Guanajuato, Gto., 10 septiembre 2025. – El fraccionamiento La Cucursola, impulsado por la empresa Loma de Irapuato S.A. de C.V. en la Sierra de Santa Rosa, enfrenta un nuevo capítulo legal luego de que la promotora interpusiera tres juicios de amparo para intentar revertir el aseguramiento del predio ordenado por la Fiscalía General de la República (FGR).

El operativo se realizó el pasado 30 de julio en el terreno conocido como La Rosita. Agentes de la FGR, con apoyo de fuerzas estatales, aseguraron el fraccionamiento al identificar delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. De acuerdo con la denuncia presentada en febrero de 2023, la obra carece de la autorización de impacto ambiental y del estudio técnico justificativo para el cambio de uso de suelo forestal, documentos obligatorios de acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable.

En respuesta a la medida, la empresa presentó los expedientes 1315/2025-I y 1115/2025 ante el Juzgado Primero de Distrito en Guanajuato, así como el 1149/2025 en el Juzgado Segundo de Distrito. De acuerdo con organizaciones ambientalistas, estos recursos representan una estrategia para retrasar el proceso de justicia ambiental, práctica que ya se había utilizado anteriormente en este mismo caso.

La historia se remonta a 2020, cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró parcialmente las obras por tala ilegal de árboles y la ausencia de permisos. En aquel entonces, la empresa consiguió el amparo 145/2020, lo que le permitió continuar con la construcción y la venta de predios, pese a la orden de suspensión. Aunque la resolución judicial aclaraba que Profepa podía realizar nuevas inspecciones y volver a imponer medidas de seguridad, estas nunca se llevaron a cabo.

El caso involucra a personajes de la política local. Entre los señalados se encuentran el exdiputado federal del PAN, Sergio Fernando Asencio Barba, propietario del fraccionamiento; el exalcalde de Guanajuato, Mario Alejandro Navarro Saldaña, esposo de la actual presidenta municipal Samantha Smith; y Juan Carlos Delgado Zárate, exdirector de Medio Ambiente. A ellos se les atribuye haber facilitado autorizaciones municipales de forma irregular para permitir el avance del proyecto.

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La Sierra de Santa Rosa, donde se ubica el desarrollo, es reconocida por su riqueza ecológica y por albergar especies protegidas. Ambientalistas han denunciado que la urbanización ha interrumpido rutas migratorias de fauna silvestre, además de generar un deterioro en uno de los principales pulmones naturales de la capital del estado.

Ante la intervención de la FGR, colectivos como Acción Colectiva y el Movimiento Colibríes de Guanajuato calificaron la medida como un avance en la defensa del patrimonio natural de la ciudad. Sin embargo, advirtieron que el recurso al amparo, en este y otros casos, ha funcionado como un mecanismo para legitimar la impunidad ambiental.

Actualmente, el proceso se encuentra en manos del Poder Judicial de la Federación, que deberá determinar si los amparos proceden o si se mantiene el aseguramiento del predio. Organizaciones ciudadanas han hecho un llamado a que los jueces actúen con independencia, rigor técnico y perspectiva ambiental, subrayando que el derecho humano a un medio ambiente sano debe prevalecer frente a los intereses privados.