A poco más de un año del Mundial 2026, el gobierno mexicano busca enviar un mensaje claro: el evento está blindado.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aseguró que la seguridad durante la Copa del Mundo “está garantizada”, gracias a la implementación de múltiples protocolos y estrategias coordinadas entre autoridades federales, estatales y organismos internacionales.

El plan contempla inteligencia policial, monitoreo de riesgos y despliegues especiales en las ciudades sede, con el objetivo de proteger tanto a turistas como a la población local durante el evento deportivo más importante del planeta.

Las declaraciones llegan en un contexto donde la seguridad en México ha sido tema de debate internacional, lo que ha obligado al gobierno a reforzar su estrategia y coordinación con organismos como la FIFA.

Aun así, el mensaje oficial es contundente: el Mundial no solo se jugará en México… también se busca que se viva con seguridad.

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La carrera rumbo a 2027 ya comenzó… y el PAN empieza a mover sus fichas.

El dirigente nacional del partido, Jorge Romero Herrera, abrió la puerta a que Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan, pueda convertirse en una de las cartas fuertes para competir por la gubernatura de Michoacán.

Durante una conferencia, el líder panista reconoció su perfil como un liderazgo relevante en el estado y dejó claro que el partido está dispuesto a dialogar con figuras ciudadanas que coincidan con su visión política.

Aunque aún no hay una candidatura definida, el mensaje es claro: Acción Nacional busca ampliar su base y sumar perfiles con peso local para enfrentar a Morena en una de las elecciones más importantes del país.

El posible acercamiento también refleja un cambio de estrategia: abrir espacios a liderazgos fuera de sus filas tradicionales en busca de competitividad electoral.

Por ahora, no hay nada firmado… pero en Michoacán, el juego político ya empezó.

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El precio del diésel encendió la alerta en el Gobierno federal… y ahora vienen acciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum fue clara: no existe justificación para que algunas gasolineras vendan el combustible por arriba de los 28 pesos por litro, especialmente cuando hay subsidios activos para contener su costo.

Ante este escenario, anunció que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y otras instituciones iniciarán revisiones a estaciones de servicio para detectar posibles irregularidades en los precios.

El gobierno argumenta que se están destinando recursos públicos para reducir el impacto del diésel —clave para el transporte de mercancías—, por lo que los precios elevados afectan directamente la economía y podrían no estar justificados.

Datos oficiales revelan que, aunque el promedio nacional ronda los 28.50 pesos por litro, más de un tercio de las gasolineras lo venden aún más caro, lo que ha intensificado la presión para intervenir.

Mientras tanto, el mensaje es contundente: si no bajan los precios… habrá revisiones fiscales.

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