El Banco de México reforzó el seguimiento de las remesas que ingresan al país mediante el sistema financiero, con el objetivo de identificar el origen y destino de estas operaciones y fortalecer la prevención del lavado de dinero.

Durante 2025, México recibió 155.7 millones de operaciones por remesas, equivalentes a 61 mil 791 millones de dólares. El nuevo mecanismo permite distinguir las transferencias relacionadas con remesas dentro del SPEI.

La herramienta busca mejorar la trazabilidad de los recursos y facilitar la detección de movimientos que puedan resultar inusuales o estar relacionados con actividades ilícitas.

El Banco de México también realizó revisiones a instituciones financieras y aplicó 338 sanciones a 81 entidades por irregularidades relacionadas con el sistema de pagos.

El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, rechazó que gane más que la presidenta Claudia Sheinbaum y calificó como una campaña de difamación los señalamientos sobre su salario y patrimonio. La polémica surgió a partir de publicaciones periodísticas que cuestionaron sus ingresos, propiedades y otros bienes declarados.

Uno de los señalamientos apuntó a que Romero Oropeza habría recibido ingresos superiores a los de la presidenta, además de revelar que posee diversas propiedades y que realizó operaciones inmobiliarias. El funcionario respondió que su sueldo está sujeto al tabulador correspondiente a un subsecretario de Estado y que la información puede consultarse en sus declaraciones patrimoniales.

Sobre sus bienes, el titular del Infonavit aseguró que están reportados y tienen un origen comprobable. Explicó que algunas propiedades fueron adquiridas años atrás y otras mediante créditos hipotecarios, por lo que rechazó que exista un patrimonio oculto o irregular.

Romero Oropeza también acusó que los cuestionamientos forman parte de una “campaña de difamación” relacionada con las críticas al programa Vivienda para el Bienestar. Mientras tanto, la polémica continúa y el funcionario sostiene que puede demostrar documentalmente tanto el origen de sus ingresos como de sus propiedades.

La medida entró en vigor el 1 de septiembre de 2026.

En 2021, el papa Francisco había reducido 10% el salario de los cardenales y 8% el de los jefes y secretarios de los dicasterios, como parte de las medidas de austeridad ante las dificultades económicas del Vaticano.

León XIV consideró que, con la emergencia sanitaria ya superada, estas restricciones pueden dejarse atrás. La decisión fue tomada después de consultar a la Secretaría de Economía de la Santa Sede.

La derogación no es retroactiva: los efectos de los recortes aplicados durante su vigencia, incluida la suspensión de aumentos por antigüedad, permanecen sin cambios.