El desvivimiento de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, tras participar en el tradicional “Festival de las Velas” del 1 de noviembre, detonó una ola de indignación que hoy estalla en las calles. Las movilizaciones que lo siguen evidencian un clamor colectivo de justicia y seguridad: habitantes de Uruapan y de la capital estatal marchan bajo consignas como “¡Manzo no falleció, lo desvivió el Estado!”, en desafío abierto a las autoridades.

La población de Michoacán no solo exige explicaciones por el fallecimiento del edil, sino que llama a una revisión urgente de la estrategia de seguridad en una región marcada por la presencia de grupos delictivos que secuestran la gobernabilidad. En la marcha de Morelia, estudiantes, familias y ciudadanos, vestidos de blanco y portando pancartas, recorrieron avenidas para dejar claro que el miedo ya no será excusa.

Mientras tanto, en Uruapan se realizaron homenajes y cortes de circulación por varias asociaciones como signo de luto activo por quien era conocido como el alcalde “del sombrero”. Sin embargo, la movilización no está exenta de tensión.

Aunque muchas marchas han sido pacíficas, en otros puntos se han registrado enfrentamientos, actos de vandalismo y detenciones como ocurrió frente al Palacio de Gobierno en Morelia lo que pone en evidencia la delgada línea entre el legítimo reclamo social y la fractura del orden público.

En este escenario, la viuda del alcalde ha hecho un llamado a mantener la protesta en los cauces de la civilidad, recordando que la lucha de Manzo era pacífica y pidiendo evitar excesos que puedan empañar el mensaje. El reto, ahora, es claro para las autoridades estatales y federales: convertir este clamor popular en acción concreta.

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No basta el luto y la indignación. La ciudadanía exige ver algo tangible: avances en la investigación, resultados en seguridad y certeza de que no se repetirá. Las marchas de estos días no solo memorializan a un alcalde fallecido: encarnan el hartazgo de quienes dicen basta a la inseguridad. Si no hay respuesta, advierten, la protesta podría transformarse en algo más profundo que un acto de duelo.

Durante su conferencia matutina de este 7 de noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió al caso del menor de edad implicado en el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, ocurrido el pasado 1 de noviembre durante el Festival de las Velas.

La mandataria subrayó que la Estrategia Nacional de Seguridad debe centrarse no solo en la presencia de fuerzas federales, sino también en la atención a las causas que originan la violencia, con especial énfasis en la prevención del reclutamiento de jóvenes por grupos criminales.

“La derecha criticó mucho lo de abrazos, no balazos, porque decían que eran abrazos a la delincuencia; falso, hay que acercarse a los jóvenes. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que ningún joven se acerque a un grupo delincuencial”, expresó Sheinbaum al ser cuestionada sobre el caso del menor responsable del ataque armado que terminó con la vida del edil michoacano.

La presidenta destacó que su estrategia de seguridad combina la acción de las fuerzas del orden con programas de inclusión social, educación, cultura y deporte, dirigidos especialmente a jóvenes en situación vulnerable. Afirmó que durante años, las políticas públicas abandonaron a este sector de la población, lo que abrió la puerta a su captación por parte del crimen organizado.

Sheinbaum reiteró que su Gobierno busca ofrecer oportunidades reales y una visión de futuro a la juventud mexicana. “Nadie quiere que los jóvenes se acerquen a los grupos delincuenciales. Tenemos que ofrecerles alternativas reales de vida, educación y empleo digno”, enfatizó, al insistir en que la seguridad no puede basarse únicamente en la fuerza, sino en la construcción de un país más justo e inclusivo.

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Los alcaldes del Partido Acción Nacional (PAN), agrupados a través de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), lanzaron una exigencia directa a la presidenta Claudia Sheinbaum: que garantice la seguridad no sólo de la ciudadanía sino también de los servidores públicos municipales.

En su comunicado del 6 de noviembre de 2025, precisaron que la actual estrategia de seguridad mantiene paralizadas a muchas autoridades locales por el miedo y reclaman una coordinación sin tintes partidistas entre los tres niveles de gobierno.

El líder de ANAC, Mauricio Tabe, señaló que la política de “abrazos, no balazos” ha mostrado fallas en zonas de alta incidencia delictiva, donde los alcaldes se encuentran en “estado de indefensión”.

Tabe añadió que el gobierno federal debe “dejar la calumnia y las acusaciones” y asumir un papel activo para proteger tanto al pueblo de México como “a todos los servidores públicos que con valentía y determinación hacen su labor”.

Los municipios gobernados por el PAN alertan que los hechos no son teoría: la realidad habla por sí misma. Según reportes recientes, más de veinte alcaldes en funciones han tenido que solicitar y recibir protección especial entre 2021 y 2025 ante amenazas directas del crimen organizado.

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Si los ediles no pueden trabajar seguros, advierten, la gobernabilidad misma se resquebraja. Por ello exigen que los recursos destinados a la seguridad municipal como fondos para policía local, cámaras de vigilancia y sistemas de denuncia ciudadana, sean redistribuidos y activados sin dilación.

La llamada de los alcaldes del PAN, por tanto, pone al gobierno federal en un foco de atención clave: la seguridad municipal. Queda sobre la mesa la pregunta que lanzan los municipios al ejecutivo central: ¿qué hará para que la voz de los alcaldes deje de ser un grito en el vacío y se convierta en política pública efectiva? Si la respuesta no llega pronto, advierten, el vacío seguirá siendo ocupado por quienes ejercen la violencia.