el debate sobre estas gafas va más allá de la tecnología: también pone sobre la mesa hasta dónde puede llegar la grabación y recopilación de información en espacios públicos y privados.