En pleno corazón de Guanajuato capital, la postal se repite todos los días: mientras unos van rumbo a la escuela o al trabajo, otros —niños y adultos mayores— sobreviven vendiendo en las banquetas. Dulces, artesanías, chicles o cualquier cosa que deje unas monedas. La pregunta que ya circula fuerte en redes es directa: ¿dónde está el apoyo?
Lejos de ser casos aislados, el fenómeno tiene raíces profundas. Datos recientes revelan que en Guanajuato alrededor del 15.9% de niñas, niños y adolescentes trabajan, lo que equivale a más de 234 mil menores en esta condición . Y no es menor el dato: el estado se mantiene entre los primeros lugares a nivel nacional en trabajo infantil.

Lo más preocupante no es solo que trabajen, sino que muchos de ellos no están yendo a la escuela. A nivel nacional, cerca del 30% de los menores en trabajo infantil no asiste a clases , lo que refleja una realidad que también se vive en calles y callejones de la capital guanajuatense.
En redes sociales, usuarios lo dicen sin filtro:
“Unos niños al salón… otros a vender”, una frase que resume la desigualdad visible en cada esquina.
El problema no termina ahí. Guanajuato también enfrenta altos niveles de pobreza infantil: cerca del 39% de niñas y niños viven en esta condición . Esta combinación —pobreza, falta de acceso a servicios y rezago educativo— empuja a muchas familias a que los menores salgan a trabajar desde temprana edad.
Además, especialistas advierten que el trabajo infantil en el estado está ligado a contextos familiares donde los ingresos no alcanzan o donde los adultos están en empleos informales, como el comercio en vía pública . Es decir, lo que se ve en la banqueta no es casualidad, es una cadena que se repite.
A la par, otro grupo vulnerable también ocupa estos espacios: los adultos mayores. Sin pensiones suficientes o acceso a seguridad social, muchos terminan vendiendo en la calle para subsistir, compartiendo el mismo escenario que los menores.
Hoy, la imagen es clara: generaciones distintas, misma necesidad.
Mientras tanto, programas sociales existen, pero la percepción ciudadana —y lo que se ve día a día— abre una duda incómoda: si hay apoyos, ¿por qué siguen creciendo estas escenas?
La realidad en Guanajuato capital no se esconde. Está en cada semáforo, en cada banqueta y en cada niño que en lugar de llevar mochila, carga mercancía.
Y la pregunta sigue en el aire:
¿es falta de apoyo… o falta de que realmente llegue?.

En medio del alza internacional del petróleo y el riesgo de un “gasolinazo”, el Gobierno federal ya analiza mover piezas en el presupuesto… y los programas de Bienestar entran en la conversación.

Especialistas señalan que el ajuste al gasto público podría salir del gasto corriente y la inversión física, aunque la gran pregunta es si esto terminará impactando apoyos clave como pensiones, becas y ayudas sociales.

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara: la prioridad es mantener los programas sociales, incluso si eso implica aplicar una política de austeridad más estricta dentro del gobierno.

El objetivo es sostener subsidios a combustibles y evitar aumentos que golpeen directamente el bolsillo de los ciudadanos, en un contexto internacional marcado por tensiones energéticas.

Por ahora, el mensaje es firme: los apoyos no se tocan… pero el ajuste ya comenzó en otras áreas.

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Habitantes de la comunidad de Puentecillas, en Guanajuato, denunciaron una grave problemática derivada de una fuga de drenaje en la zona de la presita, justo frente a un centro de rehabilitación, la cual —lejos de ser solucionada— terminó por dejar sin agua potable a varias familias. De acuerdo con el reporte ciudadano, tras insistir ante el organismo operador, los trabajos realizados habrían dañado la tubería de agua, agravando la situación y dejando el problema sin atender.

Los vecinos señalaron que esta no es la única irregularidad, ya que también existe otra fuga activa rumbo al campo de futbol que, aseguran, lleva meses sin ser reparada. La falta de respuesta por parte de las autoridades ha generado molestia e indignación entre la comunidad, que acusa abandono institucional y una evidente falta de seguimiento a reportes que afectan directamente la salud y calidad de vida de las familias.

Además, los denunciantes expresaron inconformidad con la actuación de la delegación local, señalando omisiones en sus funciones y falta de atención a las solicitudes ciudadanas. En un contexto donde el acceso al agua es un derecho básico, los habitantes advierten que la negligencia y la falta de coordinación entre autoridades no solo perpetúan el problema, sino que reflejan una preocupante indiferencia ante las necesidades más urgentes de la población.