Dos agencias de seguridad de Estados Unidos analizan acusaciones sobre presuntos vínculos de Andrés Manuel “Andy” López Beltrán con el crimen organizado y el contrabando de combustible, reveló The New York Times. El reporte, publicado este 29 de septiembre, señala que la información proviene de personas con conocimiento de las indagatorias.

Sin embargo, hay un punto importante: el diario estadounidense aclara que no se han iniciado investigaciones formales en su contra. También señala que López Beltrán habría buscado contacto con funcionarios estadounidenses mediante intermediarios, aunque no se habrían producido conversaciones formales entre ambas partes.

Los señalamientos se relacionan con acusaciones sobre presuntos vínculos con redes de contrabando de combustible, además de referencias a investigaciones sobre empresarios de su entorno, entre ellos Jorge Amílcar Olán. En México, la FGR ha dicho previamente que no existen órdenes de aprehensión contra López Beltrán.

Hasta ahora, López Beltrán no ha sido imputado formalmente por algún delito y ha rechazado las acusaciones. El reporte ocurre además después de que Estados Unidos revocara su visa y mientras continúan los cuestionamientos públicos sobre sus viajes, relaciones empresariales y presuntos vínculos políticos.

El empresario tabasqueño Jorge Amílcar Olán Aparicio fue localizado en Lugano, Suiza, luego de que un periodista siguiera su rastro durante varios días. Olán ha sido señalado por su cercanía con los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y por contratos millonarios obtenidos durante el sexenio pasado.

Uno de los negocios que puso a Olán bajo los reflectores fue el suministro de balasto para proyectos ferroviarios, además de contratos relacionados con medicamentos. Investigaciones periodísticas han documentado que empresas vinculadas con él obtuvieron asignaciones y contratos por cientos de millones de pesos.

Su nombre también ha aparecido en diversos señalamientos sobre presuntas irregularidades y posibles vínculos con actividades ilícitas. Sin embargo, la FGR ha negado que exista actualmente una orden de aprehensión en su contra, mientras que Claudia Sheinbaum ha señalado que cualquier investigación debe sustentarse en pruebas y no únicamente en publicaciones periodísticas.

Tras ser localizado en Suiza, Olán fue abordado por un periodista que intentó entrevistarlo sobre los señalamientos en su contra. El empresario evitó responder y, de acuerdo con el reporte, se mostró molesto ante el cuestionamiento. Mientras tanto, el caso vuelve a poner bajo los reflectores sus negocios y su relación con personajes cercanos al anterior gobierno federal.

Ciudad de México, 28 de septiembre de 2026. México enfrenta una crisis ambiental que ya no es a futuro. Con esa advertencia, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, presentó ante la Cámara de Diputados la iniciativa para expedir una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Durante su exposición, la funcionaria fue directa: el cambio climático ya alcanzó al país y sus efectos son visibles.

“El cambio climático ya nos alcanzó… estamos perdiendo costas, estamos perdiendo, el mar se ha calentado, crece el nivel del mar, estamos perdiendo playas… la mayoría de nuestras cuencas están contaminadas; desgraciadamente, hemos usado los ríos, las barrancas como basureros”, señaló Bárcena.

La titular de SEMARNAT explicó que el aumento en el nivel del mar, el calentamiento de los océanos y la contaminación de ríos y barrancas son desafíos que obligan a replantear el marco legal ambiental en México.

¿Qué propone la nueva ley?

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El eje central de la iniciativa es la implementación de la figura de Evaluación Ambiental Estratégica. Se trata de una herramienta de planeación preventiva que permitirá analizar los efectos ambientales no solo de un proyecto aislado, sino de políticas, planes y programas completos, con una visión de cuenca y de ecosistemas amplios.

Bárcena aclaró que este instrumento no eliminará las Manifestaciones de Impacto Ambiental.

“Es una herramienta para hacer planeación preventiva, pero no sustituye la manifestación de impacto ambiental, no, no, no, cada proyecto tiene que ser evaluado en su justo valor, cada proyecto, pero tener una visión de planeación estratégica también es importante porque si no perdemos la mirada de cuenca, perdemos la mirada de ecosistemas más amplios”, puntualizó.

Sin embargo, la propuesta ha generado debate. La diputada de Movimiento Ciudadano, Irais Reyes de la Torre, advirtió que esta figura podría convertirse en un atajo para autorizar megaproyectos, al otorgar a un dictamen estratégico efectos equivalentes a una autorización ambiental, lo que, dijo, podría debilitar la prevención, reducir la participación pública y abrir espacios de discrecionalidad.

Profepa se convertirá en Procuraduría de Justicia Ambiental

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Otro de los cambios más relevantes es la transformación de la Profepa en la Procuraduría Federal de Justicia Ambiental, con mayores facultades y, como dijo la propia secretaria, “más dientes” para procurar justicia ambiental.

“Se fortalece el papel, por ejemplo, de la Profepa; la Profepa tiene que ser el gran instrumento que nos ayude a esa procuración de justicia ambiental, eso es lo que necesitamos, darle más dientes”, afirmó.

La iniciativa también contempla el incremento de multas y sanciones, y la creación de un Registro Público de Infractores Ambientales. Al respecto, la titular de la Profepa, Mariana Boy, explicó que quienes estén en este padrón no podrán acceder a beneficios o apoyos del Gobierno federal durante un periodo determinado.

“Las personas que estén dentro de este padrón de infractores no podrán acceder a beneficios o apoyos otorgados por el Gobierno federal durante un periodo de tiempo”, detalló.

Además, el proyecto busca fortalecer la protección legal para las y los defensores ambientales, uno de los sectores más vulnerables del país.

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Este lunes y martes se llevarán a cabo mesas de diálogo en la Cámara de Diputados para analizar a fondo los alcances de la propuesta presidencial antes de que continúe su proceso legislativo.