En medio de la polémica por una investigación federal, la presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa de Marcelo Ebrard y confirmó que seguirá al frente de la Secretaría de Economía.

La mandataria aseguró que el ex canciller “está haciendo un excelente trabajo” y destacó su papel en las negociaciones comerciales con Estados Unidos y en la revisión del T-MEC, pese a la indagatoria abierta por la estancia de su hijo en la residencia oficial de la embajada de México en Londres entre 2021 y 2022.

La investigación fue abierta por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tras diversas denuncias y solicitudes ciudadanas para determinar si hubo alguna violación a normas o uso indebido de recursos públicos. Ebrard ha negado irregularidades y sostiene que no se utilizó dinero del erario.

Pese al escándalo, Sheinbaum dejó claro que no contempla removerlo del cargo, enviando un mensaje de respaldo político en un momento clave para la economía del país.

La decisión ha generado reacciones encontradas: para algunos es confianza en su trabajo; para otros, una señal de blindaje político.

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En México, el Día del Niño debería ser una fecha de alegría, pero para muchas familias se ha convertido en una presión económica. En escuelas de preescolar y primaria, padres denuncian que las celebraciones implican “cooperaciones voluntarias” que en realidad se sienten obligatorias: pagos para convivios, regalos o actividades, muchas veces avisados con poco tiempo y bajo la idea de que, si no se coopera, los niños mejor no asistan.

Esta práctica termina marcando diferencias entre los estudiantes. Mientras algunos participan en festejos completos, otros quedan fuera por no poder pagar. Lo que debería ser una celebración incluyente se convierte en un reflejo de desigualdad, donde la participación depende del ingreso familiar y no del derecho a disfrutar la infancia.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, más del 36% de la población en México vive en situación de pobreza, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que gran parte del ingreso de los hogares se destina a cubrir necesidades básicas como alimentación, transporte y servicios. En ese contexto, gastos extra como festividades escolares pueden representar una carga difícil de sostener, especialmente para familias numerosas o de bajos recursos.

Aunque las autoridades educativas han reiterado que las cuotas son voluntarias, en la práctica muchas escuelas continúan solicitándolas como si fueran obligatorias. Así, el Día del Niño corre el riesgo de perder su sentido original y convertirse en una celebración excluyente, donde la pregunta ya no es cómo festejar, sino quién puede hacerlo.

En un señalamiento que incomoda y obliga a replantear las bases del sistema democrático, el Mtro. Daniel Delgado Ávila advirtió desde la Universidad de Guanajuato (UG) que las infancias y adolescencias siguen siendo excluidas de los espacios reales de participación política. Durante la conferencia magistral “¿Quién cuenta en la democracia? Autonomía progresiva y derechos políticos de infancias y adolescencias”, el especialista puso sobre la mesa una pregunta directa: ¿la democracia comienza hasta los 18 años?

Invitado por la División de Derecho, Política y Gobierno, en colaboración con la Cátedra de Derecho Público y el Cuerpo Académico “Gobierno, Instituciones y Organizaciones en el contexto de la Globalización”, Delgado Ávila —magistrado con 25 años de trayectoria en el Poder Judicial— sostuvo que el voto no es el único mecanismo de participación y denunció la persistente invisibilidad de los menores como sujetos de derecho. “La democracia no empieza con el voto, sino cuando una persona es escuchada”, afirmó, respaldando su postura en marcos legales nacionales e internacionales que obligan al Estado a garantizar la voz de niñas, niños y adolescentes.

El evento, coordinado por académicas de la UG y con participación estudiantil, abrió un espacio de análisis sobre la autonomía progresiva y la responsabilidad parental como pilares para el ejercicio de estos derechos. El ponente fue contundente: una democracia que no escucha a su niñez no forma ciudadanía, sino obediencia, dejando claro que el reto no es solo jurídico, sino cultural.