Guanajuato, Gto. – La presidenta municipal Samantha Smith siguió los pasos de su antecesor y esposo, Alejandro Navarro, al trasladar sin autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) una presunta momia al Festival de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial en Zacatecas.

El cuerpo árido conocido como “Montserrat”, inventariado como “MM52 / C033 – 000-01548/”, fue exhibido públicamente pese a que especialistas han advertido el grave deterioro que provocan los movimientos indebidos.

La alcaldesa presumió en redes sociales que “nuestra ciudad brilló” supuestamente en el festival con la participación de artesanos, músicos y la magia incomparable de una momia que viajó desde nuestro museo para sorprender a todos. Sin embargo, detrás de la promoción turística se exhibe un uso político de un patrimonio cultural vulnerable, en abierta contradicción con la promesa de Smith de respetar las disposiciones federales del INAH.

Usuarios en redes sociales cuestionaron la autenticidad del cuerpo exhibido, asegurando que se trataba de una réplica, lo que incrementó la confusión y las críticas. No obstante, el propio exalcalde Navarro publicó imágenes de la momia real en exhibición, presumiendo con hashtags como “#INAH” y “#turismo”, lo que confirma la repetición de una estrategia que en 2019 ya había generado polémica en la primera edición de este mismo festival.

Hoy, mientras Smith promete “un proyecto increíble” para dar “nueva proyección” a las momias de Guanajuato, queda en evidencia la contradicción entre el discurso oficial y la práctica: la utilización de restos humanos patrimoniales como simples vitrinas de campaña turística. Sin embargo, la pregunta que permanece en si el INAH y las autoridades federales permitirán que este saqueo cultural se normalice en nombre de la promoción política

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Se sigue arrastrando, presuntamente, la sombra de corrupción sobre el subdirector Alejandro Barbarino Sosa, a quien testimonios señalan de otorgar supuestos permisos especiales a grandes tiendas como Soriana, San Jorge, Chedraui, así como a eventos y negocios como el Teatro Juárez, Teatro Cervantes, Casa Ofelia y restaurantes, para que descarguen mercancías y se estacionen donde quieran. Argumentan que esta facilidad para autorizar maniobras, que a otros ciudadanos les resulta tardada y complicada, podría tener como fin la entrega mordida.

De acuerdo con testimonios, presuntamente a partir de las 10 de la mañana comienzan a llegar a Oxxos, ferreterías, gaseras y otros comercios para exigir estas supuestas cuotas ilegales, permitiendo a los proveedores estacionarse y maniobrar sin restricciones. Argumentan que, si algún elemento se opone o desobedecer estas órdenes, se le llama directamente a Julio García, quien, presuntamente, tiene más influencia que el propio subsecretario Barbarino, e incluso Barranco o Guzmán.

Esta situación, supuestamente, no es nueva. Vecinos y trabajadores del sector señalan que la práctica viene desde la administración de Luis Rivera Almanza y que, pese a las denuncias internas y ciudadanas, no se ha tomado ninguna medida efectiva. Presuntamente, se trata de una red de complicidades que garantiza que quienes participan en estas maniobras permanezcan intocables.

La ciudadanía exige una auditoría inmediata y el cese de las cabezas principales que presuntamente encabezan esta ola de corrupción. Argumentan que, mientras no se corte de raíz esta estructura de favores y moches, el orden vial y la legalidad en Guanajuato seguirán supeditados a intereses particulares y no al bienestar colectivo.

Los primeros habitantes del territorio que hoy conocemos como el Estado de Guanajuato fueron los Chupícuaros, quienes se asentaron en la región meridional del Bajío. Posteriormente, la zona fue ocupada por los otomíes, que más adelante fueron desplazados por las tribus chichimeca y purépecha, siendo esta última la que dominó el suroeste del territorio. Al momento de la llegada de los españoles, estas dos tribus eran las principales pobladoras del área.

La presencia española en Guanajuato comenzó con la expedición de Cristóbal de Olid, que en 1522 llegó al sur del estado, específicamente a Yuririhapúndaro y Pénjamo. Cuatro años después, en 1526, se fundó Acámbaro, considerado el primer asentamiento español en la región. La colonización se extendió hacia la zona oriental del estado a partir de 1542, cuando se otorgaron mercedes para estancias ganaderas en Apaseo y Chamácuaro. Durante los años siguientes, se fundaron varios poblados estratégicos, entre ellos San Miguel el Grande en 1555, Santa Fe y Real de Minas de Guanajuato en 1557, León en 1576 y San Luis de la Paz en 1590, este último como resultado de un pacto de paz con los chichimecas.

El crecimiento demográfico de Guanajuato estuvo estrechamente ligado a la explotación de sus ricos yacimientos de plata, descubiertos en 1552. Para el siglo XVII, el territorio se había consolidado como uno de los centros más importantes de extracción de este metal a nivel mundial, lo que atrajo tanto a pobladores como a comerciantes y autoridades coloniales.

Administrativamente, la región experimentó diversos cambios durante el período colonial. A partir de 1548, con la creación de la Real Audiencia de Guadalajara, la Nueva España se dividió en los reinos de Galicia y México, quedando Guanajuato integrado al segundo. En 1600, con la división de la Nueva España en 23 Provincias Mayores, la entidad formó parte de la Provincia Mayor de Valladolid, dentro del Reino de México. Posteriormente, en 1786, las reformas borbónicas promovidas por el rey Carlos III establecieron la Intendencia de Guanajuato, conformada por cinco alcaldías mayores.

La participación de Guanajuato en la lucha por la independencia comenzó el 16 de septiembre de 1810, cuando Miguel Hidalgo y Costilla proclamó el inicio del movimiento insurgente en Dolores. Posteriormente, los insurgentes ocuparon la ciudad de Guanajuato y avanzaron hacia Valladolid (actual Morelia), sumando un ejército de alrededor de 70,000 personas. Aunque llegaron hasta Guadalajara y planearon dirigirse hacia Estados Unidos para adquirir armas, fueron finalmente traicionados y capturados en Coahuila.

Durante los años siguientes, la entidad experimentó diversas reorganizaciones administrativas derivadas de la Constitución de Cádiz de 1812 y los cambios políticos hasta 1821, cuando los jefes militares Luis de Cortázar y Anastasio Bustamante se adhirieron al Plan de Iguala y la ciudad de Guanajuato fue ocupada por fuerzas insurgentes, jurándose la independencia el 8 de julio de ese mismo año.

Finalmente, en 1824, Guanajuato se constituyó oficialmente como Estado Libre y Soberano, y en 1825 se instaló su primer Congreso Constituyente. La primera Constitución local se promulgó el 14 de abril de 1826, estableciendo la base legal y administrativa para la organización del estado dentro de la naciente Federación Mexicana.

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