Guanajuato, Gto.– El “arañazo” visible sobre el Cerro de Sirena es solo la superficie de una trama más profunda y dolorosa: la de una familia que ha cuidado esas tierras por generaciones y que hoy enfrenta el despojo, la invasión masiva y la indiferencia de las autoridades.

Los herederos del terreno, la familia Barbosa Peña, aseguran tener documentos que prueban la posesión continua del predio desde 1889. Incluso, afirman contar con contratos de hace más de 90 años firmados con empresas mineras que reconocían la propiedad de su padre. A pesar de ello, los cerros que antes les pertenecían han sido ocupados por nuevos habitantes que, sin títulos legales, han comenzado a construir viviendas, abrir caminos y vender lotes como si se tratara de un fraccionamiento autorizado.

La venta irregular ha sido impulsada por Marcelino N y Eduardo N, quien se ostenta como “representante de colonos” de la asociación Calzada de Guadalupe Santa Fe. De acuerdo con denuncias de los legítimos propietarios, Esparza promueve la comercialización de terrenos que no le pertenecen, ofreciendo propiedades en litigio, sin servicios y sin ningún respaldo legal válido.

Aunque algunos compradores se acercaron en su momento al padre de la familia para adquirir legalmente los terrenos, terminaron comprando con los invasores por un precio más bajo, sin conocer los riesgos jurídicos ni el daño ecológico que están generando.

A esto se suma la sospecha de que detrás de las invasiones podría haber intereses económicos de mayor escala, posiblemente enfocados en el desarrollo de un proyecto turístico ecológico que contemplaría la construcción de cabañas o incluso un hotel en la cima del cerro. Uno de los nombres que ha circulado es el de un empresario hotelero y restaurantero, presuntamente vinculado con el ya denominado Cártel Inmobiliario. Se señaló que el camino recientemente trazado, a través de la propiedad de la familia Barbosa Peña, conduciría directamente a predios colindantes vinculados a dicho empresario.

El caso trasciende el conflicto por la tierra. En el fondo, se denuncian también posibles actos de corrupción notarial, al validar escrituras sin sustento legal, así como una complicidad pasiva de las autoridades municipales, que a pesar de haber colocado sellos en algunas construcciones, no han detenido el avance.

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Mientras tanto, maquinaria pesada continúa removiendo tierra en una zona clasificada como reserva ecológica, afectando flora, fauna y el equilibrio natural del entorno. La apertura de caminos, la fragmentación de hábitats y el avance del concreto representan un daño irreversible.

Vecinos de Guanajuato han expresado su tristeza e indignación al ver cómo el Cerro de la Cruzita —también conocido como Cerro de Sirena— pierde su carácter simbólico y natural. Un espacio que es patrimonio ecológico y cultural ahora se convierte en escenario de disputas legales, intereses privados y urbanización sin control.

Ante esta situación, se lanza un llamado urgente a quienes estén considerando adquirir predios en esta zona: no existe seguridad legal sobre esas tierras. Comprar ahora representa un alto riesgo de perder el patrimonio familiar, de fomentar un esquema de despojo y de contribuir a la devastación del ecosistema.