El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) y el Congreso del Estado de Guanajuato firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de promover e implementar acciones conjuntas enfocadas en el fomento y fortalecimiento de los valores cívico-democráticos, especialmente entre la niñez y la adolescencia. Este esfuerzo busca contribuir a la formación de ciudadanos informados, responsables y comprometidos con el desarrollo de la entidad, con un estricto respeto a los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

El convenio fue suscrito por la consejera presidenta del IEEG, Brenda Canchola Elizarraraz, y la secretaria ejecutiva, Indira Rodríguez Ramírez. Por parte del Congreso del Estado de Guanajuato, firmaron la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, en representación de la presidencia, el diputado Rodrigo González Zaragoza, y el secretario general, Javier Torres Mereles.

El evento contó con la presencia de las consejeras electorales María Concepción Esther Aboites Sámano y Blanca Marcela Aboytes Vega, así como los consejeros Eduardo Joaquín del Arco Borja, Luis Gabriel Mota y Gustavo Hernández Martínez. Además, estuvieron presentes estudiantes de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, del municipio de Guanajuato, quienes participaron activamente en la ceremonia.

Durante su mensaje, la consejera presidenta del IEEG, Brenda Canchola Elizarraraz, destacó que este convenio representa una oportunidad para acercar a las nuevas generaciones a los temas cívicos y democráticos, buscando despertar su interés en el ámbito público y en lo comunitario. “Reconocemos nuestra responsabilidad y el compromiso que tenemos con la sociedad guanajuatense”, expresó.

Por su parte, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia resaltó el importante trabajo que realiza el IEEG en la formación de ciudadanía, destacando su constancia en el fomento de los valores cívico-democráticos en el estado, lo cual, aseguró, contribuirá a una sociedad más informada y participativa.

En Guanajuato, la violencia en las carreteras no da tregua. Ahora fue la diputada local de Morena, María Eugenia García Oliveros, quien vivió momentos de terror en el municipio de Apaseo el Grande.

La legisladora denunció que fue interceptada por un grupo armado mientras viajaba con su familia. Los delincuentes le cerraron el paso y la persiguieron en reversa por más de un kilómetro.

Afortunadamente, dijo, alcanzaron a evadir el intento de asalto, robo o secuestro, pues realmente desconocía qué intención tenían estos sujetos.

Logró escapar y resguardarse en un cuartel de la Guardia Nacional. Sin embargo, señaló que al llamar al 911, en lugar de recibir apoyo inmediato, solo le proporcionaron el número de dicha corporación.

Ante esta situación, la diputada exhortó al Congreso del Estado y a la Secretaría de Seguridad y Paz para que se implementen protocolos de seguridad para los legisladores.

Argumentó que, a diferencia de alcaldes y funcionarios del Ejecutivo estatal, los diputados no cuentan con protección adecuada, a pesar de que su labor en campo los expone a riesgos graves.

García Oliveros recordó que hace apenas 15 días pidió al Ayuntamiento de Apaseo el Grande reforzar la seguridad en la zona, incluyendo la revisión del director de Seguridad Pública. También insistió en la urgencia de atender la ola de violencia en la carretera Celaya-Querétaro, un tramo que, aseguró, ha documentado en múltiples ocasiones.

Más allá de su experiencia personal, la diputada dijo estar preocupada por la falta de garantías de seguridad para los ciudadanos que todos los días transitan por estas carreteras.

El documento presentado por la legisladora ya fue turnado a la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones para su estudio y dictamen.

El día 12 de marzo del presente año se llevó a cabo una mesa de trabajo convocada por la Comisión de Salud Pública donde se analizaron dos iniciativas de reforma a la Ley de Salud del Estado de Guanajuato. Dichas iniciativas plantean prestar servicios de salud sexual y reproductiva, planificación familiar, integrar la interrupción legal de embarazo, entre otras cosas.

La diputada Sandra Pedroza Orozco señaló que la integración a la interrupción del embarazo busca que el derecho a decidir sea respetado por la entidad estatal y que se establezcan dependencias y entidades públicas de salud que procederán a realizar la interrupción del embarazo de forma gratuita y en condiciones de calidad hasta la décima segunda semana completa de gestación cuando la mujer o persona gestante interesada así lo solicite.
Marissa Bueno Elizararrás de la Red de Acompañantes León comentó durante su intervención que seguir penalizando el aborto provoca que recurran a la clandestinidad, siendo esta una de las principales causas de muerte; añadió, además, que seguir negando este servicio perpetua la violencia contra la mujer.
No obstante, había personas que conformaban la mesa que se oponían únicamente a la idea de legalizar el aborto. La mayoría de ellas concordaban que era necesario una atención digna a la mujer con información confiable y al alcance de instituciones públicas de salud, pero se negaban a la idea de que el aborto fuera legal argumentando que se trataba de una vida individual.
El legislador Antonio Chaurand Sorzano resaltó casi al final de la mesa de trabajo que estaba a favor de la vida, pero que estaba en contra de criminalizar a una mujer por decidir.
¿Guanajuato estará más cerca de incluirse a la lista de los estados que permiten el aborto?