Guanajuato
“Promesas sin sustento: el PIMUS (Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable) de Samantha Smith no garantiza mejoras reales, en tiempo y forma en el transporte público”
Mientras la presidenta municipal de Guanajuato, Samantha Smith, presentó con entusiasmo el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), como si fuera la respuesta estructural que resolverá los problemas de transporte en la ciudad, la realidad de miles de ciudadanos cuenta una historia muy distinta.
Supuestamente el anuncio del plan, envuelto en un lenguaje tecnócrata y promesas de movilidad digna y sustentable, se topa con una cruda falta de sustento financiero, nula claridad operativa y una desconexión alarmante con las condiciones actuales del servicio público.


¿Qué es el PIMUS y qué promete?
El PIMUS se presentó como un instrumento de planeación a largo plazo que buscaría transformar la movilidad en la ciudad mediante una visión más incluyente, sustentable y eficiente. El gobierno municipal declara la necesidad de fomentar el uso del transporte público, la bicicleta y los traslados peatonales como ejes de un nuevo modelo urbano más humano. Hasta ahí, el discurso suena alentador.
Sin embargo, cuando se rasca más allá del anuncio, se encuentra poco o nada: no hay calendario concreto de implementación, no se han dado a conocer partidas presupuestales específicas para renovar las unidades del transporte público, ni mecanismos claros para supervisar su ejecución o transparencia.
Más preocupante aún: no existe un solo compromiso financiero formalizado que garantice la mínima ejecución de lo prometido.Con esto vemos que con el discurso oficial, la experiencia diaria de usuarios del transporte en Guanajuato capital, pinta un panorama de abandono y precariedad: unidades viejas, en muchos casos de más de 20 años en circulación, sin accesibilidad para personas con discapacidad, con rutas mal trazadas y horarios impredecibles.
Además, los constantes cambios en concesiones, las rutas duplicadas, y el estado físico de muchas unidades con puertas que no cierran bien, asientos rotos y motores contaminantes evidencian que la movilidad sigue siendo una deuda social sin pagar.
Los reclamos ciudadanos no son nuevos: colonias como Marfil, Pueblito de Rocha o Cerro del Cuarto padecen diariamente largas esperas para tomar un camión.
En zonas periféricas, los recorridos pueden tomar hasta una hora por la ineficiencia de rutas mal planeadas. Ni hablar de la falta de paraderos dignos o señalética actualizada.
¿Y el dinero? ¿Y los tiempos?
Lo más preocupante del PIMUS no es lo que dice, sino lo que calla: no se han anunciado convenios con el estado ni con la federación para fondear proyectos de renovación vehicular, tampoco se ha mencionado la posibilidad de subsidios para garantizar una tarifa justa o inversiones en infraestructura peatonal. Se trata, hasta ahora, de un plan más en el papel, como muchos otros que quedan como ejercicios de diagnóstico sin dientes.
Mientras la alcaldesa presume una estrategia de movilidad moderna, la falta de voluntad política y de presión real sobre los concesionarios del transporte muestra lo contrario. No hay mecanismos claros para exigir mejoras a las líneas actuales, ni permisos renovados, ni calles dignas para evitar el deterioro de las unidades ya que a base de esto se termina su tiempo de vida más pronto, no tanto es que los concesionarios no metan unidades nuevas, si no las calles de Guanajuato y la opacidad en los procesos de asignación de concesiones a gente que ni siquiera tiene papeles, permisos y solo dan moches para tener rutas accesibles, incluso arrastran señalamientos de favoritismo y corrupción heredada del gobierno de Alejandro Navarro.
La ciudad necesita algo más que planes bonitos, el PIMUS, en su versión actual, parece más una herramienta de imagen pública que una estrategia realista. Guanajuato no necesita otro documento técnico con gráficas y promesas recicladas; necesita decisiones valientes, inversión pública y presión directa para transformar un sistema de transporte que hoy está quebrado. La ciudadanía lo sabe, lo vive todos los días, y está cansada de discursos que no se traducen en resultados.
Mientras tanto, el transporte sigue siendo una barrera para miles de guanajuatenses que sólo quieren llegar a su destino sin jugarse la seguridad, la dignidad o el tiempo. ¿Quién va a responder por eso?
Estado
Alertan por posible opacidad en SIMAPAG: piden transparencia para frenar riesgos de corrupción.
Señalamientos sobre presuntos intentos de influir en el control del Sistema Municipal de Agua Potable de la capital (SIMAPAG) encendieron el debate público, luego de que se advirtiera la falta de información abierta sobre el proceso de selección de perfiles. Se cuestiona que no se haya difundido con amplitud la trayectoria, evaluaciones y entrevistas de alrededor de 40 aspirantes, lo que, advierten, debilita la confianza ciudadana en un proceso que debería regirse por la máxima publicidad.
El exgobernador y legislador Juan Carlos Romero Hicks subrayó que la transparencia es el principal mecanismo para prevenir posibles actos de corrupción. En ese sentido, insistió en que dar a conocer los criterios técnicos, calificaciones y decisiones permitiría garantizar que el proceso se conduzca con legalidad y apertura, evitando suspicacias sobre intereses ajenos al servicio público.
Asimismo, advirtió que sería grave que se concretaran prácticas orientadas a convertir el organismo en un espacio de beneficios particulares o “caja chica”. Por ello, hizo un llamado a privilegiar la rendición de cuentas y la claridad institucional, al señalar que cuando el poder se aleja de la ciudadanía y pierde humildad, se corre el riesgo de que la democracia derive en imposiciones. La exigencia, concluyó, es que el proceso se mantenga abierto, verificable y libre de cualquier sombra de opacidad.
Adolecentes
Democracia sin niñez? Experto sacude a la UG y cuestiona un sistema que invisibiliza a infancias y adolescentes
En un señalamiento que incomoda y obliga a replantear las bases del sistema democrático, el Mtro. Daniel Delgado Ávila advirtió desde la Universidad de Guanajuato (UG) que las infancias y adolescencias siguen siendo excluidas de los espacios reales de participación política. Durante la conferencia magistral “¿Quién cuenta en la democracia? Autonomía progresiva y derechos políticos de infancias y adolescencias”, el especialista puso sobre la mesa una pregunta directa: ¿la democracia comienza hasta los 18 años?

