La llamada Guerra Cristera fue un conflicto armado y religioso que marcó a México entre 1926 y 1929, aunque en algunos lugares se prolongó hasta los primeros años de la década de 1930. El origen se encuentra en la aplicación de la Ley Calles, promovida por el presidente Plutarco Elías Calles, que buscaba limitar la influencia de la Iglesia católica en la vida pública del país. Esta legislación prohibía procesiones, restringía el número de sacerdotes, cerraba templos y escuelas religiosas, e imponía sanciones a quienes desobedecieran.

En un país donde la mayoría de la población era profundamente católica, estas medidas se interpretaron como un ataque directo a la fe y a la identidad cultural del pueblo. La respuesta fue una rebelión popular, integrada en su mayoría por campesinos, artesanos y sectores medios, quienes se levantaron en armas bajo el lema “¡Viva Cristo Rey!”.

El estado de Guanajuato fue uno de los epicentros del conflicto junto con Jalisco, Michoacán y Colima. Sus comunidades rurales se convirtieron en escenarios de enfrentamientos constantes entre cristeros y fuerzas federales. La capital del estado, aunque no fue escenario de batallas campales como otras zonas rurales, vivió de manera intensa las tensiones sociales y religiosas derivadas del conflicto.

En Guanajuato capital se aplicaron las disposiciones anticlericales:

• Se ordenó el cierre de templos y conventos, lo que alteró la vida religiosa cotidiana.
• Las procesiones y festividades religiosas quedaron prohibidas.
• Hubo persecución contra sacerdotes y laicos que organizaban o practicaban actos de culto.
• Familias católicas participaron en la resistencia, ofreciendo apoyo en secreto a los cristeros de las regiones cercanas.

La ciudad, con su fuerte tradición minera y artesanal, también resintió las consecuencias económicas de la inestabilidad: disminución del comercio, miedo a las represalias y migración hacia lugares más seguros.

1. Sociales y culturales
   • La fe católica se vivió en la clandestinidad, lo que reforzó la religiosidad popular.
   • Se generó un sentimiento de desconfianza hacia las autoridades federales.
   • Algunos sacerdotes y laicos de Guanajuato fueron perseguidos o ejecutados, quedando en la memoria local como mártires.
2. Políticas
   • El conflicto consolidó en Guanajuato un perfil político conservador y católico, que influiría en la vida pública del estado durante el resto del siglo XX.
   • La tregua alcanzada en 1929 entre el gobierno federal y la Iglesia no borró de inmediato las heridas: en la capital persistió por años una tensión latente entre el poder civil y la autoridad religiosa.
3. Económicas
   • La guerra interrumpió la vida productiva y comercial de la ciudad.
   • Algunas familias fueron desplazadas, y la actividad económica se vio afectada por el clima de persecución y miedo.

En Guanajuato capital, la época cristera no se manifestó en grandes batallas armadas, pero sí en una atmósfera de represión, resistencia y clandestinidad. La imposición de la Ley Calles alteró profundamente la vida cotidiana, tocando lo más íntimo de la identidad social: la práctica religiosa. Este periodo dejó una huella duradera en la ciudad, reforzando la devoción católica que hasta hoy caracteriza a sus habitantes y marcando la memoria histórica de una comunidad que vivió entre la fe, el miedo y la resistencia.

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Guanajuato entró al siglo XIX de forma trágica… pues sufrió varias hambrunas provocadas por guerras, sequías y el colapso del sistema agrícola, además de políticas pobres y una alarmante falta de planificación.

La Guerra de Independencia y otros conflictos dejaron los campos abandonados, dañando gravemente la producción de alimentos, especialmente de maíz. A esto se le suma la sequía que desató hambre, enfermedades y migraciones masivas.

Muchas personas murieron, pero lo más desgarrador fue la pérdida de miles de infantes. Fue entonces cuando la historia nos dejó como legado, el callejón de los Angelitos: un estrecho paso por donde hombres y mujeres valientes llevaban en brazos a sus pequeños fallecidos, devolviéndolos con dolor a la tierra que los vio nacer, rumbo al panteón de Santa Paula.

El nombre original del camposanto era Santa Eulalia, inaugurado en marzo de 1861. Más tarde, su nombre cambió a Santa Paula.

Este panteón, por razones naturales y aún misteriosas, es el lugar donde se forman las famosas momias de Guanajuato y este callejón, que hoy contemplamos, era el último recorrido de un “angelito”, es decir, el cuerpecito de un niño.

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Para hacer más llevadero ese paso fúnebre, el recorrido era acompañado por pirotecnia o cuetes que iluminaban el camino hacia la “recamarita”, un espacio especial dentro del panteón reservado para los angelitos.

En 2024, el Callejón de los Angelitos fue restaurado. Hoy luce un colorido deslumbrante que, en opinión de muchos, lo convierte en uno de los rincones más hermosos y conmovedores de Guanajuato capital. Un lugar que tienes que ver.

Mientras otras ciudades del estado avanzan en la construcción de políticas de bienestar animal, en la capital gobierna la indiferencia. El gobierno municipal de Samantha Smith Gutiérrez fue acusado directamente por colectivos y rescatistas de protección animal de ignorar las denuncias de maltrato, abandonar programas de prevención y condenar a la ciudad a retroceder en materia de derechos de los animales.

En un oficio entregado al Ayuntamiento, asociaciones como Colectivo Los Nahuales, Tlacuatzin Rescue, SEA Adopciones y Rescate de Animales, Perros Perdidos de Guanajuato Capital, Adopta Guanajuato y rescatistas independientes señalaron que, pese a que desde 2021 está vigente la Ley de Protección Animal del Estado de Guanajuato, la administración de Smith no ha cumplido con su aplicación ni ha impulsado el reglamento municipal

correspondiente. El Consejo de Protección Animal, creado hace más de cuatro años, sigue inoperante bajo su gobierno, y durante los dos periodos de su esposo y ex presidente, Alejandro Navarro.

La crítica más fuerte recae sobre el Hospital Veterinario Municipal del (CECAA), al que acusan de haber dejado de realizar esterilizaciones gratuitas, de no impulsar campañas masivas de prevención y de deslindarse de la reducción del abandono, tarea que ahora recae únicamente en rescatistas independientes.

Para los colectivos, resulta una contradicción que el gobierno municipal cierre los ojos ante la crisis de abandono animal mientras se normalizan espectáculos con sufrimiento y violencia como corridas de toros, peleas de gallos y eventos permanentes con pirotecnia.

Lejos de reconocer el esfuerzo de quienes han dedicado años a enfrentar la sobrepoblación y el maltrato, se les ha descalificado llamándolos “rescatistas radicales”. Sin embargo, lo único que exigen es que la autoridad cumpla con la ley y asuma sus responsabilidades.

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Las demandas son claras:

Definir políticas públicas reales que protejan a los animales como seres sintientes.

Reconocer la experiencia de los rescatistas que han suplido la falta de autoridad.

Ejecución de campañas intensivas de esterilización gratuitas, aplicación de sanciones a maltratadores y promoción de la tutoría responsable.

Los firmantes recalcaron que cada día de omisión del gobierno municipal representa más sufrimiento animal y más retrocesos en justicia social, dejando en evidencia que la capital del estado avanza en sentido contrario a los principios de respeto y bienestar.

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