El estado de Guanajuato se posicionó en el tercer lugar a nivel nacional en el número de carpetas de investigación por el delito de extorsión, al registrar 950 casos entre enero y septiembre de 2025, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Solo el Estado de México, con 1,810 denuncias, y la Ciudad de México, con 1,197, superan a la entidad en este delito que continúa afectando principalmente a comerciantes, empresarios y ciudadanos.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, mayo fue el mes con mayor incidencia en Guanajuato, al concentrar 130 carpetas de investigación. En comparación con estados vecinos, el panorama es más alarmante, pues la entidad supera ampliamente a Jalisco (337 casos), Querétaro (205), San Luis Potosí (129) y Aguascalientes (71). La cifra refleja una tendencia sostenida al alza y una preocupación creciente por la expansión de este delito en el Bajío.

A nivel nacional, durante septiembre se abrieron 792 nuevas carpetas por extorsión, sumando un total de 8,082 investigaciones en lo que va del año. Autoridades estatales reconocen que el delito continúa siendo uno de los más difíciles de combatir, debido a que muchas víctimas prefieren no denunciar por temor a represalias. Expertos en seguridad advierten que será necesario fortalecer los mecanismos de atención y protección a denunciantes, así como la inteligencia financiera para desarticular las redes delictivas que operan en la región.

En el estado de Guanajuato, nueve presidentes municipales recibieron escoltas de la Guardia Nacional desde hace aproximadamente 18 meses, pese a que sus administraciones cuentan con policías municipales propias

De acuerdo con el reporte, siete de ellos pertenecen al partido Movimiento Regeneración Nacional  Nacional (Morena), uno al Movimiento Ciudadano y otro es independiente. Cada alcalde tiene asignados en promedio 14 elementos federales divididos en dos unidades; sumados, superan los 100 efectivos de la Guardia Nacional solo para protección.

Los alcaldes han argumentado que solicitan personal federal porque “confían más” en la Guardia Nacional que en sus cuerpos policiacos locales. Un ejemplo es el edil de Celaya, Juan Miguel Ramírez  Sánchez, quien además declaró que su familia también cuenta con personal de seguridad federal e incluso del Ejército mexicano.

En tanto, la alcaldesa de Pénjamo, Yozajamby  Florencia  Molina  Balver, señaló que ella misma costea parte del gasto de dicha protección al imputarlo a su responsabilidad personal y denunció que ha sido víctima tanto de amenazas externas como de ataques al interior de su administración.

El procedimiento para obtener protección federal establece que, una vez concluida la campaña electoral, el edil debe enviar un oficio a la Secretaría  de  Seguridad  y  Protección  Ciudadana o a la Secretaría  de  Gobernación, para que se evalúe su nivel de riesgo y se determine si procede la asignación de escolta federal. Cabe señalar que en el proceso electoral pasado, Guanajuato concentró 50 % de las solicitudes de protección a nivel nacional para candidatos y funcionarios.

Advertisement

La situación que implica la presencia constante de efectivos federales en labores de seguridad personal de autoridades municipales pone en relieve la percepción de debilidad o desconfianza hacia los cuerpos policiales locales, así como la gravedad del contexto de inseguridad en varios municipios de Guanajuato.

La mañana del 20 de octubre fue asesinado Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, el cuerpo del empresario fue localizado dentro de su vehículo en el camino que conduce a la comunidad de Los Tepetates, donde peritos iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen.

El Gobierno Municipal de Apatzingán lamentó el asesinato del líder limonero y expresó su solidaridad con la familia Bravo Manríquez. En un comunicado, las autoridades locales condenaron los actos de violencia que atentan contra la paz y exigieron a las instancias competentes el pronto esclarecimiento del homicidio. “Nos solidarizamos con su familia y con todas las personas que trabajan con esfuerzo por el desarrollo de nuestra tierra”, señaló el ayuntamiento.

El sector limonero de Michoacán ha sido uno de los más afectados por la violencia en los últimos años, debido a extorsiones, secuestros y asesinatos atribuidos a grupos delictivos. En los últimos meses, otros empresarios como Rogelio Escobedo Peñaloza y José Luis Aguiñaga Escalera fueron víctimas de ataques similares, lo que ha generado preocupación entre los productores y empacadores de la región de Tierra Caliente, quienes exigen mayores medidas de seguridad para poder continuar con sus labores.