San Luis de la Paz, Gto.– La intervención del Escuadrón Antiextorsión de la Secretaría de Seguridad Pública permitió recuperar una camioneta con un valor aproximado de 450 mil pesos, la cual había sido robada momentos antes.

El incidente se registró cuando los agentes realizaban un patrullaje de rutina y observaron un vehículo Jetta gris que, pese a circular con normalidad, efectuó un giro repentino al notar la presencia policial. Mientras los oficiales ampliaban su recorrido para verificar la situación, detectaron una camioneta Pick-Up cargada con llantas.

A un costado del vehículo, un hombre solicitaba auxilio. Señaló que dos sujetos descendieron del Jetta y lo despojaron de su unidad. Además, indicó que uno de ellos realizó disparos para obligarlo a alejarse y esconderse entre la vegetación.

Los elementos de seguridad implementaron un operativo de búsqueda que permitió ubicar la camioneta aproximadamente tres kilómetros adelante, abandonada en una zona rural. Aunque los responsables no fueron localizados, el vehículo y la carga quedaron asegurados conforme a los procedimientos establecidos.

La víctima fue acompañada hasta la cabecera municipal, donde recibió orientación y apoyo especializado para dar seguimiento al caso.

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Pénjamo, Gto.– Un operativo conjunto de autoridades estatales y federales permitió el aseguramiento de armamento, equipo táctico y droga en la comunidad de Churipitzeo, en el municipio de Pénjamo.

El hallazgo se registró durante labores de patrullaje preventivo en la calle Joaquín Pardavé, donde los elementos detectaron una maleta negra colocada dentro de un predio baldío, lo que llamó su atención.

Tras una inspección, se confirmó que el paquete contenía armas de fuego, cartuchos, equipo táctico, ropa camuflada y una granada hechiza. Esta última fue resguardada por personal especializado de la Secretaría de la Defensa Nacional para su manejo y posterior desactivación.

Entre lo asegurado se encuentran cinco armas de fuego: dos fusiles calibre 5.56 milímetros y tres pistolas calibre 9 milímetros, además de 227 cartuchos de distintos calibres y once cargadores para armas largas y cortas.

También se localizaron 60 dosis de marihuana, una báscula gramera y dos pipas, así como diversos artículos tácticos, entre ellos cuatro chalecos, un par de botas, rodilleras, coderas, siete prendas camufladas y cinco placas balísticas.

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Todo el material fue puesto a disposición de la autoridad competente para la integración de las investigaciones.

Durante una audiencia realizada recientemente, el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con los asesores jurídicos de las víctimas, ambos adscritos a la Unidad Especializada en Combate a la Trata de Personas, presentó ante la autoridad judicial los elementos que permitieron obtener un resultado inmediato: la vinculación a proceso y, en el mismo acto, la sentencia condenatoria contra Teresa de Jesús “N”, de 35 años, por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual.

El caso se originó en Irapuato, en 2021, cuando la acusada reclutó a dos mujeres adultas para destinarlas a la prestación de servicios sexuales, actividad mediante la cual obtenía un beneficio económico directo.

Las investigaciones desarrolladas por personal especializado, entre ellos agentes de investigación criminal, analistas y expertos en delitos de trata, permitieron reconstruir el método de operación de la señalada y acreditar plenamente la comisión del delito contemplado en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso de forma técnica y detallada los datos de prueba, incluidas entrevistas con perspectiva de género, informes de trabajo social y dictámenes especializados. La solidez de la carpeta permitió que el tribunal emitiera su resolución sin reservas.

Como resultado, la autoridad judicial decretó la vinculación a proceso y dictó sentencia condenatoria, imponiendo a Teresa de Jesús “N” una pena de cuatro años de prisión, una multa económica y la suspensión de sus derechos político-electorales durante el periodo de la sanción.

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