Por un lado, Juan Carlos Delgado Zárate Director del IMPLAN, defiende que todo está en orden y que hay permisos válidos para la construcción.

Por otro lado, Ernesto Milán Soberanes Diputado por el partido de Morena, plantea serias preocupaciones sobre la legalidad de esos permisos y el impacto ambiental que podría tener el desarrollo.

Es comprensible que haya inquietudes sobre la transparencia y la legalidad en este tipo de proyectos, especialmente cuando se trata de suelo forestal.

Mientras que el permiso de la comisión del agua y medio ambiente fue firmado positivamente por el Ing. José Lara Lona, secretario de la comisión del agua y medio ambiente, de competencia municipal este 7 de febrero de 2025.

La SEMARNAT aseguró no haber recibido ningún trámite de solicitud de autorización de uso de cambio de suelo en especifico ninguno denominado “la Cucursola”.

La falta de un letrero que indique “propiedad privada” no impide que las investigaciones periodísticas se den, solo a la entrada de la construcción y las acciones de intimidación hacia los periodistas también son aspectos preocupantes que merecen atención.

Está semana la noticia de que Saúl Navarro, el hijo de la presidenta municipal de Guanajuato Samantha Smith, era parte de la comisión invitada a China para los acostumbrados proyectos de hermandad entre ciudades.

De inmediato, en medios y sociedad hubo una reacción sobre la falta de méritos para dicha misión, es más, ni siquiera se puede decir que tiene un puesto en el municipio.

En un sondeo ciudadano los capitalinos se dijeron enterados de la manera en que la familia Navarro Smith está gobernando la capital de Guanajuato como si se tratara de un rancho bananero y mostraron su desagrado.

Muchos exigieron que dichos eventos podrían ser estimulantes para talentos escolares o artisticosten en lugar de privilegios políticos.

El Ayuntamiento de Guanajuato aprobó recientemente el Proyecto del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, PMDUOET, una medida que está generando debate tanto en el sector político como entre activistas y especialistas en desarrollo urbano. La propuesta recibió el voto en contra de los regidores Fernanda Arellano y Víctor Hugo Larios, ambos de Morena.

Uno de los puntos más destacados del PMDUOET es la declaración de la zona de La Bufa como un área de conservación fuera de los planes urbanísticos. Sin embargo, el proyecto también contempla la construcción de tres nuevas vialidades urbanas en el municipio, lo que ha generado preocupación debido a la posibilidad de que esto fomente una mayor expansión urbana en áreas protegidas.

Dichas vialidades conectarán Yerbabuena con la carretera Panorámica, pasando por las zonas de Diego Rivera y Pozuelos entre las zonas cerranas aledañas a lo que se le conoce como el “Terraplen“.

Especialistas advierten que estos nuevos accesos podrían provocar un desbordamiento de la urbanización hacia las faldas de La Bufa, un área de alta importancia ecológica. Además, han señalado que el polígono en cuestión tiene una relevancia hídrica significativa, ya que los escurrimientos provenientes de esta zona alimentan el río Guanajuato y la zona de recarga del acuífero en el sur de la ciudad. La intervención en este espacio, según expertos, generará un impacto ambiental negativo que podría comprometer el equilibrio ecológico de la región.

A pesar de las advertencias de activistas y especialistas, el gobierno municipal, encabezado por la alcaldesa Samantha Smith, ha defendido el plan de desarrollo como una solución para las necesidades urbanas de la ciudad.

No obstante, críticos del proyecto argumentan que las contradicciones dentro del propio programa reflejan una falta de visión integral respecto a la protección del medio ambiente y la planificación territorial.

La falta de un marco jurídico adecuado ha permitido el crecimiento desordenado de la capital del estado, según han señalado ambientalistas y especialistas en desarrollo urbano.

La ausencia de un programa que garantice un desarrollo ordenado y sustentable ha facilitado la urbanización de zonas de conservación ecológica, beneficiando a políticos y empresarios en detrimento del patrimonio natural de Guanajuato a lo largo de los últimos 13 años.

Activistas advirtieron que este fenómeno no solo afecta la identidad de los guanajuatenses al modificar el paisaje natural y serrano, sino que también pone en riesgo áreas de alto valor ecológico.

En los últimos años, la falta de regulación del desarrollo urbano ha permitido que diversos proyectos avancen sin una evaluación integral de sus consecuencias ambientales y sociales, lo que ha generado un llamado urgente a reforzar las políticas de conservación en la capital del estado.