Nacional
Autoridades de todos los niveles ejecutaron la “Operación Enjambre” en el Estado de México
En el que se puede llamar uno de los actos más llamativos de los últimos años en materia de seguridad en el país, se llevó a cabo la detención de una presidenta municipal y distintos funcionarios de distintas dependencias de gobiernos locales del Estado de México.
fue la fiscalía general de Justicia del Estado de México (FGJEM) la institución que informó sobre la detención y vinculación a proceso de siete funcionarios municipales, presuntamente involucrados en actividades delictivas relacionadas con el crimen organizado.
El operativo contó con el despliegue de millar y medio de elementos de seguridad de todos los órdenes de gobierno y fuerzas de seguridad, para cumplimentar 14 órdenes de aprehensión de funcionarios ligados a delitos como narcotráfico o secuestro como muestra de botón de lo grave que resulta el ´problema de la inseguridad en el Estado de México.
Resalta que, pese a lo aparatoso del operativo, sólo se logró la detención de la mitad de los acusados, ya que los otros 7 indiciados, se puede decir, se fugaron y se encuentran prófugos de la justicia.
Entre los detenidos destaca María Elena M, presidenta municipal de Amanalco, pero sobre todo resaltó el hecho de Isidro Cortez, quien fuera secretario de Seguridad Pública de Texcaltitlán y del que se tiene el vídeo de como prefirió quitarse la vida mientras era conminado por los agentes ministeriales de entregar su arma de cargo durante su arresto..
Aunque se dice que el trabajo es una iniciativa de la Fiscalía del estado de México, es muy probable que sea Omar Harfushm, el flamante secretario de seguridad pública federal, quien está detrás de esta movilización que hace resurgir la esperanza de justicia en lugares como el estado de Guanajuato que está claramente viviendo la misma metástasis entre delincuencia organizada y poder político… al tiempo.
Gobierno
Vinculan a proceso a exgobernador de Colima por presunto peculado junto a su exsecretario de Finanzas
La justicia alcanzó a un exmandatario estatal.
El exgobernador priista de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, fue vinculado a proceso junto con quien fuera su secretario de Finanzas, Carlos Noriega García, por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones.
De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción del estado, las acusaciones derivan de presuntas irregularidades cometidas durante la pasada administración estatal. Aunque ambos enfrentarán el proceso en libertad, el caso ya es considerado histórico en Colima.
La fiscal especializada, Esperanza Ramírez Vela, aseguró que existen más investigaciones abiertas contra los exfuncionarios y advirtió que podrían judicializarse próximamente.
Durante la audiencia, el juez otorgó un plazo de cinco meses para la investigación complementaria, mientras las autoridades continúan revisando posibles daños al erario, cuyo monto todavía no ha sido revelado oficialmente.
El caso vuelve a poner bajo la lupa a exgobernadores acusados de corrupción… y revive el debate sobre si finalmente habrá consecuencias reales para quienes manejaron recursos públicos.
Justicia
Fiscalía General de la República cita a 50 funcionarios por caso de agentes de EU en Chihuahua
El escándalo por la presencia de agentes estadounidenses en México sigue creciendo… y ahora apunta a funcionarios.
La Fiscalía General de la República (FGR) citó a declarar a alrededor de 50 funcionarios y agentes de Chihuahua que participaron en el operativo donde murieron dos agentes de Estados Unidos en abril pasado.
La investigación busca esclarecer si las autoridades locales tenían conocimiento de la participación de extranjeros, así como las condiciones legales en las que se llevó a cabo la operación en la Sierra del Pinal.
El caso ha encendido alertas a nivel nacional, ya que la FGR advirtió que podría tratarse de delitos relacionados con seguridad nacional, lo que elevaría la gravedad del asunto.
Todo surge tras el operativo del pasado 19 de abril, en el que murieron cuatro personas —incluidos dos agentes estadounidenses— luego de acciones contra un narcolaboratorio en Chihuahua, lo que detonó una crisis política y cuestionamientos sobre la soberanía del país.
Ahora, con decenas de funcionarios bajo la lupa, el caso entra en una nueva fase… donde ya no solo se investigan hechos, sino posibles responsabilidades dentro del propio gobierno.
Ciudad
Claudia Sheinbaum asigna protección a Rubén Rocha Moya en medio de presión de EU por extradición.
El caso que ya escala a nivel internacional suma un nuevo capítulo.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuenta con protección de la Guardia Nacional, en medio de la polémica por una solicitud de detención impulsada desde Estados Unidos.
De acuerdo con el gobierno federal, esta medida responde a un análisis de riesgo, ya que cualquier funcionario puede solicitar seguridad si considera que su integridad está en peligro.
El respaldo ocurre mientras autoridades estadounidenses buscan su detención con fines de extradición por presuntos vínculos con el crimen organizado, aunque México ha cuestionado la falta de pruebas y ha señalado que no existe una solicitud formal completa.
Rocha Moya solicitó licencia a su cargo para enfrentar las investigaciones, mientras el caso genera tensión entre ambos países y abre un debate sobre soberanía, justicia y presión internacional.
Por ahora, el mensaje del gobierno mexicano es claro: sin pruebas contundentes, no habrá decisiones precipitadas… pero el conflicto apenas comienza.
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