Invitado por la División de Derecho, Política y Gobierno, en colaboración con la Cátedra de Derecho Público y el Cuerpo Académico “Gobierno, Instituciones y Organizaciones en el contexto de la Globalización”, Delgado Ávila —magistrado con 25 años de trayectoria en el Poder Judicial— sostuvo que el voto no es el único mecanismo de participación y denunció la persistente invisibilidad de los menores como sujetos de derecho. “La democracia no empieza con el voto, sino cuando una persona es escuchada”, afirmó, respaldando su postura en marcos legales nacionales e internacionales que obligan al Estado a garantizar la voz de niñas, niños y adolescentes.
El evento, coordinado por académicas de la UG y con participación estudiantil, abrió un espacio de análisis sobre la autonomía progresiva y la responsabilidad parental como pilares para el ejercicio de estos derechos. El ponente fue contundente: una democracia que no escucha a su niñez no forma ciudadanía, sino obediencia, dejando claro que el reto no es solo jurídico, sino cultural.
Ciudad
Impulsa el Diputado Antonio Chaurand reforma para acelerar adopciones y dar hogar a la niñez en Guanajuato
Impulsa el Diputado Antonio Chaurand reforma para acelerar adopciones y dar hogar a la niñez en Guanajuato

El diputado de Morena, Antonio Chaurand, presentó una iniciativa para modificar el Código Civil del estado con el objetivo de agilizar los procesos de adopción, disminuir la carga burocrática y garantizar que niñas, niños y adolescentes puedan integrarse a una familia en el menor tiempo posible. La propuesta busca responder a una problemática que por años ha frenado el acceso efectivo a este derecho fundamental.
Entre los puntos centrales, se plantea que la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes emita el certificado de idoneidad en un plazo máximo de 45 días hábiles, evitando retrasos que actualmente prolongan innecesariamente los trámites. Además, se establece que las resoluciones judiciales en estos casos se dicten con mayor rapidez, priorizando siempre el interés superior de la niñez.
La urgencia de la reforma se refleja en las cifras: alrededor de 600 menores permanecen en casas hogar en Guanajuato, muchos de ellos por situaciones de violencia o vulnerabilidad, mientras que el año pasado solo se concretaron 74 adopciones. A esto se suma que las probabilidades de ser adoptados disminuyen drásticamente con la edad, lo que evidencia la necesidad de procesos más eficientes que permitan brindarles una oportunidad real de crecer en un entorno familiar estable.
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