En el Congreso local, el diputado David Martínez Mendizábal propuso abrir una mesa de trabajo con expertos para fortalecer una iniciativa clave: establecer mecanismos claros que permitan medir la pobreza en Guanajuato. La propuesta, presentada originalmente en 2024 junto a la legisladora Hades Aguilar, busca reformar la Ley de Planeación del estado con el objetivo de construir herramientas más precisas y confiables en este rubro.

El legislador señaló que uno de los principales problemas es la falta de indicadores concretos desde el Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato, lo que impide conocer con certeza si los programas sociales realmente están funcionando. Ante este vacío, la iniciativa plantea incorporar metodologías tanto cualitativas como cuantitativas que permitan evaluar de forma más objetiva el impacto de las políticas públicas dirigidas a combatir la pobreza.

Además, la propuesta pretende afinar los criterios dentro de la Ley de Planeación para mejorar la evaluación de los programas gubernamentales, apostando por un modelo técnico sólido y transparente. Martínez Mendizábal destacó que la participación de especialistas y legisladores de distintas fuerzas políticas será clave para enriquecer la iniciativa y avanzar hacia una medición más justa y efectiva de la pobreza en la entidad.

Los recientes cambios en la circulación vial en la zona del Túnel del Laurel y la glorieta de Marfil han generado opiniones divididas entre automovilistas, peatones y comerciantes este lunes, luego de que autoridades implementaran un nuevo esquema de movilidad como parte de un plan para reducir accidentes y agilizar el tránsito. La intervención incluyó el cierre de la glorieta, la instalación de semáforos, retiro de topes y reubicación de paradas de transporte público, en un intento por eliminar puntos de conflicto en una de las zonas con mayor carga vehicular de la ciudad.

De acuerdo con autoridades municipales, los cambios responden a estudios técnicos que buscan mejorar los tiempos de traslado —que en horas pico podían superar los 20 minutos— y reducir percances viales registrados en la zona. Sin embargo, en la práctica, el arranque del nuevo modelo ha generado confusión: conductores que ignoran semáforos, peatones desorientados y recorridos más largos para tomar rutas habituales forman parte del panorama actual. Incluso, algunos usuarios han tenido que caminar mayores distancias para acceder al transporte público, lo que ha provocado inconformidad, especialmente entre adultos mayores.

Mientras el gobierno sostiene que se trata de un ejercicio de “urbanismo táctico” temporal que será evaluado antes de definir su permanencia, ciudadanos advierten riesgos y falta de adaptación en la implementación. El debate se mantiene abierto: por un lado, la promesa de una circulación más fluida y segura; por el otro, las complicaciones inmediatas en la vida cotidiana. En una ciudad con infraestructura compleja como Guanajuato capital, estos ajustes evidencian el desafío constante de equilibrar modernización vial con funcionalidad real para sus habitantes.

En un señalamiento que incomoda y obliga a replantear las bases del sistema democrático, el Mtro. Daniel Delgado Ávila advirtió desde la Universidad de Guanajuato (UG) que las infancias y adolescencias siguen siendo excluidas de los espacios reales de participación política. Durante la conferencia magistral “¿Quién cuenta en la democracia? Autonomía progresiva y derechos políticos de infancias y adolescencias”, el especialista puso sobre la mesa una pregunta directa: ¿la democracia comienza hasta los 18 años?

Invitado por la División de Derecho, Política y Gobierno, en colaboración con la Cátedra de Derecho Público y el Cuerpo Académico “Gobierno, Instituciones y Organizaciones en el contexto de la Globalización”, Delgado Ávila —magistrado con 25 años de trayectoria en el Poder Judicial— sostuvo que el voto no es el único mecanismo de participación y denunció la persistente invisibilidad de los menores como sujetos de derecho. “La democracia no empieza con el voto, sino cuando una persona es escuchada”, afirmó, respaldando su postura en marcos legales nacionales e internacionales que obligan al Estado a garantizar la voz de niñas, niños y adolescentes.

El evento, coordinado por académicas de la UG y con participación estudiantil, abrió un espacio de análisis sobre la autonomía progresiva y la responsabilidad parental como pilares para el ejercicio de estos derechos. El ponente fue contundente: una democracia que no escucha a su niñez no forma ciudadanía, sino obediencia, dejando claro que el reto no es solo jurídico, sino cultural.