La presidenta Claudia Sheinbaum informó que solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) revisar si existe una base legal para que el Estado mexicano pueda reclamar los bienes y recursos económicos atribuidos a Ismael “El Mayo” Zambada, actualmente detenido en Estados Unidos. La intención es determinar si parte de ese patrimonio puede recuperarse en beneficio del país.

La mandataria explicó que el análisis estará a cargo de la FGR, que deberá establecer si los bienes presuntamente obtenidos mediante actividades ilícitas pueden ser reclamados por México, independientemente de los procesos judiciales que se desarrollan en territorio estadounidense.

Sheinbaum señaló que cualquier acción deberá sustentarse en la legislación nacional, así como en los acuerdos de cooperación internacional entre ambos países. Por ello, aclaró que primero será necesario conocer el alcance jurídico del caso antes de iniciar cualquier procedimiento para recuperar esos recursos.

La posibilidad de que México reclame parte de esa fortuna abre un nuevo frente legal en uno de los casos de mayor impacto entre ambos países. Ahora será la Fiscalía la que determine si existen las condiciones para iniciar un proceso que permita, en su caso, recuperar bienes para el Estado mexicano.

Un juez federal dictó prisión preventiva justificada contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, quien es investigado por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de combustible y delincuencia organizada. La medida también fue impuesta a otras siete personas señaladas dentro de la misma investigación.

Tras una audiencia que se prolongó por más de un día, el juez determinó que los imputados permanecerán internos en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”, mientras se resuelve su situación jurídica. La defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional, por lo que en los próximos días se definirá si son vinculados a proceso.

La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que Ruffo estaría relacionado con una presunta red que introducía combustible al país de manera ilegal para evadir el pago de impuestos. La investigación deriva de uno de los mayores aseguramientos de hidrocarburos registrados en México y forma parte de una estrategia federal para combatir este tipo de delitos.

Ernesto Ruffo fue el primer gobernador de oposición en ganar una elección estatal en México, en 1989. Ahora enfrenta uno de los procesos judiciales más relevantes de su trayectoria política, mientras las autoridades continúan las investigaciones para determinar el alcance de las presuntas operaciones ilegales y la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Ulises Lara López presentó su renuncia a la Fiscalía General de la República (FGR), donde se desempeñaba como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes. Aunque argumentó motivos personales, su salida ocurre en medio de investigaciones de alto impacto que mantenían la atención pública.

Durante los cerca de seis meses que permaneció en el cargo, Lara encabezó indagatorias relacionadas con los señalamientos contra el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como las investigaciones sobre el piloto que trasladó a un importante líder de una organización delictiva a Estados Unidos, casos que han generado repercusiones nacionales e internacionales.

La Fiscalía confirmó que la renuncia fue presentada de manera voluntaria y será Ernestina Godoy, titular de la institución, quien defina quién asumirá la responsabilidad de estos expedientes. Hasta el momento no se ha dado a conocer el nombre de su sustituto.

La salida de Ulises Lara ocurre en un momento clave para la FGR, que enfrenta investigaciones de gran relevancia en materia de seguridad y procuración de justicia. Ahora, la expectativa se centra en la continuidad de estos casos y en el rumbo que tomarán bajo una nueva conducción.