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Municipio

El municipio no tiene para pagarle a propietarios de Casa Colorada, la deuda que asciende a 47 millones de pesos continuara en el limbo.

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El pleito del Hotel Casa Colorada y la suspensión de obra de hace más de 6 años resurge pues la razón les ha dado a los hoteleros de donde jalar los hilos, el alcalde Alejandro Navarro Saldaña, aseguró que el pleito fue por el INAH y sus modificaciones.

Con el adeudo aproximada de 47 millones de pesos no se podrá cobrar el propietario de Casa Colorada pues en su momento, la orden la dio el INAH, aunque la demanda diga que el municipio atendió una orden, señaló el presidente.

Al concluir Navarro Saldaña llamó a no satanizar alcaldes pues el gobernante en turno solo sigue las ordenes que le llegan y no hay manera de que se cobren el adeudo en este momento, así sea por embargo, por lo que aseguró el Jurídico está al tanto del caso

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Alertas

Roba maquillaje a plena luz del día en Villaseca. Comerciantes en alerta por ladrón

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Vecinos y comerciantes de la colonia Villaseca han encendido las alertas luego de que un sujeto fuera captado robando productos en la tienda Catarina. De acuerdo con el reporte, el individuo ingresó al establecimiento durante el día y sustrajo maquillaje sin realizar pago, aprovechando un momento de descuido.

La propietaria del negocio denunció públicamente el hecho y advirtió que el lugar cuenta con cámaras de seguridad que registraron lo ocurrido. Ante la situación, hizo un llamado directo a otros comerciantes de la zona para mantenerse atentos y prevenir posibles robos similares, ya que no se descarta que el sujeto continúe operando en otros locales.

Este caso ha generado preocupación entre dueños de pequeños negocios, quienes señalan sentirse vulnerables ante este tipo de incidentes. La recomendación general es reforzar medidas de seguridad, compartir información entre comercios y reportar cualquier situación sospechosa a las autoridades para evitar que estos hechos se repitan.

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Gobierno

¿Se puede juzgar el pasado con nuevas reglas? La nueva ley contra el feminicidio que pone en el centro la justicia para víctimas

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La presidenta Claudia Sheinbaum encendió el debate nacional al plantear que la nueva ley contra el feminicidio podría aplicarse de manera retroactiva, es decir, alcanzar casos ocurridos antes de su aprobación.

Aunque la iniciativa aún no contempla este punto en la Constitución, la mandataria reconoció que se analizará si es viable incluirlo con apoyo de la Fiscalía y la Secretaría de las Mujeres.

La propuesta forma parte de una reforma más amplia que busca endurecer castigos —de hasta 70 años de prisión— y homologar la investigación de feminicidios en todo el país para combatir la impunidad.

Además, el gobierno no descarta revisar expedientes de casos anteriores que quedaron sin resolver, lo que podría reabrir investigaciones emblemáticas y dar un nuevo giro a la búsqueda de justicia para las víctimas.

La posibilidad de aplicar la ley hacia atrás genera expectativa… pero también polémica: ¿se trata de justicia histórica o de un terreno legal riesgoso?

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Ciudad

¿Inclusion real o solo discurso?, IEEG firma convenio con CEPIADET por derechos indígenas.

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El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) firmó un convenio de colaboración con el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET A.C.), con la intención de reforzar la participación política de los pueblos y comunidades indígenas en el estado. El acuerdo busca generar condiciones más equitativas para el ejercicio de sus derechos político-electorales, bajo un enfoque de respeto a la identidad cultural y lingüística.

Durante la firma, encabezada por Brenda Canchola Elizarraraz y representantes de CEPIADET, se destacó la importancia de implementar estrategias que permitan acercar la información electoral a comunidades históricamente marginadas. La colaboración contempla acciones como capacitación, difusión y acompañamiento, con herramientas adaptadas a los contextos culturales de las poblaciones indígenas, algo que durante años ha sido una deuda pendiente en materia de inclusión democrática.

No obstante, el reto no es menor: pasar del discurso institucional a resultados tangibles. Aunque el convenio plantea avances hacia una democracia intercultural, organizaciones y ciudadanos señalan que este tipo de acuerdos deben traducirse en cambios reales y medibles, evitando que queden solo en actos protocolarios. La expectativa ahora recae en que este esfuerzo no se diluya y realmente garantice una participación efectiva, libre de discriminación, para los pueblos indígenas en Guanajuato.

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Seguridad

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