La fracción parlamentaria de MORENA presentó un punto de acuerdo en el Congreso local para expresar su respaldo a la postura asumida por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en la que se rechaza la intervención extranjera, las acciones unilaterales y cualquier forma de uso de la fuerza como medio para resolver conflictos entre Estados.

El planteamiento busca, además, reafirmar el apego del Estado mexicano a los principios constitucionales que rigen su política exterior y a los compromisos asumidos en el marco del derecho internacional.

La propuesta retoma como eje la defensa de la soberanía y la integridad territorial, así como la responsabilidad compartida frente a problemas comunes, el diálogo sustentado en el respeto mutuo y la cooperación sin subordinación. Estos principios, establecidos tanto en la Constitución mexicana como en la Carta de las Naciones Unidas, son presentados como la base normativa que legitima la posición del Ejecutivo federal frente a escenarios de tensión internacional.

El diputado David Martínez Mendizábal señaló que los recientes acontecimientos en la República Bolivariana de Venezuela, derivados de la intervención del gobierno de los Estados Unidos, constituyen un hecho de alta gravedad política, social y humanitaria. A su juicio, estos sucesos no solo afectan al país sudamericano, sino que generan impactos profundos en América Latina y en el sistema internacional, reconfigurando equilibrios regionales y abriendo escenarios de mayor inestabilidad.

El legislador recordó que la política exterior mexicana ha estado históricamente anclada en la autodeterminación de los pueblos y en el respeto a la soberanía de los Estados, privilegiando el diálogo, la cooperación y la solución pacífica de las controversias. Desde esta perspectiva, sostuvo que resulta jurídicamente consistente respaldar una política exterior que se conduzca conforme a la Constitución y al derecho internacional, y que rechace de manera explícita la imposición y el uso de la fuerza como herramientas de presión geopolítica.

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Martínez Mendizábal advirtió que la intervención estadounidense en Venezuela ha generado alarma a nivel internacional, particularmente porque los discursos del presidente Donald Trump han trascendido ese caso específico y han planteado la posibilidad de justificar acciones similares en territorios como Groenlandia, Cuba, Colombia e incluso México. Para el legislador, este contexto vuelve indispensable fijar una posición clara desde el ámbito legislativo, basada en el derecho internacional y en principios éticos de convivencia entre naciones.

Más allá del respaldo a la presidenta, el punto de acuerdo pone en evidencia cómo los debates de política exterior se utilizan también como espacios de posicionamiento político interno. En un entorno global marcado por el resurgimiento de discursos intervencionistas, la defensa de la soberanía se convierte en un recurso simbólico potente, especialmente en un país con una historia compleja de relaciones asimétricas con Estados Unidos.

En el caso de Guanajuato, donde el discurso local suele centrarse en temas económicos y de seguridad, este tipo de pronunciamientos revela un esfuerzo por insertar la agenda internacional en el debate legislativo, aunque sin abordar de fondo cómo estas posturas se traducen en acciones concretas que fortalezcan la autonomía económica, energética o alimentaria del país. La iniciativa, en ese sentido, reafirma principios, pero deja abierta la discusión sobre su aplicación práctica en un contexto de alta dependencia estructural.

Guanajuato, Gto.- La bancada del PAN y la representación del PRD en el Congreso local solicitaron a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal que evalúe de manera exhaustiva cómo la reciente caída del precio internacional del maíz está afectando los ingresos, la rentabilidad y la viabilidad económica de quienes producen este grano en México.

El exhorto plantea que no basta con observar el comportamiento del mercado global, sino que es necesario entender cómo esas variaciones se trasladan al mercado interno, cómo impactan de forma desigual a las regiones productoras y qué efectos generan en los actuales esquemas de comercialización.

La propuesta también demanda acciones inmediatas para contener los efectos negativos sobre el productor nacional. Entre ellas, se menciona el fortalecimiento de instrumentos de administración de riesgos, el uso de coberturas de precios, la revisión de apoyos a la comercialización y una coordinación más efectiva entre dependencias para evitar distorsiones provocadas por importaciones a precios bajos.

El planteamiento parte de la premisa de que, sin intervención pública, el mercado por sí solo no garantiza condiciones justas para el sector agrícola, particularmente para pequeños y medianos productores.

