El Gobierno de México definirá durante agosto si restringe el uso de teléfonos celulares en las escuelas de educación básica, con la intención de que la medida pueda entrar en vigor desde el próximo ciclo escolar. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la decisión se tomará una vez concluyan los foros organizados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre el impacto de los dispositivos digitales y las redes sociales en niñas, niños y adolescentes.

La mandataria señaló que existe un amplio respaldo para esta propuesta y aseguró que, según los datos presentados por el Gobierno, 7 de cada 10 madres y padres de familia están de acuerdo en que los estudiantes no utilicen celulares durante toda la jornada escolar. El objetivo, explicó, es reducir distracciones y favorecer el aprendizaje en las aulas.

Durante los foros también participó el psicólogo social Jonathan Haidt, quien recomendó retirar los teléfonos inteligentes de las escuelas y propuso fijar en 16 años la edad mínima para abrir cuentas en redes sociales. El especialista advirtió sobre los efectos que el uso excesivo de estas plataformas puede tener en el desarrollo y bienestar de los menores.

Por ahora no existe una prohibición definitiva, pero la SEP continuará dialogando con docentes, estudiantes y familias antes de tomar una decisión. Si la medida es aprobada, México podría sumarse a otros países que ya han establecido restricciones al uso de celulares dentro de los planteles educativos.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) revisar si existe una base legal para que el Estado mexicano pueda reclamar los bienes y recursos económicos atribuidos a Ismael “El Mayo” Zambada, actualmente detenido en Estados Unidos. La intención es determinar si parte de ese patrimonio puede recuperarse en beneficio del país.

La mandataria explicó que el análisis estará a cargo de la FGR, que deberá establecer si los bienes presuntamente obtenidos mediante actividades ilícitas pueden ser reclamados por México, independientemente de los procesos judiciales que se desarrollan en territorio estadounidense.

Sheinbaum señaló que cualquier acción deberá sustentarse en la legislación nacional, así como en los acuerdos de cooperación internacional entre ambos países. Por ello, aclaró que primero será necesario conocer el alcance jurídico del caso antes de iniciar cualquier procedimiento para recuperar esos recursos.

La posibilidad de que México reclame parte de esa fortuna abre un nuevo frente legal en uno de los casos de mayor impacto entre ambos países. Ahora será la Fiscalía la que determine si existen las condiciones para iniciar un proceso que permita, en su caso, recuperar bienes para el Estado mexicano.

Un agente aduanal de Estados Unidos se declaró culpable de participar en un esquema de corrupción que consistía en sobornar a funcionarios mexicanos para facilitar el ingreso irregular de mercancías al país y evadir revisiones en las aduanas. El caso fue revelado por autoridades estadounidenses durante un proceso judicial y ha encendido las alertas sobre posibles actos de corrupción en el comercio internacional.

De acuerdo con la investigación, el agente entregó pagos ilegales a servidores públicos mexicanos a cambio de obtener un trato preferencial para el cruce de cargamentos. Las autoridades estadounidenses señalaron que estas prácticas permitieron agilizar operaciones comerciales y evitar controles que debían aplicarse de manera obligatoria.

Tras aceptar su responsabilidad, el implicado enfrenta cargos por corrupción y podría recibir una condena de varios años de prisión en Estados Unidos. Mientras tanto, las investigaciones continúan para identificar a los funcionarios mexicanos que presuntamente recibieron los sobornos y determinar el alcance de la red de corrupción.

El caso ha generado preocupación por la transparencia en las operaciones aduaneras entre ambos países y podría derivar en nuevas acciones legales tanto en México como en Estados Unidos. Las autoridades de ambos gobiernos mantienen abiertas las investigaciones para deslindar responsabilidades y sancionar a quienes hayan participado en estos hechos.