En medio del aumento en los combustibles, el gobierno federal logró un acuerdo con empresarios gasolineros para establecer un tope voluntario de 28.50 pesos por litro de diésel, una medida que busca frenar el impacto económico en todo el país.

La decisión se tomó luego de que el diésel llegara a venderse hasta en 30 pesos por litro en algunas regiones, lo que encendió alertas por su efecto directo en el transporte y el costo de productos básicos.

El acuerdo, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, no es obligatorio, pero pretende estabilizar el mercado en un contexto internacional complicado, marcado por el aumento en los precios del petróleo y tensiones globales.

Aun así, el propio gobierno reconoce que el precio sigue siendo elevado. Por ello, ya se mantienen negociaciones para reducirlo aún más y evitar que continúe presionando la inflación, especialmente en sectores como el transporte de mercancías.

El diésel es uno de los combustibles clave para la economía, por lo que cualquier incremento impacta directamente en el bolsillo de los mexicanos. Con este acuerdo, la apuesta es clara: contener los precios antes de que el golpe se traslade a la canasta básica.

Por ahora, el tope está fijado… pero la presión para bajarlo aún más sigue sobre la mesa.

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El Congreso del Estado de Guanajuato exhortó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a ampliar la cobertura del Programa Integral de Producción de Carne, con el objetivo de incluir a entidades que han demostrado avances en sanidad y control zoosanitario, como es el caso de la entidad. La medida busca fortalecer la competitividad del sector ganadero y consolidar una política más equitativa a nivel nacional.

Durante la discusión, el diputado Roberto Carlos Terán Ramos destacó que los apoyos federales deben distribuirse sin distinción entre estados, reconociendo el esfuerzo que Guanajuato ha realizado en la mejora de sus procesos productivos. Señaló que excluir a la entidad del programa representa una limitante para el crecimiento del sector y una desventaja frente a otras regiones del país.

El legislador subrayó que integrar a Guanajuato en este esquema permitiría avanzar en la soberanía alimentaria, reducir desigualdades en el campo y proyectar a México como una potencia exportadora en la industria cárnica. Asimismo, enfatizó que el estado cuenta con la calidad y capacidad necesarias para competir a nivel internacional, por lo que insistió en la urgencia de fortalecer al sector ganadero con políticas incluyentes y de largo alcance

En Guanajuato, el acceso al agua potable sigue siendo una promesa incumplida para comunidades periféricas, a pesar de que la alcaldesa Samantha Smith aseguró durante su campaña que habría “agua para todos”. Hoy, esa promesa contrasta con una realidad marcada por el abandono, donde familias enteras continúan sin un servicio básico y sin señales claras de solución.

La falta de infraestructura ha obligado a los habitantes a sobrevivir mediante la compra de agua en pipas privadas, muchas veces de procedencia dudosa, con precios inflados y sin ningún tipo de regulación efectiva. Lo que debería ser un derecho garantizado, se ha convertido en un negocio que castiga a quienes menos tienen.

La indignación crece al considerar que comunidades como Capulín de Bustos y Cañada de Bustos se encuentran a escasos kilómetros de fuentes de abastecimiento, incluida la Presa de la Purísima, desde donde se distribuye agua a la capital. La paradoja es evidente: el agua pasa cerca, pero se les niega a quienes viven junto a ella.

Lejos de atender esta crisis, ciudadanos acusan que las autoridades priorizan obras de imagen sobre soluciones de fondo. La falta de voluntad política y planeación ha convertido el acceso al agua en un símbolo de desigualdad, donde la promesa de campaña se diluye frente a una realidad que evidencia que, en Guanajuato, el agua no es para todos… es solo para quienes pueden pagarla.