En Guanajuato capital, ha surgido un debate sobre cómo algunas autoridades, incluida la presidenta municipal, parecen enfocar sus comunicaciones más en su imagen personal y la de su familia que en los resultados concretos de su gestión. Publicaciones en redes sociales y medios oficiales han destacado actividades en las que participan su esposo o hijo, generando la percepción de que el centro de atención no es la obra ni los beneficios para la ciudadanía, sino ellos como figuras públicas.

Críticos y ciudadanos señalan que, aunque es válido mostrar trabajo institucional, el énfasis excesivo en la figura personal puede generar desconfianza y confundir sobre quién aporta realmente los resultados, ya que los proyectos son financiados con recursos públicos y ejecutados por el gobierno, no por la familia del funcionario.

Expertos en administración pública advierten que la comunicación institucional debe centrarse en impactos y resultados claros, mientras que la promoción de imagen personal debe mantenerse separada, para garantizar transparencia y confianza de la ciudadanía en las acciones del gobierno.

La percepción de que se “vende” más la imagen de la presidenta y su familia que los logros reales genera debate sobre transparencia, prioridades y comunicación efectiva en Guanajuato capital.

La Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado aprobó la metodología para analizar cuatro iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario de Morena, tres de ellas promovidas por la diputada Miriam Reyes Carmona, en una sesión donde también participó la legisladora Maribel Aguilar. Las propuestas buscan fortalecer el desarrollo económico, impulsar el turismo, reducir la burocracia y garantizar mayor igualdad en materia de seguridad social en Guanajuato.

Una de las iniciativas plantea reformar la Ley para el Desarrollo y Competitividad Económica del Estado y sus Municipios, con el objetivo de abrir más oportunidades para mujeres productoras, artesanas, emprendedoras y prestadoras de servicios turísticos. La propuesta busca facilitar su acceso a mecanismos de promoción, certificación y comercialización, además de impulsar el mercado interno y posicionar los productos guanajuatenses aprovechando la marca de certificación “Hecho en México”. Para enriquecer el análisis, se solicitará la opinión de diversas instancias, incluida la Secretaría de Economía federal.

Asimismo, se acordó analizar otras propuestas relacionadas con la reforma a la Ley de Turismo del estado, la creación de una Ley Estatal para Eliminar Trámites Burocráticos y modificaciones a la Ley de Seguridad Social de Guanajuato para fortalecer la igualdad sustantiva en servicios de salud y bienestar social. Como parte del proceso, se realizarán mesas de trabajo con autoridades, organismos y representantes de distintos sectores, además de habilitar espacios de consulta pública para que la ciudadanía pueda participar y aportar opiniones durante el análisis de las iniciativas.

Entre 2023 y 2025, los partidos políticos en México reportaron al menos 452 millones de pesos en contratos para propaganda en internet y redes sociales, de acuerdo con registros de transparencia y solicitudes de información. Sin embargo, especialistas advierten que el destino exacto de gran parte de ese dinero sigue sin estar claro.

Los datos revelan que casi la mitad del gasto se concentró en cuatro empresas dedicadas a estrategias digitales, creación de contenido y manejo de campañas en plataformas como Facebook, Instagram o YouTube. Entre ellas destacan Nauka Comunicación Estratégica, AMX Contenido, Creación y Difusión de Contenido Web (Badabun) y Element Media, firmas que han recibido contratos millonarios por parte de partidos políticos.

El monto reportado incluso podría ser mayor. El Instituto Nacional Electoral (INE) registró que solo en 2024 los partidos gastaron más de 466 millones de pesos en propaganda en redes sociales, pero en muchos casos no se puede conocer con precisión cómo se distribuyó ese dinero.

Expertos en comunicación política advierten que la publicidad digital, el uso de influencers y las estrategias en redes sociales permiten mover recursos que son más difíciles de rastrear, lo que abre la puerta a opacidad e incluso a la difusión de desinformación durante procesos electorales.

Ante este escenario, analistas señalan que los vacíos legales y la falta de coordinación entre instituciones complican la fiscalización del gasto político en internet, un terreno que cada vez pesa más en las campañas electorales en México.

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