En sesión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso del Estado de Guanajuato, se aprobó por mayoría una reforma a la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos, que plantea retirar al Congreso la facultad de emitir recomendaciones sobre los topes salariales de integrantes de los ayuntamientos. La medida ha generado debate entre legisladores, al considerar que podría modificar los criterios de control en el manejo del gasto público municipal.

El diputado de Morena, Carlos Abraham Ramos Sotomayor, expresó su desacuerdo con la reforma al señalar que dichas recomendaciones no eran arbitrarias, sino resultado de análisis técnicos basados en la capacidad financiera de cada municipio. Advirtió que eliminar este mecanismo bajo el argumento de respetar la autonomía municipal podría debilitar la disciplina presupuestaria y abrir la puerta a decisiones discrecionales en el uso de recursos públicos.

En paralelo, el legislador respaldó la necesidad de reforzar acciones contra el nepotismo en el estado, problema que ya ha sido detectado previamente por la Auditoría Superior del Estado. En ese sentido, se impulsa la incorporación de mecanismos específicos dentro del Programa General de Fiscalización 2026, que contemplan la revisión de contrataciones, análisis de cuentas públicas y cruce de información con registros administrativos y patrimoniales, con el objetivo de identificar posibles irregularidades a partir del ejercicio fiscal 2025.

Luego de la controversia por la compra de camionetas blindadas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volvió a colocarse en el centro del debate público al reservar por cinco años la información de su parque vehicular.

La medida mantiene en secreto datos como el modelo, costo y fecha de adquisición de 151 vehículos oficiales, argumentando que hacerlos públicos podría poner en riesgo la seguridad de ministros y funcionarios del Poder Judicial.

La decisión surge semanas después de que se revelara la adquisición de nuevas camionetas blindadas para altos funcionarios, lo que generó críticas por el uso de recursos públicos y cuestionamientos sobre austeridad.

Aunque la Corte insiste en que la reserva responde a motivos de protección institucional, la medida también limita el acceso a información sobre el gasto público, lo que ha reavivado el debate entre seguridad y transparencia.

Así, lo que comenzó como una polémica por vehículos blindados, ahora escala a un nuevo frente: la opacidad en uno de los poderes más importantes del país.

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El diputado de Morena, Sergio Mayer, volvió a ocupar su curul en la Cámara de Diputados tras su participación en el reality La Casa de los Famosos, un episodio que desató críticas dentro y fuera del ámbito político.

Durante su regreso, el legislador ofreció una disculpa pública a quienes se sintieron ofendidos, reconociendo que su decisión “quizá fue políticamente incorrecta”, aunque defendió que actuó conforme a la ley al solicitar licencia para separarse temporalmente del cargo.

Mayer aseguró que cumplió con todos los procedimientos legales y subrayó que su reincorporación es un derecho, no una concesión. Además, defendió que los ingresos obtenidos durante su participación en el programa fueron “legales y legítimos”.

El caso generó debate incluso dentro de Morena, donde algunas voces señalaron el impacto político de priorizar un proyecto mediático sobre la representación legislativa.

Así, entre disculpas y justificaciones, el regreso de Mayer reaviva la discusión sobre los límites entre la política y el espectáculo en México.

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