Nacional
La Guardia Nacional presenta un grupo de élite llamado Fuerza Especial de Reacción e Intervención, FERI, que realizará operaciones de alto impacto en contra de la delincuencia organizada, entre otras tareas especializadas
Unas semanas antes de la visita del presidente López Obrador a los Estados Unidos, algo comenzó a suscitarse al interior de las Fuerzas Armadas, sin embargo, fue a su regreso de la Casa Blanca que las cosas se pusieron color de hormiga y se aceleraron los procesos para enfrentar al crimen organizado, uno de ellos es la FERI, que es la Fuerza Especial de Reacción e Intervención, un grupo de élite de la Guardia Nacional.
Costa de 500 elementos militares con alta preparación, y se especializa en recuperación y traslado de personas secuestradas y casos donde haya toma de rehenes y gente en situación de riesgo.
Sus actividades son desplegar tareas de búsqueda, localización, desactivación y neutralización de artefactos explosivos. Neutralización de amenazas de materiales químicos, biológicos o radiológicos. Realizar operaciones de alto impacto en contra de la delincuencia organizada. Desplegar operaciones sorpresivas y de corta duración en zonas urbanas de alta incidencia delictiva. Y brindar apoyo a las autoridades ministeriales en detenciones y cateos de inmuebles.
La presentación de la FERI sería poner a la Guardia Nacional al frente de las operaciones contra el crimen organizado, restándole presencia al ejército y la Marina armada de México, es decir, quitando protagonismo en operaciones específicas, pero sin dejar de depender de los altos mandos militares.
Esta presentación deja ver que la inteligencia militar se está preparando para más sucesos como los ocurridos desde la semana pasada, desde el martes 9 de agosto, el llamado martes ardiente en varios municipios de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California. O de evitar otros culiacanazos, como el de octubre de 2019, cuando se vieron obligados a liberar a Ovidio Guzmán una vez que dieron con él y lo capturaron, y el supuesto de la detención de capos en Jalisco la semana pasada, lo que desató el caos incendiario a través de 300 kilómetros de territorio nacional.
El mensaje es claro: una fuerza militar especializada y de élite enfrentará las demostraciones de poder y los actos de terrorismo de los grupos criminales.
Deneck Inzunza.
Gobierno
Vinculan a proceso a exgobernador de Colima por presunto peculado junto a su exsecretario de Finanzas
La justicia alcanzó a un exmandatario estatal.
El exgobernador priista de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, fue vinculado a proceso junto con quien fuera su secretario de Finanzas, Carlos Noriega García, por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones.
De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción del estado, las acusaciones derivan de presuntas irregularidades cometidas durante la pasada administración estatal. Aunque ambos enfrentarán el proceso en libertad, el caso ya es considerado histórico en Colima.
La fiscal especializada, Esperanza Ramírez Vela, aseguró que existen más investigaciones abiertas contra los exfuncionarios y advirtió que podrían judicializarse próximamente.
Durante la audiencia, el juez otorgó un plazo de cinco meses para la investigación complementaria, mientras las autoridades continúan revisando posibles daños al erario, cuyo monto todavía no ha sido revelado oficialmente.
El caso vuelve a poner bajo la lupa a exgobernadores acusados de corrupción… y revive el debate sobre si finalmente habrá consecuencias reales para quienes manejaron recursos públicos.
Justicia
Fiscalía General de la República cita a 50 funcionarios por caso de agentes de EU en Chihuahua
El escándalo por la presencia de agentes estadounidenses en México sigue creciendo… y ahora apunta a funcionarios.
La Fiscalía General de la República (FGR) citó a declarar a alrededor de 50 funcionarios y agentes de Chihuahua que participaron en el operativo donde murieron dos agentes de Estados Unidos en abril pasado.
La investigación busca esclarecer si las autoridades locales tenían conocimiento de la participación de extranjeros, así como las condiciones legales en las que se llevó a cabo la operación en la Sierra del Pinal.
El caso ha encendido alertas a nivel nacional, ya que la FGR advirtió que podría tratarse de delitos relacionados con seguridad nacional, lo que elevaría la gravedad del asunto.
Todo surge tras el operativo del pasado 19 de abril, en el que murieron cuatro personas —incluidos dos agentes estadounidenses— luego de acciones contra un narcolaboratorio en Chihuahua, lo que detonó una crisis política y cuestionamientos sobre la soberanía del país.
Ahora, con decenas de funcionarios bajo la lupa, el caso entra en una nueva fase… donde ya no solo se investigan hechos, sino posibles responsabilidades dentro del propio gobierno.
Ciudad
Claudia Sheinbaum asigna protección a Rubén Rocha Moya en medio de presión de EU por extradición.
El caso que ya escala a nivel internacional suma un nuevo capítulo.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuenta con protección de la Guardia Nacional, en medio de la polémica por una solicitud de detención impulsada desde Estados Unidos.
De acuerdo con el gobierno federal, esta medida responde a un análisis de riesgo, ya que cualquier funcionario puede solicitar seguridad si considera que su integridad está en peligro.
El respaldo ocurre mientras autoridades estadounidenses buscan su detención con fines de extradición por presuntos vínculos con el crimen organizado, aunque México ha cuestionado la falta de pruebas y ha señalado que no existe una solicitud formal completa.
Rocha Moya solicitó licencia a su cargo para enfrentar las investigaciones, mientras el caso genera tensión entre ambos países y abre un debate sobre soberanía, justicia y presión internacional.
Por ahora, el mensaje del gobierno mexicano es claro: sin pruebas contundentes, no habrá decisiones precipitadas… pero el conflicto apenas comienza.
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