La presidenta Claudia Sheinbaum informó que solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) revisar si existe una base legal para que el Estado mexicano pueda reclamar los bienes y recursos económicos atribuidos a Ismael “El Mayo” Zambada, actualmente detenido en Estados Unidos. La intención es determinar si parte de ese patrimonio puede recuperarse en beneficio del país.

La mandataria explicó que el análisis estará a cargo de la FGR, que deberá establecer si los bienes presuntamente obtenidos mediante actividades ilícitas pueden ser reclamados por México, independientemente de los procesos judiciales que se desarrollan en territorio estadounidense.

Sheinbaum señaló que cualquier acción deberá sustentarse en la legislación nacional, así como en los acuerdos de cooperación internacional entre ambos países. Por ello, aclaró que primero será necesario conocer el alcance jurídico del caso antes de iniciar cualquier procedimiento para recuperar esos recursos.

La posibilidad de que México reclame parte de esa fortuna abre un nuevo frente legal en uno de los casos de mayor impacto entre ambos países. Ahora será la Fiscalía la que determine si existen las condiciones para iniciar un proceso que permita, en su caso, recuperar bienes para el Estado mexicano.

Un agente aduanal de Estados Unidos se declaró culpable de participar en un esquema de corrupción que consistía en sobornar a funcionarios mexicanos para facilitar el ingreso irregular de mercancías al país y evadir revisiones en las aduanas. El caso fue revelado por autoridades estadounidenses durante un proceso judicial y ha encendido las alertas sobre posibles actos de corrupción en el comercio internacional.

De acuerdo con la investigación, el agente entregó pagos ilegales a servidores públicos mexicanos a cambio de obtener un trato preferencial para el cruce de cargamentos. Las autoridades estadounidenses señalaron que estas prácticas permitieron agilizar operaciones comerciales y evitar controles que debían aplicarse de manera obligatoria.

Tras aceptar su responsabilidad, el implicado enfrenta cargos por corrupción y podría recibir una condena de varios años de prisión en Estados Unidos. Mientras tanto, las investigaciones continúan para identificar a los funcionarios mexicanos que presuntamente recibieron los sobornos y determinar el alcance de la red de corrupción.

El caso ha generado preocupación por la transparencia en las operaciones aduaneras entre ambos países y podría derivar en nuevas acciones legales tanto en México como en Estados Unidos. Las autoridades de ambos gobiernos mantienen abiertas las investigaciones para deslindar responsabilidades y sancionar a quienes hayan participado en estos hechos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y una de las figuras históricas del Partido Acción Nacional (PAN), por su presunta participación en una investigación relacionada con contrabando de combustible y delincuencia organizada. La captura se realizó en Ensenada, como parte de un operativo federal.

De acuerdo con las autoridades, la investigación está vinculada con una empresa fundada por el exmandatario, la cual presuntamente habría participado en una red de importación ilegal de gasolina y diésel. El caso cobró relevancia tras el aseguramiento, en 2025, de más de 15 millones de litros de combustible, considerado uno de los decomisos más grandes registrados en el país.

Ruffo Appel fue el primer gobernador de oposición en derrotar al PRI en una elección estatal, al ganar la gubernatura de Baja California en 1989. En meses anteriores había rechazado cualquier participación en actividades ilícitas y aseguró que las operaciones de la empresa se realizaban conforme a la ley.

Ahora será un juez quien determine su situación jurídica conforme avance el proceso. Mientras tanto, la FGR señaló que esta investigación continúa abierta y que podrían ejecutarse más órdenes de aprehensión contra otros presuntos involucrados en la misma red de contrabando de combustible.