La ministra Lenia Batres sumó una victoria clave en medio del escenario político-electoral: un tribunal federal le dio la razón en la disputa por registrar la marca “Ministra del Pueblo”.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa anuló la negativa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que había rechazado el registro al considerar que el nombre podía generar confusión de cara a la elección judicial.

Batres impugnó la decisión y obtuvo un fallo unánime a su favor, al determinarse que la autoridad actuó de forma ilegal y sin justificar adecuadamente su resolución.

Con este revés, la ministra podrá continuar el trámite para formalizar el uso del distintivo que ha utilizado como parte de su identidad pública y política rumbo a los comicios.

Aunque el registro aún no es automático, el fallo elimina el principal obstáculo legal y fortalece su posicionamiento en un proceso donde la imagen… también juega.

Advertisement

Tras semanas de negarlo, Petróleos Mexicanos (Pemex) finalmente reconoció que la mancha de hidrocarburo que contaminó el Golfo de México sí provino de sus instalaciones… y el escándalo ya cobró sus primeras cabezas.

El Gobierno federal confirmó que la fuga se originó en un oleoducto cercano a la plataforma Abkatún, en la zona de Cantarell, entre el 4 y el 17 de febrero, provocando afectaciones en costas de varios estados del país.

Como consecuencia directa, tres altos funcionarios de la petrolera fueron cesados mientras avanzan las investigaciones sobre posibles responsabilidades y omisiones.

El caso no solo exhibe fallas técnicas, sino también un problema mayor: durante semanas, áreas operativas habrían negado la existencia de la fuga, retrasando la respuesta ante el impacto ambiental.

Hoy, con el reconocimiento oficial, el foco está en el daño ecológico y en una pregunta clave: ¿fue un accidente… o un encubrimiento?

Advertisement

Una nueva controversia sacude a la política mexicana: la hoy senadora Mariela Gutiérrez Escalante reconoció que durante su gestión como alcaldesa de Tecámac fueron sacrificados cerca de 10 mil perros en situación de calle.

El tema estalló tras la difusión de un video en redes sociales, donde la exfuncionaria defiende las decisiones tomadas, asegurando que se actuó conforme a la ley y bajo protocolos establecidos.

Sin embargo, su justificación encendió aún más el debate: afirmó que muchos de los animales representaban un riesgo, ya que —según dijo— habían agredido o “violentado” a personas, argumento que utilizó para respaldar las acciones de su administración.

La cifra y las declaraciones provocaron reacciones inmediatas de activistas y organizaciones defensoras de animales, mientras que autoridades del Estado de México ya abrieron una investigación para determinar si hubo responsabilidades legales por posible maltrato animal.

El caso ha reavivado una discusión de fondo: ¿hasta dónde puede llegar una política pública en nombre de la seguridad… cuando se trata de vidas animales?.

Advertisement