La presidenta Claudia Sheinbaum encendió el debate nacional al plantear que la nueva ley contra el feminicidio podría aplicarse de manera retroactiva, es decir, alcanzar casos ocurridos antes de su aprobación.

Aunque la iniciativa aún no contempla este punto en la Constitución, la mandataria reconoció que se analizará si es viable incluirlo con apoyo de la Fiscalía y la Secretaría de las Mujeres.

La propuesta forma parte de una reforma más amplia que busca endurecer castigos —de hasta 70 años de prisión— y homologar la investigación de feminicidios en todo el país para combatir la impunidad.

Además, el gobierno no descarta revisar expedientes de casos anteriores que quedaron sin resolver, lo que podría reabrir investigaciones emblemáticas y dar un nuevo giro a la búsqueda de justicia para las víctimas.

La posibilidad de aplicar la ley hacia atrás genera expectativa… pero también polémica: ¿se trata de justicia histórica o de un terreno legal riesgoso?

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El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) firmó un convenio de colaboración con el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET A.C.), con la intención de reforzar la participación política de los pueblos y comunidades indígenas en el estado. El acuerdo busca generar condiciones más equitativas para el ejercicio de sus derechos político-electorales, bajo un enfoque de respeto a la identidad cultural y lingüística.

Durante la firma, encabezada por Brenda Canchola Elizarraraz y representantes de CEPIADET, se destacó la importancia de implementar estrategias que permitan acercar la información electoral a comunidades históricamente marginadas. La colaboración contempla acciones como capacitación, difusión y acompañamiento, con herramientas adaptadas a los contextos culturales de las poblaciones indígenas, algo que durante años ha sido una deuda pendiente en materia de inclusión democrática.

No obstante, el reto no es menor: pasar del discurso institucional a resultados tangibles. Aunque el convenio plantea avances hacia una democracia intercultural, organizaciones y ciudadanos señalan que este tipo de acuerdos deben traducirse en cambios reales y medibles, evitando que queden solo en actos protocolarios. La expectativa ahora recae en que este esfuerzo no se diluya y realmente garantice una participación efectiva, libre de discriminación, para los pueblos indígenas en Guanajuato.

Habitantes de la comunidad de Puentecillas, en Guanajuato, denunciaron una grave problemática derivada de una fuga de drenaje en la zona de la presita, justo frente a un centro de rehabilitación, la cual —lejos de ser solucionada— terminó por dejar sin agua potable a varias familias. De acuerdo con el reporte ciudadano, tras insistir ante el organismo operador, los trabajos realizados habrían dañado la tubería de agua, agravando la situación y dejando el problema sin atender.

Los vecinos señalaron que esta no es la única irregularidad, ya que también existe otra fuga activa rumbo al campo de futbol que, aseguran, lleva meses sin ser reparada. La falta de respuesta por parte de las autoridades ha generado molestia e indignación entre la comunidad, que acusa abandono institucional y una evidente falta de seguimiento a reportes que afectan directamente la salud y calidad de vida de las familias.

Además, los denunciantes expresaron inconformidad con la actuación de la delegación local, señalando omisiones en sus funciones y falta de atención a las solicitudes ciudadanas. En un contexto donde el acceso al agua es un derecho básico, los habitantes advierten que la negligencia y la falta de coordinación entre autoridades no solo perpetúan el problema, sino que reflejan una preocupante indiferencia ante las necesidades más urgentes de la población.