El caso de presunto huachicol dentro de la Marina suma un nuevo capítulo. El contralmirante Fernando Farías Laguna, señalado por integrar una red de contrabando de combustible, sufrió un revés judicial luego de que una jueza federal desechara el amparo con el que buscaba frenar una orden de captura en su contra.

La resolución determinó que no existen elementos suficientes para sostener el recurso, ya que las autoridades negaron tener vigente la orden de aprehensión y la defensa no logró desmentirlo.

Sin embargo, lejos de terminar ahí, el caso dio un nuevo giro: el contralmirante impugnó la decisión y presentó un recurso de revisión que ahora será analizado por un tribunal colegiado, instancia que definirá si el fallo se mantiene o se revierte.

Farías Laguna es considerado prófugo y está acusado de delincuencia organizada y huachicol fiscal, presuntamente vinculado a una red que operaba desde aduanas marítimas para introducir combustible ilegal al país.

Además, el caso se conecta con otros altos mandos: su hermano, también exmilitar, permanece en prisión por los mismos señalamientos.

Por ahora, el proceso sigue abierto.
Y mientras la justicia avanza entre recursos e impugnaciones, el caso pone bajo la lupa uno de los esquemas de corrupción más delicados: el tráfico ilegal de combustible… desde dentro de las instituciones.

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En medio del aumento en los combustibles, el gobierno federal logró un acuerdo con empresarios gasolineros para establecer un tope voluntario de 28.50 pesos por litro de diésel, una medida que busca frenar el impacto económico en todo el país.

La decisión se tomó luego de que el diésel llegara a venderse hasta en 30 pesos por litro en algunas regiones, lo que encendió alertas por su efecto directo en el transporte y el costo de productos básicos.

El acuerdo, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, no es obligatorio, pero pretende estabilizar el mercado en un contexto internacional complicado, marcado por el aumento en los precios del petróleo y tensiones globales.

Aun así, el propio gobierno reconoce que el precio sigue siendo elevado. Por ello, ya se mantienen negociaciones para reducirlo aún más y evitar que continúe presionando la inflación, especialmente en sectores como el transporte de mercancías.

El diésel es uno de los combustibles clave para la economía, por lo que cualquier incremento impacta directamente en el bolsillo de los mexicanos. Con este acuerdo, la apuesta es clara: contener los precios antes de que el golpe se traslade a la canasta básica.

Por ahora, el tope está fijado… pero la presión para bajarlo aún más sigue sobre la mesa.

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El Congreso del Estado de Guanajuato exhortó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a ampliar la cobertura del Programa Integral de Producción de Carne, con el objetivo de incluir a entidades que han demostrado avances en sanidad y control zoosanitario, como es el caso de la entidad. La medida busca fortalecer la competitividad del sector ganadero y consolidar una política más equitativa a nivel nacional.

Durante la discusión, el diputado Roberto Carlos Terán Ramos destacó que los apoyos federales deben distribuirse sin distinción entre estados, reconociendo el esfuerzo que Guanajuato ha realizado en la mejora de sus procesos productivos. Señaló que excluir a la entidad del programa representa una limitante para el crecimiento del sector y una desventaja frente a otras regiones del país.

El legislador subrayó que integrar a Guanajuato en este esquema permitiría avanzar en la soberanía alimentaria, reducir desigualdades en el campo y proyectar a México como una potencia exportadora en la industria cárnica. Asimismo, enfatizó que el estado cuenta con la calidad y capacidad necesarias para competir a nivel internacional, por lo que insistió en la urgencia de fortalecer al sector ganadero con políticas incluyentes y de largo alcance