En los primeros siete meses de 2025, Guanajuato se consolidó como la entidad más violenta para las mujeres en México.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 224 mujeres fueron asesinadas en el estado, lo que equivale al 17.6% del total nacional. La cifra lo coloca por encima de Baja California (117 casos) y Estado de México (107), concentrando entre los tres más del 35% de los crímenes en todo el país.

Lo alarmante es que, pese a la magnitud de la violencia, solo siete asesinatos han sido reconocidos como feminicidios. Es decir, más de 200 muertes de mujeres quedan clasificadas únicamente como homicidios dolosos, ignorando el trasfondo de violencia de género que atraviesa cada caso.

Este subregistro evidencia no solo un vacío en la procuración de justicia, sino también un patrón de negación institucional frente a la realidad que viven las mujeres guanajuatenses.

El SESNSP precisa que la mayoría de las víctimas eran mayores de 18 años (171), pero también se registraron nueve niñas y adolescentes asesinadas, además de 44 casos donde no se especifica la edad. Pese a la gravedad, julio con 23 víctimas fue reportado como uno de los meses “menos violentos”, una cifra que refleja la normalización de la tragedia.

Organizaciones de mujeres y especialistas en seguridad han señalado que esta disparidad en las clasificaciones distorsiona las políticas públicas y reduce el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias. En un estado que lidera en homicidios de mujeres, pero que se resiste a nombrarlos feminicidios, la impunidad no solo persiste: se institucionaliza.

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Mientras en al menos nueve entidades del país el crimen organizado ha extendido un control directo sobre precios de productos básicos desde tortillas, refrescos y cerveza hasta materiales de construcción y útiles escolares, en Guanajuato la problemática se concentra principalmente en la extorsión mediante cobro de piso a comercios y prestadores de servicios, situación que continúa afectando a empresarios locales.

De acuerdo con un reportaje de “El Universal“, en estados como Michoacán, Guerrero, Veracruz y Oaxaca las células delictivas no sólo cobran cuotas, sino que fijan los precios de alimentos, bebidas, materiales y hasta servicios de telefonía e internet, obligando a comerciantes a surtirse únicamente en bodegas controladas por estas organizaciones.

En contraste, en Guanajuato no se ha documentado un control sistemático de precios sobre la canasta básica; sin embargo, la extorsión ha golpeado con fuerza a sectores específicos. El caso más visible ocurrió en 2019, cuando industriales de la masa y la tortilla denunciaron que en Celaya numerosos negocios cerraron debido a las amenazas de grupos criminales. A pesar del paso de los años, empresarios del ramo señalan que la presión persiste, por lo que se ven obligados a mantener un perfil bajo para evitar represalias.

El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad advierte que la extorsión se ha consolidado como uno de los delitos más extendidos en México desde 2013, luego de la fragmentación de grandes cárteles en células más pequeñas que encontraron en este mecanismo una fuente estable de ingresos.

En regiones como Michoacán y Guerrero, el control criminal de precios genera aumentos directos al consumidor, por ejemplo, un kilo de arroz de 20 pesos llega a venderse en 25, y la carne de 200 pesos alcanza los 240 pesos, además de imponer mercancía robada en tiendas locales.

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Aunque en Guanajuato este esquema de control de mercado no se ha generalizado, el cobro de piso sigue siendo un factor que encarece los productos y limita la operación de los negocios, especialmente en municipios con fuerte presencia del crimen organizado.

La extorsión, subraya el Observatorio, no sólo ahoga a los comerciantes, sino que también incrementa la percepción de inseguridad y mantiene a las víctimas en silencio por temor a represalias.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una alerta dirigida a Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Michoacán, Estado de México y Querétaro, tras el robo de cinco cilindros con gas cloro propiedad de la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro (CEA).

El hurto se registró en la Unidad de Rebombeo de la comunidad de Viborillas, en el municipio de Colón, donde los tanques se encontraban en resguardo. De acuerdo con las autoridades, los cilindros son de color gris con capacidad de 68 kilogramos cada uno. Dos estaban casi vacíos y tres contenían gas cloro al 90 % de su capacidad.

El gas cloro es una sustancia de color amarillo cenizo, altamente tóxica y corrosiva. Su inhalación puede provocar tos, lagrimeo, náuseas, dificultad para respirar, edema pulmonar e incluso la muerte en exposiciones severas. El contacto directo genera quemaduras en piel y ojos, además de daños dentales y riesgo de bronquitis crónica por exposición prolongada.

Protección Civil pidió a la ciudadanía no manipular los cilindros en caso de localizarlos y reportar de inmediato al 911.

Este no es el primer robo de gas cloro en Querétaro. En enero de 2025, un cilindro con 20 % de contenido fue sustraído en circunstancias similares, lo que también activó una alerta en seis entidades. Expertos señalan que la recurrencia de estos casos revela fallas de seguridad en el resguardo de sustancias peligrosas utilizadas en plantas de potabilización de agua.

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De acuerdo con la CNPC, los cilindros con gas cloro son considerados de alto riesgo por su potencial de provocar emergencias químicas en caso de fuga o manipulación indebida.