En el Fraccionamiento Independencia, también conocido como “Civitas”, ubicado en la zona sur de la capital del estado, ya avanzan los trabajos para instalar una gasolinera justo frente a una gasera existente, a menos de dos metros de la zona habitacional y a escasas cuadras de una escuela primaria. La noticia ha preocupado los habitantes, quienes denuncian riesgos graves para su integridad y acusan una evidente omisión por parte del gobierno municipal.

Aunque la instalación y operación de gasolineras en Guanajuato, como en el resto del país, está regulada por una serie de normativas estrictas, entre ellas el Reglamento de Zonificación, Uso y Destino del Suelo, así como reglamentos para establecimientos comerciales, vecinos señalan que en este caso las autoridades locales habrían autorizado el cambio de uso de suelo sin considerar los riesgos ambientales, de seguridad y salud que implica ubicar una estación de servicio tan cerca de viviendas, una escuela y un pozo de agua potable recién inaugurado.

El proceso para establecer una gasolinera no es menor. Requiere una licencia de factibilidad de uso de suelo, que debe estar alineada con parámetros de seguridad que impiden su instalación cerca de zonas habitacionales, hospitales o escuelas. Además, existen disposiciones sobre distancias mínimas con otras estaciones de servicio y con vías de comunicación. Sin embargo, en este caso, los trabajos comenzaron sin que la comunidad fuera notificada previamente ni consultada, y sin que se observara presencia de Protección Civil para realizar una evaluación de riesgos como lo exigen las normas.

Vecinas y vecinos de Civitas afirman que el predio ya fue cercado y que incluso una malla ciclónica bloqueó un paso de servidumbre que usaban familias para acceder a la calle Miguel Domínguez, situación que además ha afectado la movilidad y el tránsito peatonal. Denuncian que no se sabe quién otorgó los permisos, ni bajo qué condiciones, y acusan que se trata de una decisión tomada sin considerar el bienestar de la comunidad.

Además de la cercanía con sus viviendas, la gasolinera estaría justo frente a una gasera que, según los propios habitantes, presenta fugas frecuentes de gas, lo que ya representa un riesgo latente. En ese contexto, sumar otra fuente de materiales inflamables incrementa de forma alarmante la posibilidad de una tragedia.

La comunidad está organizada. Desde hace días comenzaron a recabar firmas y a redactar un documento dirigido tanto a la presidencia municipal como al gobierno del estado, solicitando detener la obra y realizar un análisis exhaustivo de los riesgos. También se prepara un segundo escrito que será dirigido a Protección Civil para exigir una evaluación técnica sobre la viabilidad y seguridad del proyecto.

Vecinas y vecinos expresan abiertamente su temor por la vida y la salud de sus familias. Aseguran que la colonia fue primero que cualquier negocio, y que han construido comunidad y seguridad en un entorno que ha crecido con el tiempo, pero que ahora se ve amenazado por decisiones ajenas a su bienestar. En total, serían al menos tres colonias afectadas: Balcones, Independencia y parte de Lomas del Padre, con decenas de familias viviendo una amenaza.

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La indignación crece no solo por la construcción en sí, sino por la falta de transparencia, consulta ciudadana y medidas preventivas por parte de las autoridades municipales. Los vecinos se preparan para acudir incluso a instancias legales si la petición ciudadana es ignorada, con la convicción de no permitir que se les imponga una bomba de tiempo en el corazón de su comunidad.

Guanajuato, Gto.- El 7 de julio se localizó un tractocamión con tequila de alta gama y dicha mercancía estaba reportada como robada.

Se desarrolló un operativo tras una denuncia por robo a un tractocamión Kenworth de color blanco. El incidente del robo ocurrió en la Carretera Federal 57 en el tramo San Luis de la Paz.

El trasporte fue hallado en una bodega ubicada en la calle Jalisco, esquina con la calle Puebla, en la colonia Zona Centro de Dolores Hidalgo.

Con las investigaciones correspondientes, la mercancía fue evaluada cercas de los 22.9 millones de pesos. También se localizaron 4 inhibidores de señal, 1 GPS dañado, 1 placa de circulación con reporte de robo vigente, objetos utilizados para inhibir el rastreo satelital y facilitar actividades delictivas.

Todo fue asegurado y dispuesto a la autoridad ministerial competente de Dolores Hidalgo para comenzar las organizaciones correspondientes.

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Con un costo de 2 millones de pesos, el gobierno municipal anunció la instalación de un nuevo “Mercado Temporal” en la zona de Las Lamas, en el Cerro del Cuarto. La propuesta, presentada como una herramienta de desarrollo económico para la comunidad, despertó más dudas que entusiasmo entre los habitantes.

La promesa oficial es clara: crear un espacio comercial que detone la economía local y mejore la calidad de vida de los vecinos. Sin embargo, el anuncio fue recibido con escepticismo, debido a experiencias previas que no solo fracasaron, sino que dejaron desconfianza en la comunidad.

Una de las principales críticas recae sobre el trasfondo político del proyecto. Quien lo impulsa es la alcaldesa Samantha Smith, figura pública que ha sido señalada en otras ocasiones por aplicar políticas públicas con tintes clientelares. A esta percepción contribuyen los antecedentes: en administraciones anteriores, obras con propósitos similares quedaron en el abandono o resultaron económicamente inviables.

La presentación del proyecto corrió a cargo de la regidora Myriam de Jesús Balderas Figueroa y el regidor José Carlos Domínguez López Velarde, ambos integrantes del PAN. La narrativa oficial gira en torno al impulso económico, pero la experiencia genera una lectura distinta: la de una población que ha sido objeto de promesas cíclicas que rara vez se concretan en beneficios duraderos.

El ejemplo más cercano y que pesa como antecedente, es el del llamado “Mercadito de la Ex Estación del Ferrocarril”, inaugurado durante el gobierno de Alejandro Navarro, esposo de la actual presidenta municipal. Aquel proyecto implicó una inversión cercana a los 7 millones de pesos, y aunque se presentó como una obra de infraestructura de calidad, hoy permanece con locales vacíos, baja actividad comercial y escaso mantenimiento, convertido en símbolo de abandono institucional.

La similitud estructural y narrativa entre ambos mercados llamó ya la atención de observadores y habitantes por igual. Las preguntas sin responder son muchas:

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¿Se corrigieron los errores cometidos en la Ex Estación? ¿El mercado responde a una necesidad auténtica o a una estrategia clientelar anticipada? ¿Se garantizará acceso equitativo a los comerciantes o habrá condiciones que dificulten su participación? ¿Existe un plan de sostenibilidad real que justifique la inversión pública? ¿Por qué no se han hecho públicos estudios técnicos o diagnósticos previos?

Asimismo, se suma un dato revelador: durante las primeras reuniones informativas, se anunció a las comerciantes que debían adquirir una sombrilla con un costo de 600 pesos, lo cual alimenta la percepción de que el proyecto tiene una motivación comercial inmediata, antes que una vocación de servicio público.

Además, no se presentaron estudios de factibilidad técnica, diagnósticos económicos ni análisis sociales previos que sustenten la viabilidad del mercado. Esta ausencia de documentos públicos levanta sospechas de opacidad y no descarta la posibilidad de un desvío de recursos públicos, bajo el argumento de una obra social cuya ejecución, hasta el momento, carece de sustento riguroso.