Un grupo de al menos 100 mexicanos que fueron detenidos en recientes redadas migratorias en el sur del Valle de Texas llegó este jueves al Puente Internacional Reynosa-Hidalgo, en Tamaulipas, tras ser deportados por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Los migrantes arribaron en tres autobuses, custodiados hasta la frontera y entregados a las autoridades migratorias mexicanas, en lo que representa una nueva fase de operativos antiinmigrantes que se han intensificado en ciudades del Valle de Texas.

Testigos compartieron en redes sociales imágenes de los deportados —algunos con bolsas con sus pertenencias— mientras eran trasladados tras cruzar el puente hacia territorio nacional.

Las acciones han generado malestar entre trabajadores migrantes y empresarios locales, quienes aseguran que la fuerte presencia de redadas ha causado miedo generalizado y afectado la mano de obra en el sector de la construcción.

Las autoridades mexicanas activaron los protocolos de atención a repatriados, ofreciendo valoración médica inicial y orientación para decidir si regresan a sus estados de origen o se quedan temporalmente en Tamaulipas.

Este arribo ocurre en medio de un contexto de políticas migratorias cada vez más rígidas en la frontera norte, que siguen impulsando la deportación de connacionales desde Estados Unidos.

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En Guanajuato capital, crecen los señalamientos ciudadanos contra altos mandos y operadores de la Dirección de Tránsito, quienes presuntamente estarían implicados en una red de prácticas irregulares que afectan la confianza en la corporación. No sólo señalan a Alejandro Barbarino Sosa sino también a sus comandantes y amigos.

Sin embargo, argumentan varios testigos con denuncias públicas, y señalamientos a Jesús Guzmán quien sería el encargado de desviar los recursos provenientes de las multas recaudadas en las oficinas de Pozuelos, destinando el dinero a fines ajenos al erario municipal.

Argumentan que el comandante Ramón Pérez Barranco, por su parte, es acusado de asignar el personal según criterios económicos: quien le entrega dinero, presuntamente recibe beneficios, mejores turnos y privilegios; mientras que quienes no participan en estas aportaciones quedan relegados. Esta forma de gestión, de confirmarse, supondría una grave violación a los principios de imparcialidad y servicio público.

Otro nombre señalado es el de Julio García, a quien se le atribuye el cobro indebido o “moche” en casos de verificación, licencias y falta de documentos. Además, presuntamente opera cobros ilegales relacionados con el alcoholímetro, aprovechando el control sobre los operativos para negociar con los infractores. También se menciona que los domingos realiza cobros irregulares en la zona de los museos de Alejandro Navarro, con el operativo en el CEDAJ, el más mencionado retén de valenciana, aprovechando la afluencia de visitantes y conductores.

Estos señalamientos, que presuntamente vinculan a tres personajes clave de Tránsito Municipal, exigen una respuesta inmediata de las autoridades competentes. Sin embargo sabemos que para acabar con la ola de corrupciones se necesita atacar desde las cabezas principales que son los Navarro Smith, ya que son malas prácticas que vienen realizando desde la administración del ex alcalde, y dejan una gran escuela que nunca tendrá fin.

La ciudadanía reclama transparencia, investigaciones a fondo y la garantía de que el servicio vial en la capital deje de ser un negocio particular para convertirse en lo que debe ser: una función pública al servicio de todos.

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Usurero es un término utilizado para referirse a alguien que se dedica a prestar dinero, bienes o servicios cobrando con intereses excesivos o condiciones abusivas. En términos generales, se considera que la persona que ejerce este oficio obtiene ganancias desproporcionadas, aprovechándose de los que no tienen dicho recurso.

Esto ya ha pasado y se dice qué, quién no conoce la historia, está destinado a repetirla.

Recuerde usted cuando por allá de los años 90’s Elektra por medio de Wenster Unión cobraba una comisión de envío de remesas desde Estados Unidos. Esta comisión para enviar dinero desde EE.UU. a través de Western Union (recibido en Elektra) podía oscilar entre $15 y $25 dólares por envío de entre $100 y $300 USD.

Esto equivalía a una tasa efectiva del 5% al 25% del monto enviado, dependiendo de la cantidad y el método de pago, es decir tarjeta o efectivo.

Salinas Pliego, involucrado en varios escándalos políticos y financieros se ha forrado de billetes gracias a estas “pequeñas grandes” comisiones.

Ahora este 2025, el senado de Estados Unidos amenaza con aprobar un impuesto para cobrar el 5% a las remesas, todo esto con fines recaudatorios. Es decir, que todo el dinero que salga de Estados Unidos de los braceros y, en caso de aprobarse, se recuadrará por parte del gobierno.

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Esta es una propuesta de ley que aún no entra en vigor, pero está siendo impulsada por legisladores republicanos, especialmente orientada a inmigrantes indocumentados que busca aplicar un impuesto fijo del 5% sobre el monto de la remesa enviada desde EE.UU. al extranjero.

Quienes demuestren estatus migratorio legal podrían quedar exentos si usan proveedores “autorizados”.

Este impuesto se sumaría a las comisiones normales del proveedor (como Western Unión o MoneyGram), encareciendo notablemente el envío.