Inseguridad
¿Qué es el transfeminicidio?
El transfeminicidio es el asesinato de una persona transfemenina, es decir, una persona asignada como hombre al nacer, pero que se identifica y vive como mujer
Recientemente, en el Congreso del Estado de Guanajuato, integrantes del partido Morena presentaron una iniciativa para reformar el Código Penal y tipificar el transfeminicidio como delito.
La diputada María Eugenia García Oliveros destacó la importancia de comenzar a hablar de este tipo de violencia, que se enmarca dentro de una problemática de odio hacia las identidades de género diversas.
Esta propuesta busca visibilizar y sancionar de forma específica los crímenes motivados por transfobia, pues estos no solo atentan contra la vida, sino también contra la dignidad y el derecho a la identidad.
A diferencia del feminicidio, el transfeminicidio refleja una forma de violencia que combina la misoginia con el desprecio hacia las personas trans, particularmente las mujeres trans.
Nos guste o no, la diversidad existe. La distinción entre identidades de género no debe ser negada ni ignorada. Aunque no todas las personas estén de acuerdo con estas realidades, el respeto debe ser un principio legal y social.
Una sociedad verdaderamente civilizada y moralmente justa reconoce y protege todas las formas de identidad, sin importar género, orientación, raza o expresión.
La iniciativa plantea que quien cometa este delito podría enfrentar penas de 35 a 70 años de prisión. Se trata de un paso importante hacia la justicia y la protección de una comunidad históricamente marginada.
Estado
Guanajuato en la mira: Sheinbaum convoca a alcaldes de municipios más violentos, entre ellos León, Celaya e Irapuato.
La presidenta Claudia Sheinbaum convocó a los alcaldes de 61 de los municipios más violentos de México para diseñar una estrategia conjunta que permita frenar la inseguridad y atender las causas de la violencia en estas zonas. Entre las ciudades llamadas a Palacio Nacional destacan León, Celaya e Irapuato, en el estado de Guanajuato.
El encuentro busca presentar un programa especial de intervención social y prevención del delito, basado en un diagnóstico federal que analiza indicadores de seguridad, pobreza y factores sociales que influyen en la criminalidad.
De acuerdo con la mandataria, la estrategia incluirá programas dirigidos principalmente a jóvenes, con proyectos como los centros “México Imparable”, enfocados en ofrecer oportunidades y reducir la vulnerabilidad frente al crimen.
La violencia en México se concentra en un número reducido de municipios donde se registra una gran parte de los homicidios, muchos vinculados a disputas entre grupos del crimen organizado.
Por ello, el Gobierno federal busca trabajar directamente con los alcaldes, gobernadores y autoridades locales, para reforzar la presencia del Estado y construir soluciones específicas para cada región.
Inseguridad
Falla de la FGR pone contra las cuerdas el caso más grande de huachicol fiscal en México
El que ha sido considerado el caso más grande de huachicol fiscal en México enfrenta un fuerte revés judicial luego de que un tribunal revocara la vinculación a proceso por contrabando de combustible contra el empresario Edgar Marín Meza Moreno. La decisión se originó por una omisión de la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con el proceso judicial, la FGR no notificó a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) durante el procedimiento, un paso clave que terminó debilitando el caso ante los tribunales.
El empresario, dueño de Impulsora de Productos Sustentables, fue acusado de importar en 2019 28.7 millones de litros de diésel a bordo del buque Atlantic Bay, aunque en la declaración oficial sólo reportó 7.2 millones de litros.
Esta diferencia habría provocado un daño al erario de alrededor de 173 millones de pesos, debido a derechos e impuestos que no se pagaron, mientras el combustible presuntamente circuló en el mercado negro.
El caso había sido considerado uno de los golpes más relevantes contra el huachicol fiscal, un esquema que consiste en introducir combustibles al país con documentación falsa o con volúmenes menores a los reales para evadir impuestos.
Sin embargo, la falla en el procedimiento de la Fiscalía ahora pone en riesgo la continuidad del proceso penal y podría beneficiar al empresario señalado.
La noche del 3 de marzo, el líder ganadero Samuel González Rodríguez, de 69 años, fue asesinado a balazos en el municipio de Cuauhtémoc, Colima, tras ser interceptado por hombres armados cuando salía de un rancho.
De acuerdo con los primeros reportes, el dirigente viajaba en su camioneta cuando los agresores le dieron alcance y abrieron fuego en repetidas ocasiones. Aunque fue trasladado para recibir atención médica, murió a causa de las heridas durante el traslado al hospital.
El crimen ha causado conmoción en el sector agropecuario del estado, ya que apenas el pasado 1 de marzo había rendido protesta para un nuevo periodo al frente de la Asociación Ganadera de Cuauhtémoc, organización que agrupa a productores de la región.
Tras el ataque, elementos de seguridad acordonaron la zona mientras la Fiscalía de Colima abrió una carpeta de investigación por homicidio para esclarecer el caso y dar con los responsables.
Hasta el momento no se reportan personas detenidas.
El asesinato de González Rodríguez vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la violencia que también alcanza a líderes del sector productivo en distintas regiones del país
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