Una nueva investigación periodística realizada por POPLab y CONNECTAS volvió a encender la polémica en Guanajuato al revelar documentos que apuntan a que Daniel Esquenazi Beraha, empresario vinculado a la casa que habitó el exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en Texas, habría recibido más de 680 millones de pesos en comisiones y pagos relacionados con empresas del grupo Seguritech entre 2021 y 2025.

El hallazgo cobra relevancia porque meses atrás la Secretaría de la Honestidad determinó archivar una investigación al señalar que no encontró pruebas que acreditaran una relación formal entre Esquenazi y Seguritech. Sin embargo, la nueva investigación asegura haber localizado documentos fiscales y registros financieros que muestran pagos, recibos de nómina y transferencias que vincularían al empresario con compañías del conglomerado dedicado a la tecnología de seguridad.

Seguritech no es cualquier empresa. Desde 2012 se ha convertido en uno de los mayores proveedores de tecnología de vigilancia para gobiernos estatales y municipales en México. Tan solo en Guanajuato, los contratos acumulados relacionados con sistemas de videovigilancia, arcos carreteros y plataformas de seguridad superan los miles de millones de pesos, convirtiendo al estado en uno de sus principales clientes durante las administraciones de Miguel Márquez Márquez, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el actual gobierno encabezado por Libia Dennise García Muñoz Ledo.

La investigación también cuestiona el destino de cientos de millones de pesos pagados en conceptos como “comisión por éxito”, “gestión”, “consultoría” e “intermediación”, montos que especialistas consideran inusualmente elevados para este tipo de operaciones. De acuerdo con el reportaje, parte de esos recursos fueron transferidos entre diversas empresas relacionadas, dificultando el rastreo de los beneficiarios finales.

El caso vuelve a poner bajo los reflectores la residencia de lujo ubicada en The Woodlands, Texas, donde vivió Diego Sinhue tras concluir su mandato. Dicha propiedad pertenece a una empresa administrada por Daniel Esquenazi, situación que generó cuestionamientos públicos sobre posibles conflictos de interés debido a los contratos millonarios otorgados a Seguritech durante el sexenio anterior.

Advertisement

Mientras tanto, el Gobierno de Guanajuato sostiene que los procesos de contratación fueron revisados por las autoridades competentes y que no existen determinaciones oficiales que acrediten irregularidades. Sin embargo, la publicación de estos nuevos documentos reabre el debate sobre la transparencia, el manejo de recursos públicos y la efectividad de una estrategia de seguridad que, pese a inversiones multimillonarias, ha sido objeto de cuestionamientos por sus resultados en el combate a la violencia

La protesta nacional de campesinos y transportistas volvió a paralizar importantes carreteras del país. Desde temprana hora de este martes se registraron bloqueos y movilizaciones en estados como Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Querétaro, Puebla, Hidalgo, Zacatecas y Sinaloa, provocando caos vial y largas filas de vehículos.

Los manifestantes aseguran que las movilizaciones son por la falta de apoyos al campo, inseguridad en carreteras, cobros ilegales y precios injustos para productores agrícolas y transportistas. Entre las organizaciones participantes se encuentra la ANTAC y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano.

En la Ciudad de México, miles de personas avanzaron desde distintos accesos carreteros hacia el centro de la capital, afectando vías como la México-Querétaro, México-Puebla y México-Cuernavaca. Incluso se reportaron empujones y tensión entre policías y manifestantes en algunas zonas de protesta.

Los organizadores advirtieron que las movilizaciones podrían continuar si el Gobierno federal no atiende sus demandas. Mientras tanto, automovilistas y transportistas quedaron atrapados durante horas en medio de bloqueos que volvieron a evidenciar el creciente descontento social y la presión sobre las autoridades federales.

Uno de los mayores casos de lavado de dinero en México ya está bajo investigación.

La Secretaría de Hacienda, el SAT y la Fiscalía General de la República detectaron una presunta red financiera que habría movido cerca de 10 mil millones de pesos en menos de tres años mediante empresas señaladas como “factureras”.

De acuerdo con las investigaciones, se identificaron más de 17 mil depósitos y 55 mil retiros realizados a través de compañías que no contaban con autorización para operar como entidades financieras.

Las autoridades ya preparan imputaciones contra al menos seis personas relacionadas con las empresas investigadas, mientras el caso fue presentado ante un juez federal.

Entre las compañías señaladas aparecen nombres como Optimización Dalga, Lovies y OHAT, algunas clasificadas por el SAT como empresas fantasma o factureras definitivas.

Por el tamaño del dinero detectado, el expediente ya es considerado uno de los casos de lavado más grandes judicializados en la última década en México.

Advertisement

Ahora, mientras avanzan las investigaciones, el caso vuelve a poner bajo la lupa las redes de facturación falsa y los millonarios movimientos de dinero que operan detrás de empresas aparentemente legales.