En el Congreso del Estado de Guanajuato avanzó una propuesta presentada por legisladores de Morena que busca ampliar la protección a niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de vulnerabilidad cuando sus madres son víctimas de feminicidio, homicidio o desaparición. La iniciativa fue analizada durante una mesa de trabajo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, donde obtuvo respaldo de diversas instituciones.

La propuesta plantea modificar el artículo 8 de la Ley de Víctimas del Estado para incluir a hijas e hijos de mujeres desaparecidas dentro de los beneficiarios de apoyos y programas de atención integral. Con ello se pretende garantizarles acceso prioritario a asistencia jurídica, acompañamiento psicológico, educación y otros apoyos sociales que ayuden a restituir sus derechos.

Durante la reunión, autoridades y representantes de organismos estatales coincidieron en que la reforma representa un avance en la protección de menores afectados por la violencia de género. Se prevé que en los próximos días la comisión emita el dictamen correspondiente para presentarlo ante el Pleno del Congreso, donde se discutirá su posible aprobación en favor de las familias guanajuatenses.

La instalación de un letrero con la palabra “Guanajuato” en la zona de Mina de Valenciana ha generado cuestionamientos entre ciudadanos, quienes señalan que el atractivo podría estar favoreciendo a negocios ubicados en esa área.

El letrero, pensado como punto para fotografías de turistas, fue colocado en la zona norte de la ciudad, sobre la carretera a Dolores Hidalgo, en un punto cercano a establecimientos turísticos relacionados con la familia de la alcaldesa Samantha Smith Gutiérrez.

Ciudadanos han señalado que, mientras este tipo de atractivos se colocan en Valenciana, el centro histórico de la capital no cuenta con un letrero similar en miradores emblemáticos, donde los visitantes suelen buscar una fotografía panorámica de la ciudad, como en el Monumento al Pípila.

La situación ha abierto cuestionamientos sobre si el letrero forma parte de una estrategia turística general o si su ubicación podría estar orientando el flujo de visitantes hacia una zona específica de la ciudad.

Hasta el momento, tampoco se ha informado con claridad si la instalación del letrero se realizó con recursos públicos o privados, lo que ha alimentado el debate entre ciudadanos sobre la forma en que se promueve el turismo en la capital.

El Senado de la República aprobó una reforma constitucional que pone fin a las llamadas “pensiones doradas” de exfuncionarios públicos, estableciendo que ninguna jubilación financiada con recursos públicos podrá superar los 70 mil pesos mensuales.

La iniciativa, impulsada por el gobierno federal, fue avalada por unanimidad con más de 100 votos a favor, y modifica el artículo 127 de la Constitución para fijar un límite equivalente al 50% del salario de la persona titular de la Presidencia de la República.

Con esta medida se busca terminar con los privilegios de algunos exdirectivos y funcionarios de organismos públicos que actualmente reciben pensiones que van desde más de 100 mil hasta cerca de un millón de pesos mensuales, muy por encima de la pensión promedio en el país.

De acuerdo con estimaciones del Senado, la reforma podría generar ahorros cercanos a los 5 mil millones de pesos al año, recursos que el gobierno pretende destinar a programas sociales y apoyo a sectores vulnerables.

El dictamen también establece algunas excepciones, como las pensiones de integrantes de las Fuerzas Armadas, sistemas de ahorro sindical y otras prestaciones específicas, que no estarán sujetas al nuevo tope.

Tras su aprobación en el Senado, la reforma fue enviada a la Cámara de Diputados, donde deberá continuar el proceso legislativo antes de su eventual entrada en vigor.

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