Guanajuato. 04 junio 2025.– La elección judicial celebrada el pasado 1 de junio de 2025, promovida como un evento histórico por ser la primera de su tipo en México, terminó dejando más preguntas que certezas. Lejos de marcar un parteaguas democrático, la jornada evidenció una baja participación ciudadana y una preocupante falta de información entre el electorado.

Apenas concluidas las votaciones, comenzaron a circular denuncias y evidencias de una posible estrategia de infiltración política. Como dice el viejo refrán: “Si no puedes con el enemigo, únete a él.”

En al menos 10 casos, candidatos a distintos cargos judiciales aparecieron simultáneamente en listas de apoyo promovidas tanto por el partido Morena como por el PAN. Esto ha levantado sospechas sobre una operación política cuidadosamente orquestada, una suerte de infiltración “quirúrgica” que desdibuja las líneas partidistas tradicionales.

Los indicios más concretos surgieron a través de grupos de WhatsApp, donde circularon “acordeones” —listados con recomendaciones de voto— que mostraban coincidencias entre las propuestas de ambos partidos. Esta situación ha despertado preocupación en algunos sectores, que no descartan un posible intento de manipulación o fraude electoral.

Entre los casos destacados en Guanajuato figura Benito Javier Sánchez Aldana, propuesto como magistrado de circuito del poder federal, quien recibió respaldo de ambos partidos. En los juzgados de distrito también se detectaron coincidencias con las candidatas Casandra Mendoza Carvajal, Cristina Guzmán Ornelas y Paola Patricia Ugalde Aldama.

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En cuanto al Tribunal de Disciplina Judicial, los nombres promovidos por panistas y morenistas fueron Rufino León Tovar, Cecilia Maya García, Indira Isabel García Pérez y Eva Verónica de Gyves Zarate

En total, al menos siete aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuentan con un fuerte respaldo de ambos partidos, lo que ha llevado a algunos analistas a describirlos como “pintados de guinda hasta los huesos”.

No todo fue coincidencia. Algunos perfiles, como los de Lenia Batres Guadarrama e Irving Espinoza Betanzo, fueron impulsados exclusivamente por Morena, sin apoyo visible del PAN.

De acuerdo con el análisis realizado, PAN y Morena promovieron en conjunto a 17 aspirantes en Guanajuato, lo que refuerza la percepción de una estrategia política compartida, más allá de las líneas ideológicas tradicionales.

En el Congreso local, se vivió una jornada de intensa discusión que se extendió por casi seis horas, centrada en la posible despenalización del aborto voluntario en el Código Penal del estado. Durante este largo debate, el Pleno contó con la presencia de numerosos grupos pro-aborto y pro-vida, quienes se manifestaron intensamente a las afueras y en el interior del salón del pleno, defendiendo apasionadamente sus posturas.

Dentro del recinto, se presentaron argumentos contrapuestos. Por un lado, se afirmó que mantener el tipo penal del aborto no busca criminalizar a las mujeres, sino reconocer una conducta con consecuencias legales, con el objetivo de proteger el derecho de las mujeres a no ser forzadas a abortar. También, Se destacó la importancia del derecho a la vida y se sugirió fortalecer las políticas públicas de apoyo a la maternidad, como redes de acompañamiento y atención médica y psicológica.

En contraste, se argumentó que negarse a la despenalización no protege la vida y se aleja de la representación social. Se señaló que la penalización afecta principalmente a mujeres sin recursos para acceder a servicios seguros. Además, se hizo hincapié en que la tipificación del aborto como delito y la falta de atención posterior se considera violencia de género según instrumentos internacionales, y que en el estado existen normativas que violan los derechos humanos.

Se afirmó que el debate es sobre justicia, dignidad y salud pública, y que el Estado debe garantizar condiciones seguras para quienes deciden interrumpir su embarazo. También se subrayó que legalizar el aborto permite un mayor acceso a servicios dignos y seguros de salud, reduciendo las complicaciones y la mortalidad materna por abortos clandestinos, y que la falta de legalidad amplía la brecha de desigualdad.

Finalmente, la votación del dictamen resultó en un empate, por lo que la discusión se pospuso y se reanudará en la próxima sesión del Pleno.

Guanajuato, Gto.- La Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato emitió un exhorto a la Gobernadora del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que instruya a las autoridades competentes y a las concesionarias de carreteras y autopistas estatales a eliminar el cobro de peaje para vehículos de emergencia, especialmente ambulancias públicas y privadas

La propuesta presentada por la diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco y el diputado Rodrigo González Zaragoza, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, subraya la importancia del derecho a la salud como pilar fundamental para una sociedad equitativa y justa. En Guanajuato, este derecho se enfrenta a desafíos significativos en situaciones de emergencia, donde la atención médica oportuna es crucial.

Uno de los principales obstáculos identificados es el cobro de peaje en autopistas de cuota cuando es necesario trasladar pacientes de manera urgente a clínicas en ciudades aledañas. Este cobro no solo implica un costo económico, sino, más importante aún, una demora crucial en la atención que puede afectar la vida de los pacientes.

La bancada Naranja destaca que los vehículos de emergencia cumplen una función esencial en la protección de la vida y la salud, y cualquier obstáculo en su desplazamiento compromete la eficiencia del sistema de atención prehospitalaria.

Se mencionó que, que existen un total de 6 casetas administradas por el gobierno estatal y bajo régimen de concesión Sin embargo, la información sobre los convenios con las concesionarias para servicios auxiliares, incluyendo ambulancias, presentó inconsistencias.

El exhorto busca que la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo instruya a las autoridades competentes y a las concesionarias a establecer convenios de colaboración para eliminar dicho cobro, garantizando así el bienestar público y reforzando el compromiso del Estado con la protección de la vida humana.

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