Nacional
Andrés Manuel López Obrador busca mediante una iniciativa, hasta 53 años de prisión por ataques con drones
El presidente de México Andrés Manuel López Obrador, presentó ante la comisión permanente del Congreso de la Unión una iniciativa que busca castigar hasta con 53 años de prisión a quien utilice aeronaves no tripuladas o drones para realizar de forma intencional actos en contra de bienes y personas.
La propuesta ya fue inscrita en la Gaceta Parlamentaria y la misma plantea modificaciones al Código Penal y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
La iniciativa que esta promoviendo AMLO plantea aumentar hasta en un tercio las penas actualmente establecidas en el Código Penal Federal para quienes intencionalmente realicen actos en contra de bienes, servicios y personas, las cuales actualmente están establecidas entre 15 y 40 años de prisión y una multa de entre 400 y 20 días multa.
Asimismo, se estaría sancionando entre 10 y 20 años de cárcel a quien mediante el uso de drones o aeronaves no tripuladas pilotadas a distancia arroje artefactos explosivos y sustancias químicas sobre personas o bienes o impacte a alguna persona o propiedad con el propósito de causar daños.
Se establece que cuando la persona o el bien afectado pertenezca o esté destinado a las Fuerzas Armadas o de Seguridad Pública, la pena aumentará hasta en una mitad.
Además establece una pena de prisión de cinco a 10 años a quien importe, manufacture, arme, adquiera o adapte drones para el transporte de artefactos explosivos, armas, drogas y materiales regulados por la Ley Federal de Armas de Fuego.
A quien utilice aeronaves no tripuladas para fotografiar o realizar grabaciones de audio o video para vigilar actividades de servidores públicos, con la finalidad de ejecutar agresiones en su contra, se le impondrá una pena de tres a 10 años, aunado al decomiso y multa de 50 a 400 UMAS.
La iniciativa que presentó el presidente de la república mexicana, señala que cuando el bien que resulte afectado pertenezca o esté destinado a las fuerzas armadas, la seguridad nacional o la seguridad pública, la pena establecida aumentará hasta en una mitad-
La iniciativa de Andrés Manuel López Obrador propone también incluir a las aeronaves no tripuladas y pilotadas a distancia, entre las armas, municiones y materia para uso exclusivo del ejercito, la armadas y la fuerza área, cuando estas se encuentren adaptadas para transportar, activar y detonar artefactos explosivos y sustancias químicas.
La Secretaría de la Defensa Nacional ya ha confirmado que el Cartel Jalisco Nueva Generación ha usado drones con explosivos, no solo en Michoacán, sino también en Jalisco y Guanajuato en contra de policías estatales.
Gobierno
Vinculan a proceso a exgobernador de Colima por presunto peculado junto a su exsecretario de Finanzas
La justicia alcanzó a un exmandatario estatal.
El exgobernador priista de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, fue vinculado a proceso junto con quien fuera su secretario de Finanzas, Carlos Noriega García, por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones.
De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción del estado, las acusaciones derivan de presuntas irregularidades cometidas durante la pasada administración estatal. Aunque ambos enfrentarán el proceso en libertad, el caso ya es considerado histórico en Colima.
La fiscal especializada, Esperanza Ramírez Vela, aseguró que existen más investigaciones abiertas contra los exfuncionarios y advirtió que podrían judicializarse próximamente.
Durante la audiencia, el juez otorgó un plazo de cinco meses para la investigación complementaria, mientras las autoridades continúan revisando posibles daños al erario, cuyo monto todavía no ha sido revelado oficialmente.
El caso vuelve a poner bajo la lupa a exgobernadores acusados de corrupción… y revive el debate sobre si finalmente habrá consecuencias reales para quienes manejaron recursos públicos.
Justicia
Fiscalía General de la República cita a 50 funcionarios por caso de agentes de EU en Chihuahua
El escándalo por la presencia de agentes estadounidenses en México sigue creciendo… y ahora apunta a funcionarios.
La Fiscalía General de la República (FGR) citó a declarar a alrededor de 50 funcionarios y agentes de Chihuahua que participaron en el operativo donde murieron dos agentes de Estados Unidos en abril pasado.
La investigación busca esclarecer si las autoridades locales tenían conocimiento de la participación de extranjeros, así como las condiciones legales en las que se llevó a cabo la operación en la Sierra del Pinal.
El caso ha encendido alertas a nivel nacional, ya que la FGR advirtió que podría tratarse de delitos relacionados con seguridad nacional, lo que elevaría la gravedad del asunto.
Todo surge tras el operativo del pasado 19 de abril, en el que murieron cuatro personas —incluidos dos agentes estadounidenses— luego de acciones contra un narcolaboratorio en Chihuahua, lo que detonó una crisis política y cuestionamientos sobre la soberanía del país.
Ahora, con decenas de funcionarios bajo la lupa, el caso entra en una nueva fase… donde ya no solo se investigan hechos, sino posibles responsabilidades dentro del propio gobierno.
Ciudad
Claudia Sheinbaum asigna protección a Rubén Rocha Moya en medio de presión de EU por extradición.
El caso que ya escala a nivel internacional suma un nuevo capítulo.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuenta con protección de la Guardia Nacional, en medio de la polémica por una solicitud de detención impulsada desde Estados Unidos.
De acuerdo con el gobierno federal, esta medida responde a un análisis de riesgo, ya que cualquier funcionario puede solicitar seguridad si considera que su integridad está en peligro.
El respaldo ocurre mientras autoridades estadounidenses buscan su detención con fines de extradición por presuntos vínculos con el crimen organizado, aunque México ha cuestionado la falta de pruebas y ha señalado que no existe una solicitud formal completa.
Rocha Moya solicitó licencia a su cargo para enfrentar las investigaciones, mientras el caso genera tensión entre ambos países y abre un debate sobre soberanía, justicia y presión internacional.
Por ahora, el mensaje del gobierno mexicano es claro: sin pruebas contundentes, no habrá decisiones precipitadas… pero el conflicto apenas comienza.
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