El estado de Guanajuato inició el 2026 con un panorama alarmante: al menos seis personas buscadoras permanecen desaparecidas, a lo que se suma el asesinato de por lo menos nueve madres y padres buscadores en los últimos años. Esta realidad exhibe la vulnerabilidad extrema de quienes, ante la ausencia del Estado, se organizan para buscar a sus familiares desaparecidos y terminan convirtiéndose también en víctimas.

Entre los casos de personas buscadoras desaparecidas se encuentran Martha Leticia Gallardo Martínez (abril de 2018), Lorenza Cano Flores (enero de 2024), Luz Alejandra Lara Cárdenas y Óscar Iván Jiménez Torres (noviembre de 2024), Francisco Arias Mendoza (junio de 2025) y José Juan Arias Corona, reportado como desaparecido el 28 de diciembre de 2025. Estos nombres reflejan una constante: la búsqueda de justicia y verdad se paga en Guanajuato con amenazas, desapariciones y muerte.

El caso más reciente es el de José Juan Arias Corona, padre buscador de “Juanito”, un adolescente de 15 años desaparecido desde el 19 de junio de 2025 en Valle de Santiago. José Juan fue visto por última vez la mañana del 28 de diciembre, luego de dejar a su esposa en su trabajo, en la comunidad de Rancho U. Desde entonces no se sabe nada de su paradero, pese a que su desaparición fue reportada de manera oficial.

Este contexto coloca a Guanajuato como uno de los estados más peligrosos para las personas buscadoras. Casos como el de Teresa Magueyal, asesinada en 2023 en Celaya; María del Carmen Vázquez, homicidio en 2022 en Abasolo; y Francisco Javier Barajas Piña, asesinado en 2021 en Salvatierra, evidencian un patrón de violencia sistemática. Organismos como la CIDH han advertido que, en entidades como Guanajuato, Sonora, Jalisco, Tamaulipas y Veracruz, buscar a un desaparecido se ha convertido en una actividad de alto riesgo, ante la omisión, la impunidad y la falta de garantías reales de protección por parte del Estado.

Como resultado de labores de inteligencia y operativos en campo, se logró la detención y posterior vinculación a proceso de diversos individuos señalados como probables responsables del delito de extorsión agravada.

Estos asuntos revisten especial relevancia al tratarse de algunos de los primeros casos judicializados bajo la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, lo que representa un precedente en el combate frontal a este ilícito en la entidad.

En el municipio de Salamanca, la Fiscalía General del Estado ejecutó órdenes de aprehensión en contra de personas que mantenían bajo amenaza constante a comerciantes del mercado Tomasa Esteves y zonas aledañas.

En uno de los casos, LUIS DAVID “N” fue vinculado a proceso penal por el delito de extorsión agravada, cometido en perjuicio del propietario de un establecimiento de alimentos. De acuerdo con la investigación, el imputado hacía llegar notas extorsivas y enviaba mensajes telefónicos en los que se atribuía la representación de una organización criminal. Derivado de ello, el Juez de Control determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva.

De igual manera, en el mismo municipio, LUIS ALBERTO “N” fue vinculado a proceso por conductas extorsivas en agravio de los propietarios de un negocio local. El imputado enviaba mensajes intimidatorios y realizaba llamadas telefónicas, firmadas a nombre de un grupo delictivo, mediante las cuales exigía la entrega de dinero a cambio de no atentar contra la vida de las víctimas. Tras la formulación de imputación por parte del Ministerio Público, la autoridad judicial resolvió vincularlo a proceso por el delito de extorsión agravada, conforme a la nueva legislación general, e imponer la prisión preventiva como medida cautelar.

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Salamanca, Gto.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo una sentencia condenatoria firme en contra de CÉSAR ARTURO “N”, al acreditarse plenamente su responsabilidad penal en los delitos de robo calificado y privación de la libertad agravada, por hechos ocurridos en el municipio de Salamanca.

Con base en la carpeta de investigación, se estableció que el 21 de agosto de 2023, sobre la carretera Valle de Santiago–Salamanca, las víctimas fueron interceptadas por un vehículo del cual descendió el hoy sentenciado, quien portaba un arma de fuego. Durante la agresión, golpeó al conductor en la cabeza y obligó a ambos ofendidos a subir a otro vehículo, mientras se apoderaba de la camioneta en la que se trasladaban.

Derivado del proceso penal y tras la celebración del Juicio Oral, la autoridad judicial, con sustento en las pruebas aportadas por el Ministerio Público, dictó una pena total de 30 años y 8 meses de prisión. Dicha condena se integra por 8 años por el delito de robo calificado, 7 años y 6 meses por cada una de las dos privaciones de la libertad agravada, así como un incremento de 7 años y 8 meses por la reincidencia del sentenciado.

Adicionalmente, se impuso el pago de una multa económica por concepto de reparación del daño, que incluye la indemnización por daño psicológico y los perjuicios materiales ocasionados a las víctimas. En atención a la gravedad de los delitos y a la pena impuesta, se le negaron al sentenciado todos los beneficios procesales, por lo que deberá cumplir la condena de manera íntegra en reclusión.