El diputado Roberto Carlos Terán Ramos explicó que, a inicios de enero, el mercado de futuros del maíz en Estados Unidos registró una caída superior al cinco por ciento, derivada de la actualización de estimaciones oficiales que revelaron niveles históricamente altos de producción y de inventarios. Esta sobreoferta, producto de una cosecha excepcional, alteró las expectativas del mercado y presionó a la baja las cotizaciones internacionales del grano.

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Desde su perspectiva, este escenario coloca a México en una posición vulnerable, ya que las decisiones de siembra, comercialización y financiamiento del sector primario se ven directamente afectadas por precios internacionales deprimidos. Si esta tendencia se mantiene sin una respuesta de política pública, advirtió, podría profundizarse la dependencia de importaciones, debilitarse la producción nacional y aumentar la exposición del país a futuros choques de precios o de abasto.

Más allá del diagnóstico coyuntural, el debate revela una tensión estructural no resuelta en la política agroalimentaria del país. Por un lado, se reconoce la importancia estratégica del maíz y la fragilidad de la autosuficiencia alimentaria; por otro, la respuesta institucional sigue dependiendo de mecanismos reactivos frente a dinámicas globales que México no controla. En estados como Guanajuato, donde el maíz es clave para la economía rural, la caída de precios internacionales no se traduce en beneficios para consumidores, pero sí en menores ingresos para productores que enfrentan altos costos de insumos, financiamiento limitado y una débil capacidad de negociación frente a intermediarios.

El exhorto legislativo, aunque pertinente, pone sobre la mesa una pregunta de fondo: si la política agrícola seguirá limitándose a amortiguar crisis externas o si avanzará hacia un modelo que fortalezca de manera sostenida la producción nacional y reduzca su vulnerabilidad frente al mercado internacional.

Para 2026 el Gobierno de México tiene previsto invertir más de mil 350 millones de pesos en acciones de saneamiento y restauración del sistema Lerma–Santiago, una de las cuencas más importantes del país, con impacto directo en más de 21 millones de habitantes. Este sistema hídrico se extiende por más de seis millones de hectáreas y atraviesa 245 municipios de nueve entidades: Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Querétaro, Michoacán, Zacatecas, Nayarit y Durango.

Como antecedente, durante 2025 se canalizaron más de 408 millones de pesos a obras de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, restauración ecológica, control de descargas contaminantes y acciones de protección ante riesgos de inundación.

En materia de regulación ambiental, más de mil empresas fueron convocadas a regularizar de manera inmediata sus descargas. Como resultado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizó 71 visitas de inspección, mientras que la Comisión Nacional del Agua efectuó 22 revisiones adicionales, lo que derivó en clausuras y procedimientos administrativos.

De forma complementaria, la Profepa puso en operación un Centro Regional de Prevención y Calidad Ambiental en Toluca, con el objetivo de brindar asesoría técnica y acompañamiento a las industrias asentadas en la cuenca del Lerma, para facilitar el cumplimiento de la normatividad ambiental y la adopción de prácticas de gestión de riesgos y control organizacional.

Actualmente se desarrollan trabajos de construcción, rehabilitación y ampliación de seis plantas de tratamiento, así como la reconversión energética de otras siete instalaciones. A ello se suma la rehabilitación y construcción de 17.48 kilómetros de colectores, lo que ha permitido disminuir las descargas urbanas sin tratamiento y beneficiar a más de un millón de personas.

En el ámbito de la restauración ecológica, se protegieron 847 hectáreas del humedal El Ahogado y se priorizó la recuperación ambiental de 3 mil 24 hectáreas en las Ciénegas del Alto Lerma. Asimismo, se recolectaron 955 toneladas de residuos sólidos en las márgenes del río, se reforestaron 38.5 hectáreas y se colocaron trampas para residuos flotantes, acciones orientadas a mejorar la capacidad hidráulica y promover esquemas de economía circular.

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Respecto a la prevención de riesgos, se avanza en la delimitación de 169 kilómetros de zona federal y en la recuperación de 23.5 kilómetros de cauce y bordos, medidas que fortalecen la protección de más de 1.5 millones de personas ante posibles inundaciones en distintos tramos del sistema Lerma–Santiago.

Para el próximo año, la estrategia federal contempla reforzar la capacidad de tratamiento de aguas residuales, ampliar las labores de inspección y vigilancia, consolidar proyectos de restauración socioambiental, desarrollar planes maestros ecohidrológicos, ejecutar obras de control de inundaciones y fortalecer el monitoreo de la calidad y disponibilidad del agua en toda la cuenca.