Como parte del seguimiento a las acciones operativas del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, autoridades federales y estatales lograron la detención de 16 personas, así como el aseguramiento de armamento, explosivos y vehículos, en distintos puntos de la entidad.

En los operativos participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades locales. Como resultado, se aseguraron 27 armas de fuego, 50 cartuchos, 16 cargadores, ocho artefactos explosivos improvisados y nueve vehículos.

Con el propósito de fortalecer la seguridad y generar condiciones de confianza para habitantes, trabajadores y propietarios de establecimientos, se llevaron a cabo recorridos a pie y visitas a empacadoras e industrias cítricas en los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Múgica, San Juan de los Plátanos, Lázaro Cárdenas, Chinicuila y Felipe Carrillo Puerto.

De acuerdo con el balance presentado por las autoridades, del 10 de noviembre al 21 de diciembre de 2025 se logró la detención de 241 personas y el aseguramiento de 118 armas de fuego, 9 mil 350 cartuchos, 484 cargadores y 212 vehículos. Asimismo, se incautaron 176 artefactos explosivos improvisados, 53 kilos de material explosivo, 75 kilos de marihuana y 764 kilos de metanfetamina.

Durante este mismo periodo, también se aseguraron 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas, se inhabilitaron 16 campamentos y se desmantelaron 39 tomas clandestinas, como parte de las acciones integrales para debilitar a los grupos delictivos que operan en la región.

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San José de Iturbide, Gto.- Se logró la detención de cinco personas identificadas como presuntos generadores de violencia, además del aseguramiento de tres vehículos con reporte de robo, un artefacto explosivo y presunta droga.

El primer operativo se activó tras un reporte recibido en el Sistema Estatal C5I, derivado de una agresión con armas de fuego en contra de personal de las fiscalías de Guanajuato y Querétaro, ocurrida en la colonia Centro.

Posteriormente, se atendió un reporte de robo de vehículo con violencia en la comunidad La Huerta, evento en el que una mujer perdió la vida y un joven resultó lesionado, lo que motivó el reforzamiento de la presencia operativa en la zona.

Durante los patrullajes, los oficiales aseguraron tres vehículos con reporte de robo vigente y localizaron una granada de fragmentación en caminos de terracería de la comunidad Buenavistilla.

Más tarde, a partir de un reporte ciudadano al número de emergencias 911 sobre la presencia de personas armadas en la comunidad La Torna, se desplegó un nuevo operativo que culminó con la detención de cinco individuos y el aseguramiento de 27 envoltorios con una sustancia con características similares a la droga conocida como cristal.

Las personas detenidas, originarias de los estados de Jalisco y Nayarit, junto con los indicios asegurados, fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, instancia que continuará con las investigaciones para determinar su probable participación en los hechos ocurridos en el municipio.

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La Fiscalía General del Estado acreditó la responsabilidad penal de JONATHAN “N” por el delito de feminicidio, cometido el 10 de mayo de 2024 en el municipio de San Francisco del Rincón.

De acuerdo con las investigaciones, el sentenciado ingresó de manera violenta a un domicilio ubicado en la comunidad Salto de la Zorra, donde privó de la vida a la víctima por estrangulación, en un contexto previo de conductas reiteradas de acoso.

Durante la audiencia de individualización de sanciones celebrada en el juicio oral, el Ministerio Público solicitó la imposición de una pena de prisión, sustentando su petición en los datos de prueba desahogados a lo largo del proceso penal.

Derivado de lo anterior, la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria en contra del acusado, imponiéndole una pena de 30 años de prisión, el pago de una multa económica y la reparación integral del daño, que contempla los gastos funerarios, la indemnización correspondiente y la reparación del daño moral a favor de las víctimas indirectas.