Guanajuato, Gto.- En “La mañanera del pueblo” realizada en el estado de Guanajuato por la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informaron que la Estrategia Nacional de Seguridad ha derivado en una reducción del 65 por ciento en homicidios dolosos en la entidad, en comparación con febrero de 2025.

Se detalló que entre el 1 de octubre de 2024 y el 15 de febrero de 2026 fueron detenidas 4 mil 400 personas por delitos de alto impacto. En ese mismo periodo se aseguraron más de cinco toneladas de droga, incluidas mil pastillas de fentanilo, además de 6 mil 400 armas de fuego y más de 200 mil cartuchos.

García Harfuch subrayó que la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, así como corporaciones estatales, ha permitido debilitar estructuras criminales, capturar objetivos prioritarios y reforzar la protección a la ciudadanía.

Respecto a la agresión registrada el 25 de enero en un campo de fútbol del municipio de Salamanca, donde 11 personas perdieron la vida, informó que, tras el intercambio de información entre instancias federales y estatales, fue detenido Moisés “N”, identificado como presunto autor material del ataque y señalado como generador de violencia en Irapuato y Salamanca.

Por su parte, Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reportó que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso pasó de 12.71 en febrero de 2025 a 4.45 en enero de 2026, lo que representa una disminución del 65 por ciento. Añadió que enero de 2026 se convirtió en el mes con menor incidencia para ese periodo desde 2018, con una reducción acumulada del 62 por ciento.

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En relación con los delitos de alto impacto, indicó que la tendencia también es descendente. Entre octubre de 2024 y enero de 2026 el promedio diario bajó de 45.35 a 29.65 casos, lo que equivale a una disminución del 35 por ciento.

Estas piedras se ubican hacia uno de los costados del cerro, visibles desde distintos puntos panorámicos de la ciudad y forman parte del paisaje emblemático de Guanajuato capital.

La leyenda popular cuenta que aquellas rocas eran en realidad dos mujeres muy unidas por la amistad, pero enfrentadas por la rivalidad y los celos.

Según la tradición oral, ambas se enamoraron del mismo hombre y la disputa fue tan intensa que terminaron maldiciéndose mutuamente. Como castigo —o como consecuencia de su propio rencor— quedaron convertidas en piedra para toda la eternidad, mirándose sin poder reconciliarse.

Con el paso del tiempo, “Las Dos Comadres” se volvieron parte del imaginario colectivo guanajuatense. Algunos habitantes aseguran que en noches silenciosas el viento parece arrastrar murmullos desde el cerro, como si las comadres aún discutieran. Más allá del mito, estas enormes rocas siguen siendo un atractivo natural y un recordatorio de cómo en Guanajuato la historia, la geografía y la leyenda siempre caminan juntas.

La diputada de Morena María Eugenia García Oliveros presentó ante el Congreso local una iniciativa para prevenir y erradicar el matrimonio infantil y las uniones forzadas, mediante la adición de un artículo a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado. La propuesta plantea que autoridades estatales y municipales implementen acciones integrales para atender este problema, que —según cifras oficiales— persiste pese a que el matrimonio está prohibido para menores de 18 años.

De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en Guanajuato se registraron 404 adolescentes de 15 a 17 años casadas y 188 niñas de entre 12 y 14 en la misma situación, sumando 592 casos. Además, 11 759 jóvenes de 15 a 17 años declararon vivir en unión libre, así como 769 niñas de 12 a 14 años bajo esa figura. La legisladora advirtió que estas cifras evidencian que la prohibición legal no ha sido suficiente para erradicar estas prácticas.

García Oliveros sostuvo que las uniones tempranas constituyen una forma estructural de violencia de género que limita la autonomía, educación y oportunidades de niñas y adolescentes. La iniciativa propone que las medidas incluyan acciones afirmativas dirigidas especialmente a menores en situación de vulnerabilidad, como integrantes de comunidades indígenas, afromexicanas, personas con discapacidad o en contextos de migración y exclusión social, con el objetivo de garantizar su derecho a decidir sobre su futuro y romper ciclos de desigualdad.