El que ha sido considerado el caso más grande de huachicol fiscal en México enfrenta un fuerte revés judicial luego de que un tribunal revocara la vinculación a proceso por contrabando de combustible contra el empresario Edgar Marín Meza Moreno. La decisión se originó por una omisión de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con el proceso judicial, la FGR no notificó a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) durante el procedimiento, un paso clave que terminó debilitando el caso ante los tribunales.

El empresario, dueño de Impulsora de Productos Sustentables, fue acusado de importar en 2019 28.7 millones de litros de diésel a bordo del buque Atlantic Bay, aunque en la declaración oficial sólo reportó 7.2 millones de litros.

Esta diferencia habría provocado un daño al erario de alrededor de 173 millones de pesos, debido a derechos e impuestos que no se pagaron, mientras el combustible presuntamente circuló en el mercado negro.

El caso había sido considerado uno de los golpes más relevantes contra el huachicol fiscal, un esquema que consiste en introducir combustibles al país con documentación falsa o con volúmenes menores a los reales para evadir impuestos.

Sin embargo, la falla en el procedimiento de la Fiscalía ahora pone en riesgo la continuidad del proceso penal y podría beneficiar al empresario señalado.

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En el marco del Día Internacional de la Mujer, la diputada Sandra Pedroza entregó a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo un pañuelo verde y el libro “Todos deberíamos ser feministas” de la escritora Chimamanda Ngozi Adichie, tras la presentación del Segundo Informe de Gobierno. El gesto, explicó la legisladora, busca recordar el compromiso que existe con las niñas, adolescentes y mujeres de Guanajuato.

Más tarde, durante la sesión en el Pleno del Congreso del Estado, Pedroza replicó la entrega del pañuelo y del libro a distintas diputaciones, incluidas las del Partido Acción Nacional, como un llamado a mantener presentes las causas feministas dentro de la agenda pública y en las decisiones legislativas.

La diputada señaló que el objetivo es que el feminismo no se quede únicamente en discursos, videos o comunicados en fechas conmemorativas, sino que se refleje todos los días en las políticas y decisiones de gobierno. De acuerdo con Pedroza, la gobernadora recibió el gesto con agrado y explicó que el libro fue entregado a nombre de colectivas feministas

Cada año, durante el Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres toman las calles para exigir justicia y visibilizar la violencia de género. En ese contexto, las pintas y rayones en monumentos forman parte de lo que especialistas llaman Iconoclasia feminista (se pronuncia i-co-no-clásia). Este concepto se refiere a la intervención de símbolos públicos como forma de protesta, no desde la destrucción gratuita, sino como un acto cargado de significado social y político.

Para muchas manifestantes, estos actos representan una ruptura con las formas tradicionales de protesta que no han dado resultados. Las pintas suelen incluir nombres de víctimas, denuncias y consignas que buscan incomodar a la sociedad para obligarla a mirar una realidad que ha sido ignorada. Los monumentos, al representar poder, historia y autoridad, se convierten en el blanco de estas intervenciones, no por lo que son físicamente, sino por lo que simbolizan dentro de un sistema que, desde su perspectiva, ha fallado en protegerlas.

Expertos en temas sociales coinciden en que la iconoclasia feminista es una forma de protesta simbólica que busca generar conversación y presión social. Aunque el debate sobre si es válida o no sigue abierto, estas acciones han logrado posicionar el tema de la violencia contra las mujeres en la agenda pública. Más allá de la polémica, entender su significado permite ver que detrás de cada pinta no hay solo daño material, sino un mensaje urgente que exige ser escuchado.