Irapuato, Gto. – Un agente del Ministerio Público logró que un juez vinculara a proceso penal a José Alfonso “N”, conocido como “el patrañas” debido a su probable participación en el homicidio de una persona e intento de homicidio de otra. Esto ocurrido desde el 26 de diciembre del 2024 en la colonia San Miguelito, en Irapuato.

El crimen ocurrió en el andador Cristo Rey, alrededor de las siete y media de la noche, cuando las dos víctimas estaban en una jardinera. Arribó “el patrañas” en una motocicleta, descendió de ella con arma en mano y caminó directo hacia las víctimas donde disparó sin decir palabra alguna.

Uno de ellos perdió la vida y el otro resultó lesionado.

El agresor procedió a regresar a su motocicleta y huyó del lugar. Desde entonces las FGE inició una investigación que permitió identificar y tener a José Alfonso “N”.

Por el momento se le ha dictado la prisión preventiva y el plazo para concluir la investigación será de tres meses.

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GUANAJUATO, GTO. — Este miércoles se llevó a cabo un cateo en el fraccionamiento “La Cucursola”, ubicado en la Sierra de Santa Rosa, como parte de una investigación por posibles delitos de carácter federal. En el operativo participan elementos de la Federación y fuerzas estatales de seguridad pública.

La intervención ocurre en un contexto de creciente tensión por el desarrollo de este fraccionamiento, señalado desde hace años por sus impactos ambientales, su legalidad cuestionada y el conflicto social que ha provocado entre las comunidades vecinas.

Desde 2020, la PROFEPA clausuró las obras por la tala de árboles y el incumplimiento de requisitos ambientales. A pesar de ello, se ha documentado que la construcción continuó. El fraccionamiento se localiza en una zona forestal con especies protegidas y su expansión ha afectado rutas de migración de fauna, generando un fuerte deterioro ecológico.

Uno de los principales puntos de conflicto es la pretensión de abastecer el desarrollo con agua de la presa de Peralillo, lo que generó el rechazo de comunidades cercanas que temen quedarse sin abasto. Aunque el Comité del Agua de Santa Rosa aseguró que no habrá suministro para el fraccionamiento, la incertidumbre persiste.

En paralelo, han surgido denuncias por presuntas irregularidades en la obtención de permisos. La SEMARNAT negó haber recibido solicitudes de cambio de uso de suelo, mientras que otras autoridades locales han defendido la legalidad del proyecto. Existen denuncias ante la FGR por delitos contra la biodiversidad y omisiones en el actuar de funcionarios municipales. Incluso, el Tribunal de Justicia Administrativa ya admitió un recurso para sancionar a funcionarios involucrados.

El Congreso local exhortó a las autoridades a clausurar definitivamente el fraccionamiento y a realizar un estudio de impacto ambiental que determine las medidas de restauración necesarias.

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Mientras tanto, el sitio web del fraccionamiento lo promociona como un “eco-residencial” sustentable. Sin embargo, tanto ambientalistas como comunidades denuncian que se trata de un proyecto privado que avanza sobre una zona ecológicamente valiosa, con respaldo en omisiones y posibles actos de corrupción.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido información oficial sobre el operativo. La intervención se mantiene bajo hermetismo.

Ciudadanos acusan a la dependencia de incumplir su propio reglamento y aplicar cobros indebidos

Guanajuato, Gto. – Los ciudadanos de la capital han comenzado a alzar la voz ante presuntas anomalías en el actuar del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (SIMAPAG), señalando prácticas abusivas y contrarias al reglamento que la propia dependencia establece.

De acuerdo con un reporte ciudadano dirigido al sistema de noticias de TVGuanajuato, SIMAPAG estaría realizando cortes de agua por adeudos antes del plazo permitido por su propio Reglamento del Servicio, como bien lo señala el artículo 106. Este indica que el servicio solo puede ser suspendido tras tres meses consecutivos de falta de pago. Sin embargo, la persona denunciante afirma que el corte fue ejecutado al segundo mes de adeudo.

Además, el mismo artículo 106 estipula que, en el caso de uso doméstico, no debe suspenderse completamente el servicio, sino únicamente reducir el suministro para permitir el acceso a agua para necesidades básicas del hogar. Pese a esto, SIMAPAG habría procedido con suspensiones totales del servicio, dejando a las familias sin acceso al vital líquido y exigiendo un pago adicional por reconexión.

La persona relata que, tras acudir a pagar en junio y realizar un convenio de pago, quedó un saldo pendiente de solo 15 pesos correspondiente al mes de abril. Sin embargo, dicho saldo fue suficiente para que SIMAPAG lo contabilizara como un mes completo sin pagar, lo cual generó un supuesto adeudo de tres meses y permitió la suspensión del servicio.

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“El trato en atención al público es deficiente. Las trabajadoras no conocen el reglamento, no dan soluciones y solo repiten que ‘no pueden hacer nada’” expone la persona afectada. Asegura también haber recibido un trato grosero por parte del encargado de campo, quien afirmó que podía ordenar el corte del suministro “cuando quisiera”, ignorando completamente lo establecido en el reglamento interno de la dependencia.

Finalmente, cuando la usuaria advirtió que quitaría el sello de clausura, entonces sí se le notificó que incurriría en una falta sancionable, lo cual evidencia, según su testimonio, un doble discurso por parte de los servidores públicos que aplican la normativa solo cuando conviene a la institución.

Este caso ha encendido las alertas entre la ciudadanía, pues esta exige una revisión de las prácticas administrativas de SIMAPAG, también una mayor capacitación al personal de atención y el cumplimiento estricto del reglamento que protege los derechos de los usuarios.

En términos más sencillos, el artículo 106 indica que si SIMAPAG necesita utilizar medidas coercitivas para cobrar el agua, primero debe cumplir con los requisitos legales establecidos en la ley estatal. Esto significa que antes de suspender el servicio o tomar otras medidas, SIMAPAG debe notificar al usuario sobre su adeudo y darle un plazo razonable para pagarlo