La violencia política volvió a cobrar una víctima en México. El presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, fue asesinado en un ataque armado que ocurrió cuando se encontraba en su comunidad. El hecho provocó una fuerte movilización de las autoridades y generó preocupación en una entidad que ha enfrentado diversos episodios de inseguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados interceptaron al edil y abrieron fuego en su contra. A pesar de los esfuerzos de los cuerpos de emergencia, el alcalde perdió la vida en el lugar. Las circunstancias exactas del ataque continúan bajo investigación.

Tras confirmarse el asesinato, autoridades estatales y federales condenaron los hechos e informaron el inicio de las indagatorias para identificar y capturar a los responsables. La Fiscalía de Oaxaca desplegó personal especializado para recabar evidencia y esclarecer el móvil del crimen.

El homicidio se suma a la lista de agresiones contra autoridades municipales registradas en distintas regiones del país. Mientras avanzan las investigaciones, el caso vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad de los servidores públicos y la violencia que persiste en diversas zonas de México.

La inconformidad de conductores de plataformas digitales escaló este viernes hasta provocar bloqueos simultáneos en varios municipios de Guanajuato. La movilización comenzó luego de la detención de una conductora durante un operativo en Irapuato, hecho que desató protestas de operadores de Uber, Didi y otras aplicaciones, quienes decidieron tomar algunas de las principales vialidades del estado para exigir diálogo con las autoridades.

En León, los manifestantes afectaron la circulación en la salida León-Silao y en zonas cercanas al distribuidor vial Juan Pablo II, generando largas filas de vehículos y retrasos para cientos de automovilistas. En Irapuato también se reportaron cierres sobre el bulevar Solidaridad, prolongación Guerrero y el Cuarto Cinturón Vial, mientras que en San Miguel de Allende y Silao se registraron acciones similares.

En Guanajuato capital, la protesta también tuvo impacto. Decenas de conductores realizaron un paro en la glorieta Santa Fe, uno de los accesos más importantes de la ciudad, afectando la circulación en dirección a la central camionera, la autopista hacia Silao y la zona sur. El congestionamiento alcanzó varios kilómetros y provocó complicaciones para quienes se dirigían al trabajo, la escuela o realizaban trámites durante la mañana.

Tras varias horas de presión y afectaciones viales, representantes de los conductores sostuvieron acercamientos con autoridades estatales. Los bloqueos comenzaron a retirarse poco después del mediodía; sin embargo, el movimiento volvió a evidenciar el conflicto que existe entre los operadores de plataformas y las autoridades encargadas de regular el servicio en Guanajuato.

La decisión de una jueza federal ha generado polémica a nivel nacional. José Antonio Cortés Huerta, alias “Titán”, identificado por autoridades federales como presunto líder de una red dedicada al robo y tráfico de combustible, obtuvo un cambio en sus medidas cautelares que le permitirá abandonar la prisión y permanecer bajo resguardo domiciliario.

De acuerdo con la resolución judicial, el imputado podrá permanecer en una vivienda de Monterrey mientras continúa su proceso legal. Además, fuentes citadas en el caso señalaron que tendría autorización para salir hasta seis horas al día y realizar desplazamientos adicionales en caso de emergencias médicas.

El beneficio fue concedido después de que una jueza federal otorgara una suspensión provisional y ordenara revisar la prisión preventiva que pesaba sobre el presunto huachicolero. Entre las restricciones impuestas se encuentra la prohibición de abandonar el país mientras se define su situación jurídica.

La captura de “Titán” fue anunciada por el Gobierno federal como parte de una investigación relacionada con uno de los mayores aseguramientos de combustible presuntamente ingresado de forma ilegal a México. La decisión judicial ha reavivado el debate sobre las medidas cautelares otorgadas a personas señaladas por delitos de alto impacto y el alcance de las resoluciones emitidas por jueces federales.