Guanajuato se ubicó en el cuarto lugar nacional en percepción de inseguridad, de acuerdo con los resultados dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El listado nacional con mayor porcentaje de percepción negativa es encabezado por el Estado de México con un 90.0%, seguido por Morelos con 88.7%, Tabasco con 87.6% y Guanajuato con un 85.9%, mientras que en contraste las entidades con menores índices fueron Coahuila con 27.8%, Yucatán con 35.5% y Aguascalientes con 41.0%. A la par de estos indicadores, el INEGI reveló un incremento en la prevalencia delictiva en la entidad, registrando que la tasa de víctimas pasó de 20,490 en 2024 a 21,824 en 2025 por cada 100 mil habitantes.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato reconoció los retos existentes en materia de seguridad y apuntó que la estrategia CONFIA continuará operando enfocándose en labores de inteligencia, prevención y coordinación institucional.

De 52 autoridades municipales y estatales que fueron evaluadas, ¡solo cinco cumplieron al 100 por ciento! con su obligación de rendir cuentas a la gente.

Esta es la primera radiografía que hace el nuevo órgano garante, Transparencia para la Gente, esa área que nació dentro de la Secretaría de la Honestidad, justo después de la extinción del IACIP a nivel estatal, siguiendo la reforma nacional que desapareció al INAI.

¿El resultado? Un promedio estatal de 88.5 por ciento. Suena bien, pero no lo es. Significa que 47 autoridades tienen fallas: formatos mal llenados, hipervínculos rotos y información a medias que no le sirve al ciudadano.

¿Quiénes sí cumplieron a cabalidad? Ponga atención:
El Archivo General del Estado, el Municipio de León, el Poder Ejecutivo Estatal, SAPAL de León y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Solo ellos cinco.

En el otro extremo, la vergüenza: Xichú con apenas 29 por ciento, es decir, 7 de cada 10 obligaciones no las cumple. Le siguen Jaral del Progreso con 61.4 por ciento y Tierra Blanca con 63.6 por ciento. También en la lista de atención requerida están Santiago Maravatío y Atarjea.

Advertisement

¿Qué dijo la autoridad? José Andrés Rizo Marín, director de Transparencia para la Gente, fue claro: “Nosotros hacemos el monitoreo, si hay hallazgos o ligas rotas, requerimos al sujeto obligado para que en plazo de ley solvente y cumpla al 100, que ese es el objetivo”.

Hay que decirlo, no es una chamba menor, cada dependencia genera en promedio un millón de registros cada trimestre.

Todas las que no cumplieron tienen ahora 20 días para corregir y ponerse al corriente. De no hacerlo, vendrán procedimientos.

Esta evaluación todavía se hizo con la metodología del viejo IACIP, pero a partir de 2027 cambia todo, con nuevos formatos y el nuevo modelo de nueve autoridades garantes.

Y la apuesta ahora no es solo calificar, es que usted y yo podamos consultar temas que sí nos importan: seguridad, agua y por ejemplo, en qué se van a gastar los recursos del acueducto de la Presa Solís.

Advertisement

Cinco de 52… el mensaje es claro, en Guanajuato la transparencia sigue siendo una tarea pendiente.

El precio del diésel ha escalado de manera alarmante hasta alcanzar máximos históricos que rondan los 6 dólares por galón a nivel general en Estados Unidos, mientras que en regiones con alta presión fiscal y logística, como California, el costo de este combustible se ha disparado hasta rozar los 8 dólares por galón.

Este incremento drástico y sin precedentes responde de forma directa a la volatilidad en los mercados energéticos internacionales, intensificada por las tensiones geopolíticas y los conflictos en Medio Oriente, en particular la situación con Irán, lo que ha contraído la oferta global y encarecido drásticamente los costos de refinación y distribución del crudo.

El impacto de este fenómeno es un detonante inflacionario que golpea severamente a la cadena de suministro, ya que al ser el diésel el combustible principal de la industria de carga pesada y transporte de mercancías, su encarecimiento eleva de inmediato los costos operativos de distribución.

Como consecuencia directa de esta crisis en el transporte, los precios de los alimentos y de los productos de consumo básico registran aumentos acelerados en los anaqueles, erosionando el poder adquisitivo de los consumidores y generando una fuerte presión sobre la economía familiar y los márgenes de operación de las pequeñas y medianas empresas logísticas.