El nombre de Fernando Farías Laguna se ha convertido en sinónimo de uno de los mayores escándalos dentro de la Secretaría de Marina.

El contralmirante fue detenido en Argentina tras permanecer prófugo y ser buscado en más de 190 países mediante una ficha roja de Interpol. Es señalado como presunto líder de una red dedicada al contrabando de hidrocarburos, conocido como “huachicol fiscal”.

Farías Laguna ocupó cargos clave dentro de la Marina y, según investigaciones, habría aprovechado su posición para facilitar operaciones ilícitas desde puertos estratégicos del país. Incluso, su hermano, Manuel Roberto Farías Laguna, ya se encuentra detenido por el mismo caso.

Las autoridades también lo investigan por presunta delincuencia organizada, lavado de dinero y tentativa de homicidio, lo que eleva aún más la gravedad del caso.

La caída del mando naval no solo destapa una red de corrupción… también golpea directamente la imagen de una de las instituciones más blindadas del país.

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En medio de la polémica por una investigación federal, la presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa de Marcelo Ebrard y confirmó que seguirá al frente de la Secretaría de Economía.

La mandataria aseguró que el ex canciller “está haciendo un excelente trabajo” y destacó su papel en las negociaciones comerciales con Estados Unidos y en la revisión del T-MEC, pese a la indagatoria abierta por la estancia de su hijo en la residencia oficial de la embajada de México en Londres entre 2021 y 2022.

La investigación fue abierta por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tras diversas denuncias y solicitudes ciudadanas para determinar si hubo alguna violación a normas o uso indebido de recursos públicos. Ebrard ha negado irregularidades y sostiene que no se utilizó dinero del erario.

Pese al escándalo, Sheinbaum dejó claro que no contempla removerlo del cargo, enviando un mensaje de respaldo político en un momento clave para la economía del país.

La decisión ha generado reacciones encontradas: para algunos es confianza en su trabajo; para otros, una señal de blindaje político.

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En un señalamiento que incomoda y obliga a replantear las bases del sistema democrático, el Mtro. Daniel Delgado Ávila advirtió desde la Universidad de Guanajuato (UG) que las infancias y adolescencias siguen siendo excluidas de los espacios reales de participación política. Durante la conferencia magistral “¿Quién cuenta en la democracia? Autonomía progresiva y derechos políticos de infancias y adolescencias”, el especialista puso sobre la mesa una pregunta directa: ¿la democracia comienza hasta los 18 años?

Invitado por la División de Derecho, Política y Gobierno, en colaboración con la Cátedra de Derecho Público y el Cuerpo Académico “Gobierno, Instituciones y Organizaciones en el contexto de la Globalización”, Delgado Ávila —magistrado con 25 años de trayectoria en el Poder Judicial— sostuvo que el voto no es el único mecanismo de participación y denunció la persistente invisibilidad de los menores como sujetos de derecho. “La democracia no empieza con el voto, sino cuando una persona es escuchada”, afirmó, respaldando su postura en marcos legales nacionales e internacionales que obligan al Estado a garantizar la voz de niñas, niños y adolescentes.

El evento, coordinado por académicas de la UG y con participación estudiantil, abrió un espacio de análisis sobre la autonomía progresiva y la responsabilidad parental como pilares para el ejercicio de estos derechos. El ponente fue contundente: una democracia que no escucha a su niñez no forma ciudadanía, sino obediencia, dejando claro que el reto no es solo jurídico, sino cultural.