La violencia volvió a golpear a Guerrero.
Un grupo armado perpetró una masacre en la comunidad de Xicotlán, en Chilapa, dejando cuatro personas asesinadas, entre ellas un líder comunitario indígena.

El ataque ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, cuando las víctimas trabajaban en una obra. De acuerdo con reportes, hombres armados descendieron de una camioneta y abrieron fuego con armas de alto calibre, sin dar oportunidad de escapar.

Entre los fallecidos se encuentra un dirigente vinculado a sistemas de seguridad comunitaria, lo que encendió las alertas entre organizaciones indígenas, que denuncian una violencia constante contra sus integrantes.

Autoridades comunitarias señalaron como presuntos responsables a integrantes del grupo criminal “Los Ardillos”, que mantiene presencia en la región y ha sido vinculado a otros hechos violentos.

Tras el ataque, corporaciones de seguridad acudieron a la zona, mientras la Fiscalía estatal inició las investigaciones. Sin embargo, colectivos advierten que estos hechos no son aislados, sino parte de una escalada de violencia que afecta a comunidades indígenas desde hace años.

Una vez más, Guerrero queda marcado por la violencia…
y por una pregunta que sigue sin respuesta: ¿quién protege a quienes defienden su comunidad?

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La violencia contra funcionarios públicos vuelve a sacudir a Michoacán.
El secretario del Ayuntamiento de Ocampo, Pedro Valencia, fue localizado sin vida días después de haber sido reportado como desaparecido.

De acuerdo con autoridades, el funcionario había sido secuestrado el pasado 1 de abril cuando se trasladaba en la región oriente del estado. Su cuerpo fue hallado el 5 de abril en un predio del municipio de Áporo, con huellas de violencia.

Los primeros reportes señalan que la víctima fue encontrada en una zona rural, lo que activó un fuerte operativo y una investigación por parte de la Fiscalía estatal, que ya sigue la pista de al menos tres personas presuntamente implicadas.

El caso ha generado indignación, no solo por la brutalidad del crimen, sino por tratarse de un funcionario en activo, en una entidad que enfrenta una constante ola de violencia ligada al crimen organizado.

Mientras avanzan las investigaciones, el asesinato de Pedro Valencia se suma a una larga lista de ataques contra autoridades locales…
y vuelve a encender la alarma sobre la seguridad en el país.

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Un nuevo caso de presunta corrupción sacude a Morelos.
El fiscal anticorrupción del estado, Leonel Díaz Rogel, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por su supuesta participación en una red de “moches”… dirigida, incluso, a víctimas de delitos.

De acuerdo con la denuncia, el funcionario —junto con su hijo— habría cobrado hasta el 25% de las indemnizaciones que recibían personas afectadas, recursos provenientes de fondos federales.

El esquema, según las acusaciones, iba más allá: se habría utilizado información confidencial de expedientes para presionar y favorecer ciertos pagos, mientras el hijo del fiscal operaba como intermediario legal con honorarios elevados.

La denuncia fue presentada por una funcionaria estatal encargada de atención a víctimas, quien señaló posibles actos como tráfico de influencias y uso indebido de información oficial.

Tras hacerse público el caso, el propio fiscal aseguró que colaborará con las investigaciones, mientras el escándalo ya escaló a nivel nacional.

El caso ahora está en manos de las autoridades federales…
y vuelve a poner bajo la lupa a quienes, en teoría, deberían combatir la corrupción.

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