La diputada local de Morena, Edith Moreno Valencia, anunció que promoverá la realización de mesas de trabajo abiertas e incluyentes como parte del análisis de la llamada “Ley Cazzu”, iniciativa que busca atender casos de violencia relacionados con la movilidad de niñas y niños. La legisladora subrayó que estos espacios permitirán que madres de familia participen directamente, compartan sus experiencias y contribuyan en la construcción de soluciones desde el Congreso del Estado.

La propuesta surge luego de que, tras su presentación el pasado 26 de marzo, la diputada comenzara a recibir numerosos testimonios a través de redes sociales. En ellos, mujeres relatan situaciones en las que enfrentan restricciones injustificadas para trasladar a sus hijas e hijos, muchas veces como forma de presión por parte de progenitores que no cumplen con sus responsabilidades. Moreno Valencia destacó que estas prácticas representan una forma de violencia que impacta tanto a las madres como a los menores.

La iniciativa plantea modificar el artículo primero de la Constitución local para evitar que padres ausentes o deudores alimentarios limiten la movilidad de sus hijos. Además, contempla la creación de mecanismos judiciales más ágiles y con perspectiva de género, que faciliten autorizaciones en casos de abandono o incumplimiento. También establece que, en cualquier proceso de traslado o cambio de residencia, las autoridades deberán priorizar el interés superior de la niñez, garantizando su bienestar, identidad y derecho a una vida familiar digna.

Un nuevo caso de presunta corrupción sacude a Morelos.
El fiscal anticorrupción del estado, Leonel Díaz Rogel, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por su supuesta participación en una red de “moches”… dirigida, incluso, a víctimas de delitos.

De acuerdo con la denuncia, el funcionario —junto con su hijo— habría cobrado hasta el 25% de las indemnizaciones que recibían personas afectadas, recursos provenientes de fondos federales.

El esquema, según las acusaciones, iba más allá: se habría utilizado información confidencial de expedientes para presionar y favorecer ciertos pagos, mientras el hijo del fiscal operaba como intermediario legal con honorarios elevados.

La denuncia fue presentada por una funcionaria estatal encargada de atención a víctimas, quien señaló posibles actos como tráfico de influencias y uso indebido de información oficial.

Tras hacerse público el caso, el propio fiscal aseguró que colaborará con las investigaciones, mientras el escándalo ya escaló a nivel nacional.

El caso ahora está en manos de las autoridades federales…
y vuelve a poner bajo la lupa a quienes, en teoría, deberían combatir la corrupción.

Advertisement

El senador Gerardo Fernández Noroña encendió el debate al afirmar que quienes forman parte de la llamada Cuarta Transformación no están obligados a llevar una vida austera en lo personal.

El legislador sostuvo que la austeridad debe aplicarse únicamente en el uso de recursos públicos, no en la vida privada de los funcionarios o sus familias.

Sus declaraciones surgen en medio de críticas contra José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por su estilo de vida y viajes, los cuales —aseguró— están respaldados por ingresos legítimos.

Noroña calificó como “hipócritas” los cuestionamientos hacia integrantes de la 4T por su nivel de vida y señaló que nadie debe sentirse culpable por mejorar su situación económica si es legal.

Sin embargo, dentro del propio movimiento existen lineamientos que llaman a la sobriedad y a evitar lujos, lo que ha reavivado el debate sobre hasta dónde debe llegar la austeridad en la política mexicana.

La polémica está sobre la mesa: ¿Austeridad solo en el gobierno… o también en la vida personal?.

Advertisement